Un día antes de finalizar su mandato el expresidente Rafael Correa remitió a la Asamblea la normativa denominada “ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet”. Se aplicará a las empresas proveedoras de servicios que funcionan a través de plataformas de internet o tecnologías de similar naturaleza, que permitan a usuarios compartir contenido o difundirlo públicamente.

El objetivo es que los suministradores adopten mecanismos para el tratamiento de contenido o información que puedan constituirse en actos de discriminación u odio, según lo establecido en los artículos 176 y 177 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El texto del proyecto incluye la obligación de que los proveedores hagan un informe trimestral, referente a la gestión de reclamos o reportes de contenidos ilegales que presenten usuarios, el cual se presentará al Ministerio de Justicia.

Así mismo los proveedores deberán establecer procedimientos para identificar los contenidos ilegales de manera que puedan ser inhabilitados, y, en caso de una queja motivada por un usuario, la eliminación o bloqueo en el plazo de 24 horas, además deberán ser almacenados en caso de fines probatorios.

La propuesta de ley contempla que las suministradoras de estos servicios tendrán que designar a un agente interno, debidamente capacitado, para encargarse de estos procesos.

En caso de incumplimiento la norma contiene sanciones administrativas con multas que van desde los 100 hasta 1.000 salarios básicos unificados.

La normativa que consta de 3 títulos con 8 artículos se encuentra para trámite en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el cual calificará la admisibilidad del proyecto y lo enviará a la comisión especializada a determinarse.

Sin embargo, el asambleísta de la comisión de Justicia, Luis Fernando Torres, (Partido Social Cristiano)  adelantó que no está de acuerdo con ninguna ley que pretenda regular a  las redes sociales: “Cualquier intento en este sentido es una  aberración y este proyecto debería archivarse definitivamente”.

Opinó que tampoco se debe inmiscuir en este tema a los proveedores. “Estamos cansados de tanto control y con esta propuesta no significa que vaya a mejorar el uso de las redes y menos con sanciones administrativas. En esta área no deben existir controles”, recalcó.

En esta línea el catedrático en temas de comunicación digital, Cristian Espinosa, opinó que el odio no se puede regular por medio de una ley y cuando algún país ha intentado imponer restricciones no han funcionado. “La gente tiende a amplificar su rechazo a este tipo de leyes y por otro lado causa el efecto contrario”.

Espinosa indicó que es obvio que el mal uso de redes sociales debe tener algún tipo de control, pero no pasa por expedir más leyes sino con la aplicación correcta de las normativas existentes. “En el COIP ya está tipificada la calumnia, difamación, odio, el problema es que no ha habido la difusión necesaria para que la población sepa cómo aplicarlas en el caso de las redes sociales”.

Por eso, insistió en que no se deberían generar más problemas con estos proyectos, sino resolver las situaciones en redes con las leyes que ya existen, además que resulta demasiado difícil identificar lo que se debe considerar como un comentario ofensivo o difamatorio en las redes sociales.

Una ley de este tipo sería mal utilizada. “¿Cómo definir el significado de odio en las redes?”, se preguntó el experto. Añadió que el tema de fondo es la educación:

“Debemos insistir en educar a la gente sobre las consecuencias del mal uso de las redes, los casos conocidos como Tantra o el de la jueza Collantes no se resuelven con más sanciones sino educación sobre el respeto a los demás”. (I)