Aunque la Constitución de 2008 establece que Ecuador es intercultural y plurinacional, los dirigentes indígenas coinciden en señalar que a partir de  allí no se ha hecho mucho desde el poder político por plasmar lo normado en la Carta Magna.

Por eso apuntan al presidente entrante, Lenín Moreno, quien se ha pronunciado abierto al “diálogo y consenso” para trabajar con ellos, en una serie de leyes y obras que instalen el estado plurinacional e intercultural. Asimismo, para que se resuelvan los problemas del Gobierno saliente, como la supuesta “persecución a los dirigentes indígenas” y se reformen o deroguen leyes que afectan a dichos pueblos.

Esa voluntad de mejorar la relación del movimiento con el gobierno motivó durante la campaña el apoyo hacia Moreno por parte de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice).

Bajo esa premisa, Santos Villamar, presidente de la Fenocin, dijo a EL TELÉGRAFO que existen varios retos que enfrenta el nuevo Mandatario, entre ellos, la construcción de una “verdadera” revolución agraria.

“Se va un Presidente que ha hecho mucho por el país, pero dejó algunas deudas. Necesitamos la creación de una Ley de Comercialización para que los indígenas puedan tener ganancias al momento de vender sus productos”, sugirió.

Para el presidente de esa Confederación, la construcción del Estado plurinacional significa, por ejemplo, facilitar los créditos en las comunidades y mejorar la infraestructura, como los caminos vecinales.

Wálter Uyungara, coordinador Nacional de la Nacionalidad Shuar de Morona Santiago, considera que al momento existen normativas suficientes. Sin embargo, lamentó que no haya mecanismos para instalar el Estado plurinacional. Reiteró que es un desafío a futuro.

“Creo que con esa base debemos trabajar en políticas públicas de inclusión y para ello nuestros compañeros deben ser incluidos”.

Además, la organización considera que el gobierno entrante debería revisar el Decreto Ejecutivo 16, que al momento está en la Asamblea para que sea elevado a ley.        

Ese decreto, que regula a las organizaciones sociales, según la exasambleísta Lourdes Tibán, afectaría a los indígenas directamente y al “medio ambiente, especialmente a las fundaciones y ONG en pro de la defensa de la Pachamama”. 

“Cuando se pide la derogatoria se lo hace reconociendo la libertad de asociación (o consulta ambiental), que no solo la tienen los indígenas sino otros sectores más”, añadió.

Mejorar la propuesta de Ley Especial Amazónica

Franklin Cox Sanmiguel, alcalde del cantón Aguarico, en Orellana, señala que es necesario trabajar con las nuevas autoridades de gobierno, especialmente con Moreno, oriundo de Napo. El objetivo es cristalizar nuevos ajustes a la Ley Especial Amazónica, por ejemplo, para que el 4% de cada barril de petróleo se quede para las comunidades. La propuesta vigente establece el 2%.

También buscan que parte de las utilidades de la minería sean repartidas en la región de manera equitativa para que los gobiernos autónomos descentralizados tengan mejores presupuestos.

El reelecto asambleísta, Carlos Viteri Gualinga, quien fungió como presidente de la comisión de Biodiversidad en la Asamblea pasada, dijo días atrás que la ley regulará la planificación integral de la región y establecerá los lineamientos para el ordenamiento del territorio.

Según él, la ley también sentará  precedentes para la construcción de un estado plurinacional y que proyecte una economía más “amigable con el ambiente”.

Supuesta persecución a dirigentes debe acabar, dicen los indígenas

Jorge Sarango, también dirigente indígena, plantea que entre los retos del gobierno de Moreno está profundizar los procesos de diálogo para evitar, por ejemplo, “la persecución a los dirigentes indígenas y luchadores sociales”.

Y agregó que al momento “nos están sometiendo a un modelo colonial; nosotros, en cambio, queremos que él (Moreno) reconozca cada uno de nuestros pueblos”.  

Para ello -resaltó- es necesario que se “devuelvan” las escuelas indígenas y se “instale” la salud indígena.   

Para Tibán, algunos de estos objetivos no solo involucran a los indígenas sino a la sociedad en general.

Al respecto, la representante de los pueblos indígenas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirma que el nuevo Presidente debe luchar contra la corrupción. “Ese también es un objetivo que persiguen los indígenas”.

Tibán cree que Moreno debe dar respuesta a la supuesta “persecución” no solo a los indígenas, sino también a otros actores. 

“El Presidente tiene una gran oportunidad para remediar este tema”, manifestó.     

La exlegisladora indicó que Moreno debería tomar en cuenta las recomendaciones de la ONU respecto a la conservación de los pueblos indígenas. Para ello propuso al Mandatario enviar al pleno de la Asamblea un proyecto para que se acojan como ley vinculante las recomendaciones emitidas en 2007.

Asimismo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), entre sus prioridades, pide la amnistía para nacionalidades como la shuar y saraguro. 

Políticas públicas en territorio e inclusión en la toma de decisiones

Franklin Columba, dirigente de la Fenocin, indicó que dentro de los acuerdos que se hicieron durante la campaña con Moreno están la participación de actores “de nuestro sector” para que estén en los espacios de toma de decisiones. 

También están en agenda la discusión sobre la soberanía alimentaria, el fortalecimiento de empresas familiares indígenas y la economía popular solidaria para fortalecer los créditos a los campesinos.

“El nuevo gobierno debería tomar en cuenta la importancia de generar una mesa de diálogo permanente con los indígenas”, remarcó.

Y reiteró que en ese documento programático también se establece la generación de un nuevo Código Agrario Intercultural y la rectificación de varias leyes. (I)

Datos

La Constitución establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.   

Aunque reconocen el trabajo que hizo el presidente saliente, Rafael Correa, varios dirigentes indígenas indican que existen temas pendientes que el nuevo mandatario, Lenín Moreno, debe tratar.   

Según la exlegisladora Lourdes Tibán, los indígenas tienen más de 700 procesos en la Fiscalía. Por eso dijo que es necesario que Moreno revise el tema de amnistías para dirigentes de las nacionalidades.

De acuerdo a los dirigentes de la Fenocin, el próximo gobierno debe plantear rectificaciones a la Ley de Tierras, Aguas y Semillas. Indicaron que son leyes que la organización siempre respaldó, pero que ahora ya no son revolucionarias. (I)