El diario New York Times publicó esta mañana una nota en la que se afirma que el Estado ecuatoriano "no tiene derecho a recuperar aproximadamente $ 600 millones" provenientes de los  2 exbanqueros Roberto y William Isaías, según el fallo de un juez en Florida.

El medio de comunicación recuerda que Ecuador condenó a los expropietarios de Filabanco por malversación de depósitos bancarios e interpuso en la Florida una demanda para recuperar estos fondos.

Sin embargo, y luego de un juicio este verano en Estados Unidos, el magistrado John W. Thornton determinó que había expirado el "estatuto de limitaciones" (tiempo límite para poder presentar un reclamo ante las autoridades) por lo que no se puede hacer efectivo la recuperación del dinero.

La Procuraduría del Estado, a través de un boletín de prensa, indicó que "el juez desestimó la demanda por considerar que la República del Ecuador, representada por el Procurador General del Estado, no tenía derecho para suceder a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) en esta demanda. Asimismo, consideró que la acción estaba prescrita al haber transcurrido más de 10 años entre la transferencia de Filanbanco a la AGD, el 2 de diciembre de 1998 y la presentación de la demanda por parte de la AGD contra los hermanos Isaías, el 29 de abril de 2009".

El 30 de mayo de 2013, el mismo juez emitió una decisión en la que rechazaba la demanda planteada en contra de los hermanos Isaías. Ecuador apeló dicha resolución por considerar que el magistrado erró en sus conclusiones. La Corte de Apelaciones del Tercer Distrito del Estado de la Florida, el 2 de julio de 2014, concedió la razón al Ecuador, revirtiendo la referida decisión, por lo que el proceso fue conocido nuevamente por el Juez Thornton.

No obstante, la Procuraduría señaló que apelará esta nueva decisión del Thornton ante la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito del Estado de la Florida.

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Los hermanos Isaías, luego de huir del país, se radicaron en Florida desde donde han contribuido con grandes cantidades de dinero para las campañas electorales del partido Demócrata, incluido la del presidente Barack Obama. Esta actividad ha sido denunciada por el Estado ecuatoriano quien califica este comportamiento como la compra de protección política en Washington. (I)