Para hoy está previsto que el pleno de la Asamblea apruebe en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). En la sesión de ayer, parlamentarios de diversas tendencias emitieron sus puntos de vista sobre los 54 artículos que serán reformados, de forma, de concordancia con otras leyes y hasta para cubrir vacíos.

Johana Cedeño, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, aseguró que los cambios “buscan fortalecer el trabajo del legislador y su compromiso con los ciudadanos para que sea una Asamblea más eficiente con el tratamiento de leyes”.

Explicó que en el proyecto se establecen sanciones para las inasistencias de los legisladores. La primera es económica, también se determina una suspensión del cargo de manera temporal de 30 días. La más grave radica en la destitución del cargo cuando falte, por ejemplo, por encima del 40% de las sesiones.

En caso de que haya transcurrido 30 minutos de una convocatoria, tras comprobar que no existe quórum, la sesión será declarada como no instalada. Eso conllevará la sanción a los asambleístas que faltaron.   

Este tema tuvo el rechazo de legisladores de la oposición, como Cristina Reyes, del PSC, quien criticó que “al apuro” se aprueben las reformas y dijo que es inconstitucional que se destituya a una asambleísta por faltas.  

Mae Montaño, de CREO, también considera que eso es inconstitucional y afirmó que la normativa minimiza los procesos de fiscalización dentro de la Asamblea.

Virgilio Hernández, de PAIS, afirma que una persona elegida por el pueblo y que no cumpla sus funciones “tendrá que enfrentar consecuencias”. Él no está de acuerdo con que una sesión que tenga un retraso de 30 minutos sea declarada como no instalada y que deba volverse a convocar en un tiempo reducido, como se propone.

Recordó que con frecuencia en la Asamblea, las sesiones y comisiones empiezan tarde.

Ximena Peña, legisladora por el exterior, pidió que en la ley se equipare el tema de los viáticos para los asambleístas que radican en Ecuador y para quienes fueron elegidos en las circunscripciones del exterior. Criticó que ese rubro económico sea bajo y pidió un aumento.

La primera vicepresidenta de la Legislatura, Rosana Alvarado, resaltó la inclusión en la normativa de aspectos relacionados con la consulta prelegislativa, pues consideró que Ecuador registra pasos importantes en la construcción de leyes, con la participación de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

Respecto a los pedidos de información a las diversas autoridades, dijo que los contenidos no son propiedad del funcionario o la institución, sino de la ciudadanía, salvo en casos determinados, como el de información reservada. Sostuvo que constituye un acierto reducir de 15 a 10 días la entrega de información.

Para Alvarado es bueno normar hasta dónde cubre la inmunidad parlamentaria. En cuanto al tratamiento de las leyes económicas dijo que debería reducirse el tiempo para presentar el informe respectivo a tres días, en lugar de cinco, más aún cuando en algunos casos hay reformas a uno o dos artículos. “Lo importante es salvaguardar el tratamiento del proyecto”, agregó.

Según las reformas, para llenar el vacío jurídico cuando un legislador se encuentre en un proceso legal, este será suspendido y dejará de percibir su salario hasta que arregle el proceso que enfrenta. Si es declarado inocente se reintegrará a sus funciones, pero de comprobarse su culpabilidad será reemplazado por el alterno. Tras varias intervenciones, la sesión fue suspendida, con lo que el segundo debate continuará en la sesión de la Asamblea convocada para esta mañana, en donde se espera aprobar el cuerpo legal.

Aprobado el Código Administrativo

Tras 2 años de análisis y debates, con 86 votos afirmativos y 29 abstenciones, el pleno de la Asamblea aprobó ayer el Código Orgánico Administrativo, que reemplazará al Estatuto Jurídico de la Función Ejecutiva y otras resoluciones a las que el Estado estaba sujeto.

Mauro Andino, presidente de la Comisión Legislativa de Justicia, indicó que el Código garantiza los derechos de los ciudadanos frente a las diferentes instituciones del Estado, y las obligaciones de los servidores públicos.   

La nueva ley permitirá, por ejemplo, procesar de manera eficaz una reclamación ante las instituciones públicas, agilizar los trámites y evitar los papeleos burocráticos. (I)