Los datos de la última Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI), realizada en 2013, dieron las primeras señales de alerta. Solo el 0,61% de cada 1.000 personas pertenecientes a la población económicamente activa se dedicaba a actividades relacionadas a la investigación.

En relación a la inversión del PIB en actividades de I+D (Investigación y Desarrollo) no superaba el 0,35%, cuando el promedio en América Latina era del 0,78%.

La falta de una investigación acorde con los cambios productivos y sociales en Ecuador es un aspecto que se pretende revertir con el nuevo Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, la Creatividad y la Innovación, aún en socialización, y que será enviado a la Asamblea para su estudio.

“Sería interesante saber qué investigaciones de la universidad e institutos tienen efectos positivos en la productividad o en la solución de necesidades y garantías de derechos”, expresa Rina Pazos, subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación, quien participó de la primera gran reunión entre la Senescyt y los rectores de 40 universidades públicas y privadas de Ecuador. La cita fue en Cuenca y sirvió para socializar lo avanzado en los 4 libros que contiene el nuevo Código, además de conocer las propuestas de la academia.

“Hemos planificado que haya más reuniones con otros sectores, queremos reunirnos con empresarios, autoridades de los GAD, quienes serán actores fundamentales que van a encontrar en este instrumento jurídico mecanismos para que la innovación se concrete”, dice Pazos.

No es la primera vez que el Código de Economía Social es socializado. Hasta el momento el documento, cuyo nombre es ‘Ingenios’, ha recibido 37 mil aportes de la ciudadanía. Además se ha habilitado un portal web, y cuentas en redes sociales, para receptar ideas de la sociedad civil. Se podría decir que se ha construido de forma colectiva, puesto que la plataforma virtual WikiCOESC+i presenta más de 1 millón 400 mil visitas.

‘Ingenios’ impulsa la interacción entre el sector productivo, las universidades y el sector público para desarrollar innovaciones en atención a necesidades cercanas a la realidad ecuatoriana.  

“Justamente el Código establece herramientas que permiten la articulación entre las universidades, los institutos públicos de investigación con el sector empresarial, el Estado y la sociedad, que son los actores más tradicionales de los ecosistemas de innovación”, dice Pazos. Si bien han existido reuniones anteriores con rectores de los institutos superiores, la de ayer en Cuenca fue la más numerosa y contó con la presencia del titular de la Senescyt, René Ramírez.

Para José Julio Cevallos, rector de la Universidad Tecnológica Equinoccial, el proyecto del Código del Conocimiento da prevalencia al aporte y trabajo del ser humano en la ciencia.  

Mientras que Sergio Flores, rector de la Espol, indicó que la propuesta solo podrá funcionar si va de la mano con la creatividad generada en las escuelas y universidades: “si no hay esa curiosidad y el apoyo del sector de la producción no podríamos avanzar”.  

Un impulso a los investigadores

Ramírez, titular de Senescyt, destaca que los 4 libros del proyecto contienen propuestas interesantes, como la creación de la  carrera del investigador, las garantías en cuanto a la propiedad intelectual y la generación y aprovechamiento del conocimiento local.

El código, además, reconoce a la biodiversidad como un patrimonio del Estado. Se aclara que esta no es patentable, pero sí algunos de sus resultados y en especial aquellos que sirvan para beneficiar a los ecuatorianos.

“Ahora vienen científicos, toman las muestras de la Amazonía, las llevan a laboratorios en el primer mundo, obtienen los resultados para fármacos, otros materiales, y esos productos los patentan y nos venden. Ecuador no ha ganado nada en términos económicos, tampoco empleos o conocimiento. Esto tiene que llegar a su fin”, enfatiza el secretario de la Senescyt.

Una de las propuestas, contempladas en el Código para proteger a los investigadores es que ellos reciban el 40% de la titularidad de los beneficios de los inventos. Actualmente eso depende de lo que establece el financista.

Datos proporcionados por la Senescyt detallan que el 7,4% de empresas ecuatorianas introduce  nuevos productos al mercado nacional; además el 2% es de patentes locales, frente al 98% que es de transnacionales.  

Con respecto a la carrera del investigador científico, quien tradicionalmente ha sido concebido como un funcionario público, se busca incorporar una escala salarial diferencial para que estos profesionales puedan ganar conforme su propia producción científica y categorización”.

Otro aspecto del Código que fue discutido con los rectores en Cuenca fue su capacidad para dar las directrices sobre cómo constituir un parque tecnológico y una incubadora de emprendimientos. “Ahora habrá reglas claras para que estos lugares sepan cómo acceder a ciertos incentivos”, explica Pazos.