El ministro de Defensa, Fernando Cordero, anunció que Freddy García dejó su cargo como director del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa). El ahora exfuncionario fue el principal opositor a la devolución de $ 41 millones al Ministerio del Ambiente (MAE) por un sobreprecio en la venta de lotes en Samanes.

Durante una entrevista a Ecuavisa, Cordero responsabilizó a García de bloquear una salida negociada al tema que derivó en la remoción anticipada –el viernes pasado- de la cúpula militar. El cese del alto mando vino luego de que este expresara públicamente su oposición a la orden del presidente Rafael Correa de debitar los $ 41 millones de la deuda que mantiene el Gobierno con el Issfa. “Hay un solo responsable. El director ejecutivo, el contraalmirante Freddy García, hasta ayer director ejecutivo, ha sido ya sustituido y hoy día estará al frente otra persona”, manifestó Cordero.

El Ministro de Defensa precisó que la salida de García se debe a los cambios en la cúpula militar anterior. “El señor director ejecutivo tenía en sus manos ese arreglo, pero, mal asesorado, obstinado. Vaya usted a saber qué más (había) en la mente y en la acción de este funcionario público. Él nos dijo más de una vez que iba a litigar con el Procurador, que iba a contradecirlo, que iba a demandarlo, no ha pasado absolutamente nada de eso”.

“Realmente ha habido mala voluntad, mal asesoramiento de este funcionario y ha generado un problema de consecuencias enormes, cuando era un problema fácilmente solucionable”, lamentó el secretario de Estado.  

El jueves Bolívar Silva, representante de los militares retirados ante el directorio del Issfa, reveló que fue García el que se opuso a devolver los fondos, pese a que el resto de los vocales pedía acatar al Procurador.

La Procuraduría, organismo que controla la legalidad de las acciones de las instituciones del Estado, solicitó el 18 de noviembre de 2015 una rectificación o modificación del contrato de compra venta de 66 lotes del parque Samanes.

El avalúo de esos terrenos lo hizo la Dirección Nacional de Avalúos y Catastro (Dinac), que cifró en $ 48 millones esas tierras donde se construyó el parque Samanes.   

En 2010, el contrato de compra-venta de lotes entre Issfa y MAE se realizó en base del avalúo de la Dinac, sin embargo la Procuraduría consideró que esta entidad no era competente para la realización de la tasación. Esa tarea debió hacerse en función del avalúo catastral del Municipio de Guayaquil, como lo establece la Ley Orgánica de Contratación Pública. El Cabildo valoró los lotes en $ 7.1 millones. La diferencia entre el primer valor y el segundo es el monto que pide el Gobierno.

El actual ministro del Ambiente, Daniel Ortega, contó ayer al portal Ecuadorinmediato que frente a la negativa del Issfa para devolver el dinero solicitó a la cartera de Finanzas que realice el débito. Eso fue lo que ordenó el presidente Rafael Correa el pasado jueves.

La actual vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga, era la ministra del Ambiente en 2010. En un comunicado la legisladora aclaró que la transacción estuvo enmarcada en la ley. “No se entregó dinero a ninguna entidad o persona privada. Sin embargo, tanto la Procuraduría como la Contraloría están en su derecho de intervenir en la revisión de este procedimiento con base de sus competencias constitucionales”, dijo.

Aguiñaga esperará el informe de la Contraloría, que estaría listo en 45 días. “De ser pertinente me pronunciaré al respecto”, afirmó. Ella no ha tenido ningún contacto con Ortega recientemente.

Debate legal

Existe una diferencia de opiniones respecto a la devolución de los fondos. Los militares en servicio pasivo que protestan contra el Gobierno y el propio García consideran que el contrato entre el Issfa y el MAE es legal. Su defensa radica en que solo un juez puede revocar el acuerdo.

De hecho, según indican, el contrato establece que ante cualquier diferencia se deberá recurrir a las cortes. Pero el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, considera que ese procedimiento es solo aplicable en el ámbito civil y no entre dos entidades estatales, regidas por el derecho público.

