El Presidente del Consejo de la Judicatura defendió ayer las sanciones, por error inexcusable, que el organismo impuso a jueces que fueron destituidos, previamente a un proceso disciplinario.

Más de cuatro horas duró la comparecencia del funcionario ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, para que explique este procedimiento que ha causado la reacción de un grupo de exjueces sancionados, así como voces de protesta de la oposición que plantean un juicio político en su contra.

En su intervención, Jalkh señaló que el error inexcusable no es una figura etérea, sino que precautela los derechos de los ciudadanos y que su aplicación es competencia del CJ, como órgano disciplinario y por mandato de la Constitución y del Código Orgánico de la Función Judicial.   

En su exposición, el Presidente de la Judicatura justificó las sanciones y presentó varios casos, incluso, donde estuvieron menores de edad de por medio. Explicó que existen tres formas para que el CJ conozca los casos de error inexcusable: por denuncia ciudadana, por queja, o de oficio, pero que no todos terminan con destitución de jueces.

Jalkh señaló que en 2016 hubo 439 denuncias; mientras que en 2017 se presentaron 360. De estas últimas solo cinco tuvieron responsabilidad. “Este año, de 2.083 jueces en el país, solo 5 fueron destituidos por error inexcusable. Es el 0,2%”. Comparó esta figura y sus sanciones en países como España, Colombia, México y Costa Rica.

Además, expuso que antes de que el CJ decida sobre un sumario disciplinario, al menos 14 abogados revisan el caso, entre ellos jueces. Los servidores sumariados son notificados en el tiempo establecido y tienen derecho a presentar elementos de descargo.

Además, sostuvo, desde la perspectiva de que la independencia no es privilegio de un juez, sino derecho de los ciudadanos, “estamos abiertos a un debate de altura, pueden quitarle la competencia si desean al Consejo, pero no le quitemos ese derecho a la ciudadanía”.

Propuso que cuando el sumario se inicie por error inexcusable, a petición de los sujetos pasivos se realice una audiencia pública donde el peticionario exponga sus argumentos.

Debate en la comisión

Tras su exposición, los integrantes de la comisión expresaron sus puntos de vista. El asambleísta Luis Fernando Torres (PSC-Tiempo de Cambio) expresó que existe preocupación de las Naciones Unidas, de la Corte Interamericana y otros organismos internacionales que vigilan los procesos judiciales sobre las alegaciones de cómo se ha aplicado esta figura en el país.

Es más, sostuvo, el Defensor Público, en la motivación de su propuesta de reformas al Código de la Función Judicial, sostiene que el error inexcusable se ha utilizado  para generar una especie de terror judicial, a fin de garantizar que no haya afectación al proyecto político que ha gobernado hace 10 años.

En tanto que Franklin Samaniego, (Alianza PAIS) vicepresidente de la Comisión de Justicia, opinó que el error inexcusable es un elemento que afianza la eficiencia en materia judicial y es una respuesta para la ciudadanía para garantizar sus derechos.

En cambio, Henry Cucalón (PSC)  apoyó las objeciones de Torres. “No discuto la pertinencia de la figura, más aún cuando están claras las competencias del Consejo de la Judicatura, dadas incluso en consulta popular. Pero existen dudas en cuanto a su aplicación”, indicó.

De allí que consideró la necesidad de mejorar la normativa a fin de evitar alguna discrecionalidad, que es sinónimo de arbitrariedad.

Cucalón incluso sostuvo que es necesario aclarar la situación de supuesta interferencia de cierta función del Estado en la justicia, mientras que la asambleísta Encarnación Duchi manifestó que es urgente responder al hecho de que la elección de jueces haya sido según el color de un movimiento político.

En cambio Lira Villlalva (PAIS) consideró que el error inexcusable evita la impunidad y constituye una herramienta efectiva en el combate a la corrupción. (I)

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Asambleístas entregaron pedido de juicio

Cerca de tres semanas  les tomó al asambleísta Esteban Bernal y al bloque legislativo del movimiento CREO, la recolección de firmas para iniciar el trámite de juicio político contra el titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, por supuesto incumplimiento de sus funciones.

Minutos antes de que inicie la comparecencia del titular de la Judicatura, los legisladores entregaron la solicitud, acompañada de 40 expedientes  relacionados con los procesos por error inexcusable, además de 15 pruebas testimoniales que, a criterio de Bernal, no solo apoyarían la calificación  en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), sino también ante el pleno de la Asamblea Nacional. “Evidenciaremos la famosa metida de mano a la justicia”, dijo. Agregó que la solicitud la efectuó porque están en su derecho.

Mientras esto ocurría, en los exteriores del edificio legislativo se encontraban los exjueces sancionados, a fin de manifestarse a favor de la destitución de Gustavo Jalkh.

Julio Arévalo, quien fue separado de sus funciones en 2013, aseguró que fue destituido en el año 2013 por un supuesto beneficio en algunos remates de bienes. “Eso fue un show que duró 17 meses sin sentencia”, aseguró. (I)