Ecuadorinmediato/Radio rechazó continuar con el convenio que tenía con las radios municipales del Distrito de Quito, así lo comunicó a Mauricio Rodas a través de un documento que fue entregado en la Alcaldía ayer, a las 09:30.

Francisco Herrera, director del medio, es quien firma la correspondencia en donde explicó que al suspender la transmisión del programa ‘El poder de la palabra’ se atentó contra la libertad de expresión y se violó un contrato firmado entre el Municipio y la empresa de comunicación, que consistía en la transmisión diaria de una hora de entrevistas.

El acuerdo estaba vigente hasta el 31 de diciembre de 2014.

Ecuadorinmediato identificó cinco puntos que perjudican a la empresa de comunicación. El primero hace referencia a la violación del derecho constitucional a la información y la comunicación. En segundo lugar, Herrera cita las implicaciones civiles que se generaron por la terminación unilateral del contrato. Así también se cortó la libertad de comunicación, lo que es sancionado en la Ley de Comunicación.

Pero va más allá aún cuando enfatiza que pudo incurrir en una conducta tipificada en el Código Penal, pues atenta contra la libertad de pensamiento. Y como último punto está un daño moral que se produjo porque, al salir a la luz pública la prohibición, el medio recibió agresiones a través de redes sociales; en este último punto aún no se contempla cuál sería la magnitud.

Herrera dejó sentado que los empleados de las estaciones comunicaron sobre la vigencia del acuerdo e intentaron evitar el abuso, pero Luis Beltrán, recién posicionado como director de los Medios Públicos del Municipio junto a otras personas, aún no identificadas, dieron la orden de retirarlo del aire.

La censura, como la denomina Herrera, se registró el 16 hasta el 20 de mayo, fecha en la cual el alcalde electo, Mauricio Rodas, detalló que había sido un error administrativo, pero para el director de Ecuadorinmediato esta excusa no es suficiente para garantizar que algo similar no se vaya a repetir. Además, como titular del Cabildo, lo responsabilizó por las acciones de las personas que están bajo sus órdenes.

Rodas dijo que fue un error administrativo suspender la transmisión y que nada tiene que ver con estar en contra o a favor de alguien. Afirmó también que su despacho tendrá las puertas abiertas y no se coartará la libertad de expresión. “Si desea (Herrera), puede empezar a transmitir hoy mismo”, expresó.

Este hecho fue calificado por Herrera como el primer acto para coartar la libertad de información en el período de Rodas.

El director del medio se acogió a las palabras de Rodas que citó en la carta que envió con las respectivas disculpas y la decisión de que el programa se continúe transmitiendo, “siempre, por supuesto, que usted también esté dispuesto a aquello”, cita el comunicado.

Sin embargo, denunció que Gandhi Espinosa se comunicó con Ecuadorinmediato y con “una actitud arrogante y abusiva... se obligó a que se retransmita el programa en las radios municipales, haciendo caso omiso a nuestra decisión de no autorizar la retransmisión del mismo hasta nuevo aviso. Otra falla, otro error, otro abuso”, acotó Herrera.

A pesar de los impasses, el comunicador manifestó que no habrá represalias en el medio y que espera trabajar sin problemas con el Municipio quiteño.

LA SUPERCOM TIENE 5 DÍAS PARA DECIDIR

Ayer, en la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), se produjo la audiencia sobre la acción interpuesta por el Comité Central de la Juventud Comunista del Ecuador en contra del canal TC Televisión, por transmitir el segmento ‘Nalgómetro’.

En la audiencia, las partes presentaron los argumentos y las pruebas de descargo. Juan Francisco Torres, secretario general de la organización Juventud Comunista, expuso por qué este segmento tiene un alto contenido discriminatorio.

Por su parte, el abogado Ulises Alarcón, quien representó a TC, manifestó que es muy preocupante que se pretenda sancionar o cuestionar a un medio de comunicación considerando criterios personales. “Aquí solo hemos escuchado connotativamente lo que ‘yo’ pienso con respecto al tema, pero de ninguna manera en la intervención se escuchó un respaldo legal que no me permita hacerlo”, dijo Alarcón.

Sin embargo, Torres considera que es un buen inicio que se presente este tipo de denuncias desde la ciudadanía. En caso de que la resolución no sea favorable, insistirán en la construcción de una sociedad del Buen Vivir a través de un mejor contenido en los medios.

El 30 de abril pasado, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), calificó al caso como “discriminatorio por razones de sexo”. La Supercom tiene cinco días para emitir un fallo.