Es un edificio moderno, al norte de Quito, que era de propiedad de Isabel Noboa. El Gobierno anterior lo compró para el Consejo de la Judicatura (CJ). Allí, en el penúltimo piso, está la oficina de la presidenta del organismo, María del Carmen Maldonado. Ella habló con este Diario sobre el mejoramiento de la Justicia, la lucha contra la violencia a las mujeres y la corrupción.

Usted presentó un paquete de reformas a la Función Judicial que se trata en la Asamblea. ¿Cuál es una de las prioridades?
Pedimos que se endurezca el régimen disciplinario, por ejemplo, la medida contemplada en el artículo 269, numeral 5: la medida cautelar de suspensión que la ley contempla con remuneración. Si se declara la medida cautelar en contra de un funcionario de Justicia es porque se presume un comportamiento ilícito o indisciplinario. Si se ratifica la inocencia del servidor, entonces se le restituye.

¿Cuántos jueces están suspendidos?
Tenemos suspendidos al juez Manzur, que era el presidente de la Corte Provincial del Guayas por denuncia de la Secretaría Anticorrupción. También tenemos al juez Ítalo Zambrano, quien fue recientemente notificado con su suspensión porque tuvimos una denuncia en su contra. Hay otros funcionarios de la Justicia que tienen problemas de ese tipo: 1.760 y han sido resueltos alrededor de 950.

¿Cuáles han sido las denuncias y quejas en contra de esos servidores de la Función Judicial?
Generalmente las denuncias o quejas son por manifiesta negligencia. Tuvimos tres casos emblemáticos relacionados con violencia de género. Y en esos casos no los vamos a dejar pasar. Le cuento una anécdota: una persona me dijo que le destituimos a un juez solo por sacar la navaja en una audiencia.

Eso nos da la medida del bárbaro machismo y enfermizo que tiene nuestra sociedad. Yo pregunto: ¿Y si tú hubieras sido violado con una navaja o con un cuchillo, te parecería que recrear la situación en una audiencia no es grave? Eso les puede pasar a todos, pero no a los juzgadores porque ellos tienen la obligación de tutelar los derechos de las víctimas. Ese juez está suspendido.

Usted y otras autoridades mujeres presentaron hace poco una herramienta tecnológica para luchar contra la violencia de género. ¿Qué hace el CJ?
Desde 2014 hasta 2019 se mantuvo el número de 30 unidades judiciales. En un año de gestión del CJ creamos siete unidades especiales para atender a las víctimas de violencia e incorporamos a más de 390 servidores en la ejecución de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Eso implica un esfuerzo institucional bastante grande porque se requirió infraestructura física. También se necesita equipo técnico: psicólogos, trabajadores sociales, jueces, ayudantes secretarios, gestores de archivos, entre otros. Esas unidades son realmente importantes y hemos escogido provincias donde existe el mayor número de casos de violencia contra la mujer: Zamora Chinchipe, Morona-Santiago, Manabí, entre otras.

Se han destapado sobreprecios y casos de corrupción en la construcción de complejos judiciales en todo el país. ¿Qué hace el CJ al respecto?
Hemos hecho cambios en el control disciplinario. Si bien, por un lado, respetamos la independencia judicial, que es nuestro tercer eje de gestión, ese control incluso vino antes de la posesión como vocales y presidenta del Consejo. Además esto va acompañado de acciones coordinadas con la Fiscalía General del Estado y con la Contraloría para combatir la corrupción. Hemos pedido exámenes especiales a las construcciones de los complejos judiciales de: Quito Norte, Quitumbe, Otavalo y Durán.

La evaluación a los miembros de la Corte Nacional de Justicia ha despertado muchas críticas.
Criticaron el proceso los que creían que no tendríamos la valentía de hacerlo. Ellos han visto en riesgo sus intereses, pero el interés de un juez no puede estar por encima del interés de la ciudadanía. Hemos procedido a la evaluación de la Corte y cumplimos con un exhorto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero, más allá de eso, ese proceso responde a un clamor ciudadano.

Otro problema es que la Justicia tarda demasiado en este país.
La falta de celeridad es asunto que le compete al CJ. Todo el tiempo estamos sancionado y destituyendo a los jueces por falta de celeridad. También tenemos acumulación de causas  rezagadas. Desde 2012 en la Corte Nacional se resolvieron 67.672 causas y están pendientes 7.389 causas.

¿Es verdad que quisieron aumentarse los sueldos en el Consejo de la Judicatura?
Eso es competencia legal del Director General. Por lo tanto yo me veré muy limitada en las declaraciones al respecto.

Correa se tomó la Justicia, ¿qué dice usted?
Se tomaron la Justicia, ellos actuaban en redes y algunos les amenazaban que si no les daban lo que querían habrían represalias. Algunos trabajaban conjuntamente con Pamela Martínez y con Alexis Mera.

¿Usted cree que se ha logrado limpiar la administración de Justicia ecuatoriana de esa influencia política?
Definitivamente sí, en nuestro eje de lucha contra la corrupción no permitimos las influencias políticas. Pero desafortunadamente el CJ ha trabajado con los jueces de Corte Provincial y jueces de primera instancia y tribunales, que fueron designados en los concursos anteriores. Vigilamos el comportamiento de ellos hasta que los nuevos concursos nos permitan la renovación necesaria en la Justicia. Ya no utilizamos la figura del error inexcusable como una medida persecutoria, eso se hacía antes.

¿Qué pasará con los jueces que fueron perseguidos en la época de Correa y sacados de la Función Judicial con el error inexcusable?
Tendremos que esperar la sentencia, aunque ya tenemos algunas que nos obligan a las restituciones de servidores que fueron separados por el CJ correísta. Eso tiene un alto impacto en la parte financiera, puesto que nos ha significado alrededor de un millón de dólares.

¿Cómo encontró el CJ?
Encontramos en el ámbito disciplinario 584 expedientes en trámite. Pasamos días enteros de labores con esos expedientes  para que no prescriban. También encontramos contratos no cerrados y obligaciones contractuales  que están pendientes de liquidar y han generado perjuicio al Estado ($ 31’753. 798). Además, hay contratos con irregularidades y pagos en exceso.

¿Qué acciones han tomado con respecto a las denuncias de corrupción en las notarías?
No pueden venderse y hemos pedido a la Contraloría, el 1 de junio de 2019, un examen especial a ese concurso. Queremos saber en qué condiciones se dio el concurso. ¿Hubo suficiente transparencia y legalidad en el proceso? En un hecho histórico incorporamos los parámetros de legitimidad y transparencia en el proceso de evaluación. Es una clara muestra de nuestra lucha contra la corrupción, adicionalmente hemos judicializado ante la Fiscalía temas que no estaban judicializados. Por ejemplo, las irregularidades en el contrato denominado Justicia 2.0. (I)