Fue este abogado quien detectó la irregularidad y pidió al Procurador intervenir. En una entrevista a EcuadorTV explicó que tanto el Issfa como el MAE están obligados a acatar las resoluciones  de la Procuraduría. Y que la transacción está enmarcada en la Ley de Contratación Pública y no en el Código Civil.

Frente a eso los militares retirados aseguran que el Procurador no ordena devolver los fondos, sino renegociar el contrato, pero justamente a esto fue lo que se negó García.

La última palabra ahora la tendrá la Contraloría General del Estado, que el viernes pasado anunció el inicio de un examen especial a la venta de los 66 lotes. Ese análisis durará 45 días, luego de lo cual se conocerán las resoluciones, que serán de obligatorio cumplimiento para las partes. De hecho, esta entidad ya ha solicitado información al Ministerio del Ambiente. Ortega afirmó que prestarán todas las facilidades para la auditoría.

¿Qué estipula la Constitución?

La Carta Magna, aprobada en 2008 en Montecristi, permite la existencia del Issfa. El segundo inciso del artículo 370 de la Constitución señala que “la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán contar con un régimen especial de seguridad social, de acuerdo con la ley; sus entidades de seguridad social formarán parte de la red pública integral de salud y del sistema de seguridad social”.  

La Asamblea Nacional, en diciembre pasado, aprobó una enmienda constitucional. El proyecto agregó un tercer inciso al artículo 370, que obliga al Estado a garantizar el pago de las pensiones de retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El Gobierno promovió ese cambio a la Carta Magna como respuesta a los constantes rumores de que la administración de Rafael Correa pretende eliminar el Issfa. (I)   

DATOS

Desde el 2007, los ingresos del Issfa han aumentado de $ 87 millones a más de $ 350 millones anuales.

De cada $ 10 recibidos por un militar en servicio pasivo, como parte de su pensión jubilar, $ 8 son financiados por el Gobierno Central.

El Estado ha desembolsado durante el actual gobierno más de $ 2.500 millones para la subsistencia del seguro militar, informó el Ministerio de Defensa. Adicionalmente, esta cartera de Estado ha desembolsado, en el mismo periodo, $ 687 millones por concepto del Fondo de Retiro, Invalidez y Muerte.   

La seguridad social militar se define como el servicio público obligatorio, promovido por el Estado, que comprende las medidas preventivas, reparadoras y de recuperación, legalmente establecidas en un régimen especial, solidario, dispensadas en las instituciones de previsión, servicios y asistencia social a favor del profesional militar y el pensionado militar y su familia.

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Aprobó resolución

La Asamblea resalta la Batalla de Tarqui 

Con 100 votos la Asamblea declaró al 27 de febrero como Día de Conmemoración Nacional por la Batalla de Portete de Tarqui. El proyecto de resolución, de iniciativa de la legisladora Liliana Guzmán, ratifica esta fecha como el Día de la Unidad Nacional, del Civismo y del Ejército Nacional, ya que la Batalla de Portete de Tarqui “constituyó una proeza histórica de las fuerzas patrióticas, junto a las Tropas de la Gran Colombia”, informó el portal ElCiudadano.com.

En la resolución de la Asamblea se destaca la importancia de “esta lucha histórica trascendental para la práctica educativa y por tanto insta a la institución encargada del Sistema Nacional de Educación para que fomente la conciencia histórica en nuestros niños y jóvenes a través de campañas y programas dentro y fuera de los planteles educativos”.

Además, la Asamblea incentiva la conmemoración de esta fecha en todas las funciones del Estado, así como en las instituciones educativas en todos sus niveles como un elemento que fomente el civismo, la identidad nacional y permita recuperar la historia de nuestros pueblos y países hermanos.  

Los parlamentarios en el debate, al mostrar su acuerdo con la resolución, resaltaron la significativa Batalla de Tarqui en la vida republicana del Ecuador, más aún cuando el 27 de febrero se conmemoren 187 años de esta fecha histórica. (I)