En los próximos días la Comisión de Fiscalización emitirá su informe recomendando el archivo o el juicio político contra los vocales y el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh.

Raúl Tello, asambleísta de Unidos por Pastaza e integrante de esa Mesa Legislativa, habló con EL TELÉGRAFO sobre ese tema.

Pero Jalkh cuestiona la validez jurídica del informe de  Contraloría.

Jalkh trató de confundir durante su comparencia a la Comisión de Fiscalización. Nosotros presentamos una copia de la síntesis de ese informe de la Contraloría. Es un antecedente que nos permitió acceder a esa prueba. Obtuvimos el informe en la Fiscalía. Es de la época del contralor Carlos Pólit, cuando estos se perdían, se traspapelaban, se cambiaban y se vendían. No estaba publicado en la página de la Contraloría, pero ahora ya lo está. Es un informe definitivo, original, válido y notarizado.

El Presidente del Consejo de la Judicatura dice que ese informe no determina responsabilidades penales.

Pero es un informe de su amigo Carlos Pólit. Hay comentarios y conclusiones válidos al respecto de  incumplimientos a la ley, a los reglamentos y a las resoluciones por parte del Consejo de la Judicatura.

Jalkh dice que las sanciones por error inexcusable son mínimas, con un número de 2.083 jueces en 2017 solo hubo 5 sanciones, lo cual equivale al 0.2%.

Así sea un juez, ellos se arrogaron funciones. El error inexcusable no es una sanción, sino una causal para establecer una sanción. Es una figura jurisdiccional. Según la Constitución es un órgano administrativo de la Función Judicial. Eso significa que el Consejo de la Judicatura puede sancionar a los jueces, pero la causal para ello le corresponde a los magistrados. Nadie encontrará en la Constitución o normativa que el CJ puede establecer el error inexcusable.

¿El CJ usó el error inexcusable para perseguir?

Sí, tuvo un direccionamiento. Por ejemplo, en los casos de los jueces que resolvieron en contra de personas inocentes como Cléver Jiménez o Fernando Villavicencio. ¿Que nos digan a qué jueces sancionaron por esos casos? A ninguno. Además, influyó en las sentencias: los jueces resuelven en determinada dirección y el CJ les sanciona por error inexcusable. Los jueces de la siguiente instancia, ¿cómo resolvían? De otra manera, desde luego, porque si no lo hacían así los sancionaban con esa figura.

Otra prueba que usted y Esteban Bernal, de CREO, presentaron fue el audio de Alexis Mera en el cual conminaba a un juez y le  orientaba sobre un fallo.

Ese audio de Alexis Mera, exsecretario de la Presidencia, es público. Se trata del juez Ayala, de la provincia del Guayas. No hace falta profundizar frente al hecho concreto y real como el audio. Es una prueba y una evidencia. En cambio analicé los documentos que Mera envió a jueces de Portoviejo y los amenaza con denunciarlos al Consejo de la Judicatura para que sean sancionados.

¿Por qué pidió a la Contraloría un examen especial sobre el director del Consejo de la Judicatura, Tomás Alvear? ¿Qué relación tiene con este caso?

Alvear trabaja en la Celec, pero pidió 6 años de licencia, sin sueldo, y en comisión de servicio.

Ha pasado por varias dependencias, una de ellas es el CJ. Actualmente, es el director del CJ y dirige procesos de selección, de evaluación de jueces. También puede imponer sanciones a ellos.

El problema es que a Alvear se le acabó ese permiso en el 2017. Entonces, Jalkh hizo  un convenio interinstitucional de cooperación entre el Celec y el CJ para que Alvear se quede hasta el 2019. Pero eso no existe en la ley. Se configura posible delito de peculado. (I)