La Comisión Ocasional para la aplicación de la Consulta Popular tuvo su quinta sesión la noche del lunes. Allí recibieron, como estaba previsto, a varios miembros y representantes de organizaciones sociales que presentaron propuestas tanto para la derogación de la Ley de Plusvalía como para la Ley Reformatoria al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Los integrantes de las distintas organizaciones tuvieron un acuerdo en común, que no sea el Consejo Nacional Electoral (CNE) el que realice el concurso de méritos y oposición para la selección de los candidatos al CPCCS definitivo, sino que este mecanismo esté a cargo de la Asamblea Nacional u otros entes que no sean posesionados a futuro por el CPCCS.

La jornada de la Comisión inició al atardecer en el Legislativo, eran las 18:30 cuando 7 de los 10 miembros dieron el quorum necesario para iniciar la sesión. La primera petición vino mediante oficio por el legislador Montgómery Sánchez, quien solicitó que se cambie el orden del día para tratar como primer punto la Ley derogatoria de la Ley de Plusvalía y, a posteriori, aquella que reconforma al CPCCS.

Cumpliendo con lo estipulado en la sesión 4, que establecía la apertura para recibir a miembros de organizaciones sociales, la mesa recibió a Patricio Álvarez, quien argumentó que la Ley de Plusvalía representaba un freno para una actividad que genera fuentes de empleo y dijo que en los últimos años la construcción enfrentó un decrecimiento.

Para Henry Yandún, representante de la Asociación de Promotores Inmobiliarios, es primordial eliminar el déficit de vivienda, motivando el desarrollo de los ciudadanos, y generar fuentes de empleo. “El 88% de ecuatorianos señala que el tener una vivienda es el objetivo de su vida”, dijo.

Vicente Taiano, asambleísta por el Partido Social Cristiano, sugirió que en el informe del proyecto de Ley Orgánica Derogatoria de la Ley de Plusvalía se inserte un aclaratoria señalando que en la vigencia de la normativa no se derogó la sección sexta del COOTAD, del artículo 556 al 561.

Para dicho informe, el asambleísta independiente Fernando Burbano también pidió que se incorpore el análisis técnico y económico presentado por la Asociación de Promotores Inmobiliarios en el informe del proyecto de Ley Orgánica Derogatoria de Ley de Plusvalía.

Posteriormente, la Comisión inició con el tratamiento de la Ley que reforma el CPCCS. Para ello recibió a Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana (PC), para presentar aportes técnicos y jurídicos en la construcción del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del CPCCS.

Según PC, el filtro para designar de entre los postulantes a los candidatos que participarán de las elecciones es necesario por consideraciones de carácter logísticas y de organización.

El proceso de recepción de postulaciones debería estar a cargo de instancias ciudadanas o colectivos en donde estén representados sectores ciudadanos o estatales. Para Hidalgo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene representatividad ciudadana y, por tanto, el proceso no debería entregarse en sus manos.

Así dividió el procedimiento en 5 pasos: preselección, en donde se realice un concurso a cargo de la Asamblea Nacional, por medio de una comisión conformada por todos los bloques legislativos; preselección de carácter corporativo, que tendrá como medio las postulaciones presentadas por colegios profesionales y entes gremiales; como ejemplo dijo que debería incorporarse un mecanismo similar a la integración de Tribunal Constitucional; preselección por Colegios electorales con organizaciones de la sociedad civil; postulación con firmas de respaldo; y postulación de candidatos: con auspicio de organizaciones.

Dentro de este último punto, la directora de PC argumentó que la normativa debería definir los tipos de organizaciones que podrían postular. Además que los postulantes deberán cumplir los requisitos y no estar incursos en las inhabilidades previstas en el artículo 113 de la Constitución, aplicable a la participación electoral, deberán cumplir con las normas para el ejercicio de cargos públicos y los designados deberán presentar las declaraciones juramentadas y autorización para levantamiento de sigilo bancario sobre sus cuentas.

Destacó que en cualquier caso los procesos deberán mantener los principios de amplia participación ciudadana, postulación abierta, veeduría y vigilancia ciudadana en todas las etapas de designación, con acceso pleno a información tanto sobre procesos, cuanto sobre postulantes. Así PC enfatizó que en la papeleta deberían constar 7 hombres y 7 mujeres.

“La Asamblea Nacional tienen un gran desafío, se debe generar un mecanismo idóneo que cumpla con el mandato popular y genere confianza en la ciudadanía", añadió.

Geovani Atarihuana, director de Unidad Popular, se mostró contrario al planteamiento del sistema de concurso de méritos y oposición argumentando que no estaba previsto dentro de los planteamientos presentado en las urnas.

Agregó que todas las organizaciones sociales deberían presentar candidatos que, además de cumplir todos los requisitos para ejercer cargos públicos, añadan el 0,25% de firmas del total de habitantes en el país que correspondería a 32.000 rúbricas aproximadamente.

Marcelo Espinel, representante del Observatorio Legislativo, enfatizó que debe garantizarse la paridad de género y la representación de minorías dentro de las candidaturas al CPCCS definitivo. Así sugirió establecer cuotas fijas en la conformación del CPCCS. “Se debe asegurar la representación de diferentes sectores", dijo.

Con esa introducción propuso que los encargados de seleccionar a los miembros definitivos del CPCCS sean aquellas instituciones cuyos representantes no sean nombrados, a futuro, por el mismo CPCCS, tales como la Presidencia, Asamblea Nacional y Corte Constitucional. Ellas deberán conformar una comisión para el efecto.

Añadió que esto dado que las instituciones representan a la ciudadanía.

Otro método que presentó para preseleccionar a los candidatos fue a través de colegios electorales o mediante verificación de firmas en el CNE. Para el titular del Observatorio, la propuesta de 28 candidatos presentada por el Ejecutivo no tiene ningún sustento jurídico y, por el contrario, no deberían presentarse un número discriminado de candidatos sino que la selección sea transparente ante la ciudadanía.

Así también, añadió que por tratarse de elecciones seccionales y de CPCCS debería cuidarse que los candidatos a alcaldes, prefectos y demás dignidades previstas a reconfigurarse en 2019 no opaquen a los candidatos a consejeros ciudadanos.

Para Espinel, los candidatos al CPCCS deberán presentar declaraciones de bienes e intereses “para que los votantes conozcan a quién responde el postulante”.

Agregó que es necesaria una veeduría internacional para otorgarle legitimidad al proceso de preselección de los candidatos.

Frente a estas intervenciones, el presidente de la mesa, Daniel Mendoza, pidió que se adhiera al proyecto un sistema mixto de para acompañar el concurso, que tenga la participación institucional y la ciudadana. 

 La Comisión también recibió, por medio de una videoconferencia, al Comité Cívico Anticorrupción de Nueva York. También a Edison Lima y María Villavicencio, representantes de la Asamblea de Organizaciones de Jubilados Técnicos, Pensionistas y Adultos Mayores.

Dentro de la comisión se acordó que este martes 27 de febrero se realicen sesiones a doble jornada para recibir a ciudadanos y para la tarde se prevé que debatan los insumos por ellos presentados. (I)