Es elocuente y rápido para responder. Su imagen le da frescura al Gobierno. Aunque trabajó en el régimen de Rafael Correa, por un tiempo, hoy está arrepentido, dice. Juan Sebastián Roldán, secretario particular del Presidente de la República, conversó con EL TELÉGRAFO sobre las nuevas medidas económicas y sus consecuencias políticas.

Las medidas económicas tienen un costo político y afectan a todos. ¿No cree?

No es así. Son dos medidas que pedimos a las personas que más tienen. Es un esfuerzo importante para poder salir adelante. La primera es el alza de la súper a 2,98 dólares, que no afecta a los trabajadores y se usa en los autos más caros. La segunda es el incremento del diésel industrial, que tampoco afecta a los trabajadores. Me parecería increíble que los sindicatos ahora defendieran que se mantenga el subsidio a la gasolina súper.

Los trabajadores dicen que el aumento de la súper subirá el costo de la vida y ya empezaron las movilizaciones en contra de esas medidas ¿Qué dice sobre esto?

Los gobernadores e intendentes en todo el país harán redadas para que los precios no suban. No tiene ningún sentido que al subir la súper aumente el costo de la vida. Si se alza el diésel de transporte se incrementaría el pasaje de los usuarios. Imagino a un par de vivos que tratarán de subir el pan justificando el alza de la súper. Eso no tiene ninguna relación y el Gobierno no lo permitirá. Habrá sanciones fuertes para los especuladores.

¿Qué pasará con la gasolina extra, el gas y el diésel del transporte?

El Gobierno no tocará la gasolina extra, la eco ni el gas ni el diésel de transporte hasta que no haya un diálogo con toda la ciudadanía. El subsidio debe ir a la gente más pobre y a los productores para darles competitividad. Por ejemplo, los buseros. No queremos que por subir el precio del  combustible aumente el costo de la vida de la gente. En la mesa de diálogo nacional sobre este tema queremos que Ecuador entero decida dónde quiere focalizar los subsidios y en qué circunstancias.

¿Fusionar las instituciones y disminuir la burocracia traerá más problemas sociales?

Tener burocracia inflada, enorme, hace que se vaya la plata en los sueldos de gente que no da clases a nuestros hijos o no trabaja en los hospitales. Hay funcionarios que lamentablemente no hacen su trabajo. Así el Estado se quedará con el tamaño correcto para brindar los servicios sociales. También tendremos un país que camina sin necesidad de que los ecuatorianos subsidiemos el sueldo de personas que no hacen su labor.

¿No es contradictorio despedir a funcionarios en lugar de crear nuevas fuentes de trabajo, tal como ofrecieron en la campaña electoral?

Al Estado no le corresponde crear trabajo, no es generador de plazas de empleo. El Gobierno debe tener el número de trabajos justos para los servicios públicos. El sector privado tiene que crear trabajo sostenible, con los incentivos que les hemos dado. Este Gobierno cree en los empresarios y les damos las posibilidades de devolver lo que les entregó el país.

El Estado debe precautelar los servicios sociales. También debemos velar porque los maestros y doctores se sientan bien tratados y atiendan a la ciudadanía sin que existan 6 contadores cuando debía haber solamente uno.

El Presidente también anunció que parte del dinero robado en el régimen de Correa se encuentra en Panamá y EE.UU. Las empresas que rastrean las cuentas en el exterior ya están contratadas.

No podemos decir cuáles son por una cuestión de efectividad de trabajo, pero son especializadas en el tema y han tenido mucho éxito en cuestiones similares. Ya hay listas del dinero robado a los ecuatorianos por esos pillos. Al mismo tiempo trabajan la Procuraduría y la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) en ambos países.

¿Pidieron la asistencia de las Naciones Unidas para rastrear las cuentas de los corruptos?

La ONU tiene un proyecto específico sobre corrupción y con él trabajamos en Panamá y Estados Unidos. Tenemos un convenio firmado entre los tres países y gracias a ello podemos conseguir que ese dinero vuelva a Ecuador.

Hay críticas contra el Gobierno porque en un año no ha logrado recuperar el dinero de la corrupción.

La corrupción es como la tos, no se puede esconder. Los pillos dejan rastros y tampoco deben dormir tranquilos. Esas empresas encontrarán la plata y a quiénes se la llevaron.

La lucha contra la corrupción en términos efectivos es la más grande en la historia de este país: 23 funcionarios del gobierno de Correa tienen indicios de responsabilidad penal, 4 están presos, incluido el exvicepresidente, y el expresidente no se presenta en audiencia para rendir su versión sobre gravísimas acusaciones.

Estamos demostrando que, a pesar de no corresponderle al Ejecutivo la recuperación del dinero, sino a la Fiscalía y al Consejo de Participación Ciudadana, hacemos todo lo posible para que ese dinero se recupere.

¿Ya tienen un diagnóstico completo del mapa de la corrupción en la década correísta?

En la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, le pedimos la extradición de 49 exfuncionarios de Correa. Pasamos de 100 casos de corrupción a miles; cada institución pública tiene denuncias. Ha tomado tiempo porque es muchísimo lo que hicieron y en distintos espacios.

Un ejemplo, implementaron un proveedor único en la contratación pública. ¿A cuánta gente le habrán dado ese encargo para que pueda cobrar lo que sea y termine entregando el dinero de los funcionarios que le dieron esos contratos?

El Mandatario dijo que proponen otras reformas a la Ley de la Lucha contra la Corrupción. ¿A qué se refiere?

Hay tres reformas: la primera se envió a la Asamblea y es la Extinción de Dominio para que los bienes mal habidos por corrupción, lavado de activos, narcotráfico o delincuencia común puedan devolverse al Estado y resarcir el daño causado.

La segunda es premiar con un porcentaje del monto (20%) recuperado a aquellas personas que nos den el paradero del dinero escondido en cajas o enterrado en la tierra porque así lo tienen estos pillos.

Y la tercera reforma es sobre la delación por una sola vez. Esto significa que la persona que incurrió en un soborno a un funcionario público para que le otorgue un contrato, una obra, puede denunciarlo por una sola vez. Así el Gobierno se libera de los corruptos que existieron y todavía existen.

En otros países hay estas normas y han sido muy efectivas en la lucha contra la corrupción. Hay delación, por ejemplo, en Brasil y en España, y ha dado muy buenos resultados.

¿Qué pasará con los denunciantes de la corrupción. ¿Tendrán la protección del Estado?

Tienen protección legal y de testigos protegidos. Hay que lograr que se sientan tranquilos de denunciar a los corruptos. Queremos llegar a los peces gordos; aquí no puede pasar que se agarre a los pequeños. Es necesario atrapar al gran cerebro, al que engrosó su cartera de dinero.  

Si usted voltea hacia atrás, hacia los 10 años anteriores... ¿Qué piensa?

Fui parte del gobierno de Correa durante tres años. Me arrepiento de haber estado ahí, tengo mucho que hacer para corregir errores que cometieron. Cuando trataron de hacer gasto social se llevaron la mitad de la plata. Ahora trabajo todos los días para que esos errores que se cometieron en el correísmo y en otros gobiernos no los cometamos de nuevo, y que los ciudadanos vean que hubo gente honesta y preocupada por la mayoría. (I)