El presidente de la República, Rafael Correa, anunció durante el enlace ciudadano transmitido ayer, que esta semana analizó con su equipo de trabajo algunas de las reformas constitucionales que propondrá junto con el tema de la reelección indefinida.

El Mandatario defendió la decisión de efectuar modificaciones a la Carta Política ecuatoriana afirmando que “hay cosas que se deben perfeccionar y que es un procedimiento perfectamente normal”. Y añadió: “Obviamente que se puede ajustar la Constitución, corregir errores si vemos que en un lapso de tiempo algo no funcionó y mejorar ese aspecto”.

De acuerdo con el Jefe de Estado, entre 5 y 6 planteamientos de cambios se pondrían a consideración de la Asamblea Nacional y se someterían al estudio de la Corte Constitucional (CC).

Entre las reformas que se plantearía está la del artículo 86, relacionado con garantías jurisdiccionales. Este, en su numeral 1, establece que “cualquier persona o grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en esta Constitución”.

El problema, según Correa, surge en el numeral 3 del citado artículo, cuando en una parte se dice: “(...) se presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad pública no demuestre lo contrario o no suministre información”.

Ello da lugar, afirmó el Presidente que si acusan a una institución pública de algo, esta se encuentra en la obligación de demostrar su inocencia, cuando el demandante debería ser el que esté obligado a probar que su acusación es cierta.

Esta situación expone al Estado —dijo—, porque inclusive se puede poner la demanda en cualquier juzgado. El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dijo que ello ha producido sanciones y obligaciones para los organismos estatales cuando sus responsables no se han enterado siquiera de la interposición de la acción respectiva y no han podido defenderse.

Así, se habría tenido que restituir a policías acusados de corrupción y destituidos 20 años antes.

El Ejecutivo también propondrá la supresión del numeral 7 del artículo 264, el cual establece como una de las competencias exclusivas de los municipios “planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación (...). El Primer Mandatario explicó que esta disposición se contradice con otra, de la propia Carta Magna, que establece que la salud y la educación son responsabilidad del gobierno nacional. Esto último sería lo correcto.

El Jefe de Estado señaló que otra de las enmiendas que se propondrán será la del artículo 370, con la inclusión de un texto que establezca que el Estado garantiza el pago de las pensiones jubilares a la fuerza pública.

Esto se hace en primer lugar, según el Presidente de la República, para evitar el entorpecimiento de cualquier reforma propuesta tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía. Actualmente, cualquier tipo de cambio que se proponga a nivel de las instituciones del orden es utilizado por la oposición para sembrar dudas entre los uniformados sobre la estabilidad de sus sistemas de pensión de retiro, con el fin de tratar de desestabilizar al Gobierno.

“Ya no se actuará en función de los bancos”

“Todavía tenemos las leyes que produjeron al feriado bancario, aunque no lo crean”, dijo el presidente de la República, Rafael Correa, anunciando que con el nuevo Código Monetario y Financiero, la sociedad ya no actuará en función del interés de los bancos.

Explicó así, durante el informe semanal de actividades N° 377 pregrabado la tarde del viernes en el parque Bicentenario (norte de Quito), que pronto se enviará a la Asamblea la nueva normativa y que el proceso para la aprobación será una de las grandes luchas del país. Esto —aseguró— debido a que ciertos bancos son aliados de ciertos medios de comunicación, habrá una campaña de desprestigio a la nueva ley. “Con esta ley los bancos estarán en función de la sociedad”, dijo el Mandatario.

El Jefe de Estado afirmó que todo lo que se hizo durante los años noventa, en plena vigencia del neoliberalismo, se diseñó sobre la base para beneficiar al sistema financiero y especialmente a la banca.

Así mismo, señaló que el Ejecutivo analizó con seriedad los efectos que tendría en el país la firma o no de un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), antes de retomar las negociaciones con el bloque continental.

Aseguró que, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), no firmar el acuerdo significaría una reducción del 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) anual, lo que equivaldría a $ 200 millones. Además, el país perdería competitividad ante naciones como Colombia.