La bancada de concejales de Alianza PAIS (AP) envió ayer al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, una propuesta para financiar la brecha presupuestaria de entre $ 490 millones y $ 852 millones abierta para la construcción de la segunda fase del metro de Quito.

El documento contiene 10 planteamientos para que el Cabildo obtenga recursos y logre finiquitar la obra, cuya primera fase está a punto de concluir. Esta consiste en la construcción de 2 de las principales estaciones del sistema en El Labrador (norte) y La Magdalena (sur).

Los ediles de AP sugieren, en primer término, “optimizar los diseños y las técnicas constructivas, aprovechando la experiencia y experticia generada en la propia empresa Metro de Quito (...), a la que hace más de un año ya se le encomendó esa tarea”.

La propuesta también insiste en algo que han dicho los concejales de PAIS respecto a la necesidad de “identificar rubros que puedan ser ejecutados en diferentes contratos o por diferentes mecanismos, como por ejemplo el sistema automático de recaudo y las subestaciones eléctricas”.

Sobre estos puntos, el exgerente de la entidad municipal encargada del proyecto, Édgar Jácome, dijo hace poco a EL TELÉGRAFO que la primera función debería ser asumida por la Empresa Metropolitana de Pasajeros y la segunda por la Empresa Eléctrica Quito (EEQ).

Los representantes en el órgano legislativo local sugieren también la posibilidad de negociar con el Estado o con inversores privados las acciones municipales en entidades como la propia EEQ y la Empresa de Rastro (Camal Metropolitano), algo que ha sido mencionado a la prensa por el concejal y exvicealcalde Jorge Albán.

La propuesta plantea también la posibilidad de vender al Estado Central predios que puedan ser considerados improductivos, proponiéndolos para proyectos inmobiliarios. Y cita como ejemplo el terreno donde actualmente funciona la Estación Norte del Trolebús, en el sector La Y, dado que las funciones de ese espacio pasarían a partir de febrero a una parte en la estación El Labrador del Metro.

El oficio, firmado por el coordinador del bloque (Carlos Páez), sugiere además “definir instrumentos que permitan al Municipio capturar el valor de la plusvalía generada por la puesta en operación del metro y sus estaciones o de otras inversiones públicas, gubernamentales o municipales (...)”.

Al respecto, Páez señaló que “cuando se pone una intervención pública de la magnitud e importancia del metro, es obvio que alrededor de las estaciones del metro el valor del suelo se va a incrementar”.

Y añadió que el aumento del costo del suelo, en esos casos, no se dará por la inversión que haga el dueño, sino por la inversión pública que se realiza a través de la obra.

Como penúltimo punto, AP sugiere “estudiar la posibilidad de titularizar los excedentes que, según los estudios disponibles, generará la propia operación del metro (...)”.

Aliados del Alcalde también aportan propuestas

Paralelamente y a pesar de las críticas que han formulado a la continuidad de la construcción del sistema de movilidad, los integrantes de la alianza SUMA-VIVE, afín al alcalde Rodas, ayer anunciaron también doce propuestas para financiar la obra.

A la presentación del plan asistió el concejal Antonio Ricaurte, quien desde la campaña electoral es el principal detractor del sistema de movilidad, asegurando en repetidas ocasiones que no existe viabilidad financiera para su construcción.

El documento de SUMA-VIVE coincide en varios puntos con el de AP. Así, propone también revisar la plusvalía de los predios beneficiados por la construcción del metro, destinar parte de los excedentes de las empresas metropolitanas para obtener recursos y optimizar los costos en la construcción y el diseño.

El bloque oficialista municipal plantea, además, que las utilidades que generan las centrales hidroeléctricas ubicadas en el área de influencia de Quito, como Manduriacu (Guayllabamba), sean consideradas como aporte al proyecto del metro; utilizar certificados de reducción de emisiones, los que son emitidos por la ONU, como parte del financiamiento; vender la cartera vencida de coactivas municipal ($ 249 millones), negociar con los ciudadanos que no hayan recuperado las garantías constructivas para que se hagan efectivas en favor del metro y entregar al Gobierno, mediante titularización, la Zona Franca en torno al nuevo aeropuerto, entre otras ideas.

Datos

El proyecto del metro estaba previsto que concluyera y entrara en operación durante el próximo año. Los retrasos actuales aplazarían esta fecha.

El sistema de movilidad podría transportar a unas 400 mil personas diarias en su primer año de funcionamiento, mediante la operación programada de 18 trenes y una línea de 22 kilómetros.

Los estudios iniciales establecieron que a través del metro los ciudadanos pueden viajar desde El Labrador hasta Quitumbe y viceversa, en alrededor de 34 minutos, al inicio de la operación.

Cuatro consorcios participaron en la licitación de la Fase II. Todos superaron el valor referencial presupuestario.