Imagine que es un conductor del recién inaugurado metro y va a 120 kilómetros por hora; y observa que hay cinco trabajadores en la vía, intenta frenar y no puede -¡los frenos no funcionan!- y sabe que si los atropella, de seguro, morirán. De pronto, ve que existe una vía lateral a su derecha donde hay un obrero, pero solo uno; por lo que desviando el tren mataría a un trabajador, pero salvaría a cinco. ¿Qué haría usted? La mayoría diría: ¡Desviarme! El profesor Michael J. Sandel lo explica así, ya que las personas optarán, por trágico que sea, matar a un inocente, ya que es peor matar a cinco.

El 9 de mayo de 2019 se publicó la Ley de las Personas Adultas Mayores, que, entre otras reformas, derogó dos leyes orgánicas tributarias a saber: la Ley de Incentivos y Prevención del Fraude Fiscal (2014) y la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas (2016); eliminando del ordenamiento un centenar de reformas que afectaban seriamente al régimen económico y al tributario en particular: exoneraciones tributarias a adultos mayores y discapacitados, obligaciones formales de entrega de información, devoluciones de impuestos, gastos deducibles. Lo más grave es que ni el Ejecutivo ni el Legislativo se percataron de dichas derogatorias, cuyos efectos para los beneficiarios de dichas leyes y el Estado eran, sin dudarlo, de varios millones de dólares.

¿Qué haría usted? Podría no hacer nada y dejar que ciudadanos y el Estado, que es de los ciudadanos, pierdan millones de dólares por una irresponsabilidad de los legisladores y del Presidente como colegislador. Se enunciaron varias salidas: una demanda de inconstitucionalidad, una ley interpretativa, una reforma a dicha ley, que se envíen nuevamente los textos íntegros para aprobación por la Asamblea; ninguna solucionaba el problema de fondo, a saber, el régimen aplicable al período de transición; además de generar una serie de reformas a la normativa secundaria para dicho período.

Al final, parecería, se solucionó con la Resolución del 6 de junio, por la cual la Asamblea aprobó una fe de erratas, que precisa el alcance de las disposiciones derogatorias de artículos específicos y no la derogatoria total de las leyes citadas. ¿Fue una vía legal? No, sin duda. ¿Fue un viraje a la derecha en el que murió un trabajador en lugar de cinco? Parece que sí. (O)