A 19 meses del cierre de Diario Hoy, debido a pérdidas económicas, los exempleados de esa empresa periodística propiedad de Jaime Mantilla Anderson, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), los problemas para los extrabajadores de continúan.
Esta mañana, los excolaboradores del periódico, que fue propiedad de Jaime Mantilla Anderson, llegaron a la planta en donde funcionó. Allí señalaron que han recibido amenazas e intimidaciones por parte de los abogados de Mantilla en los procesos legales que han realizado, en donde piden el pago de sus liquidaciones.

Jaime Paredes, uno de los extrabajadores, señaló que se plantearon 30  juicios por jubilación patronal, de ellos indicó que solo 3 procesos se aceptaron el pago y 2 fueron negados. Por ello pidieron al Consejo de la Judicatura que  revise los procesos y se analice por qué fueron negados a favor de Mantilla.

Paredes precisó que los procesos de apelación están en la Corte Nacional de Justicia, en donde esperan que se falle a favor de los trabajadores.

Los exempleados, que acudieron a las instalaciones, laboraron más de 30 años en esa institución. Alfredo Zambrano (58 años) laboró 31 años. "Toda una vida y así nos pagaron", dijo.

Enrique Tipantuña también estuvo en ese mismo tiempo. Fue jefe de mantenimiento de vehículos, chofer y mensajero. "Dimos todo en 31 años y no fue justo el trato que recibimos", dijo.

Según Luis Morán, otro de los colaboradores, hasta el momento solo recibieron una liquidación  de $662, "y aún nos falta cobrar un 99%".

También, Morán solicitó al Estado que investigue y revise la dación de pago por el edificio de la avenida Occidental en Quito al Banco del Pichincha. Dijo que les parece extraño y que merece una explicación  la entrega de un último crédito de ese banco por $ 1'217.932 tres días antes de finiquitar la dación en pago, "lo que nos lleva a pensar en la existencia de un acto colusorio", dijo Endara.

"La dación en pago incluso puede considerarse legal, pues su ejecución se enmarca en este ámbito, no obstante, es totalmente inmoral, tanto más cuando tras 19 meses, empleados del Banco Pichincha insisten en embodegar los bienes muebles que todavía reposan en el edificio para hacer uso del mismo", dijo Morán.

Los trabajadores señalaron que se requieren $5'700.000 para cubrir la totalidad de pagos a los empleados. De este rubro, $3'200.000 corresponden a liquidaciones y $2'500.000 a la jubilación patronal de 47 empleados que laboraron por 25 años o más consecutivos en la empresa.

Los trabajadores dejaron en claro que el cierre y la intervención de la Superintendencia de Compañías “obedeció a las pérdidas económicas que arrastraba la editora por varios años y frente a las denuncias de los empleados por hallarse impagos en sus remuneraciones, aportes y dividendos al Seguro Social y beneficios consagrados en el Contrato Colectivo vigente”.

De allí formularon una convocatoria pública al Presidente de la República, Ministro de Relaciones Laborales, Fiscal General del Estado, Superintendenta de Compañías, Presidente del Consejo de la Judicatura, Defensor Público y Defensor del Pueblo, para actuar de oficio en los siguientes aspectos: investigar y, de ser el caso, judicializar las circunstancias en que Edimpres S.A. entregó al Banco Pichincha, en calidad de dación de pago, el terreno, el edificio y otros inmuebles en donde funcionaba la compañía; investigar las decisiones adoptadas por jueces en torno a demandas interpuestas por exempleados, que libran de cualquier responsabilidad de pago solidario (como lo contempla la ley) al mayor accionista Jaime Mantilla, entre otros pedidos que constan en la Carta Abierta. (I)