La preocupación de Ecuador por el auge de grupos económicos que sacan capitales del país hacia paraísos fiscales no es nueva. Desde hace 9 años se han  modificado y creado leyes para combatir el mal uso de estos territorios.

En  2007 se enmendó la Ley para la Equidad Tributaria, que estableció como parte relacionada a quienes realicen transacciones con sociedades residentes en paraísos fiscales y por primera vez en la historia del país se le otorgó la facultad al Servicio de Rentas Internas (SRI) para señalar las jurisdicciones de menor  imposición y paraísos fiscales.

Posteriormente, en 2009 se gravaron los ingresos para la determinación del Impuesto a la Renta (IR) de los dividendos y utilidades distribuidos en favor de sociedades residentes en paraísos fiscales. (VER INFOGRAFÍA)

En 2014, en cambio, se reformó la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, la cual excluyó de la exoneración de ingresos para la determinación del impuesto a la renta, a los ingresos de fideicomisos residentes en paraísos fiscales.

Se estableció una retención en la fuente sobre el 100% de las primas de cesión o reaseguros contratados con sociedades aseguradoras residentes en paraísos fiscales; se aumentó la tarifa del IR al 25% cuando las sociedades tengan accionistas o socios residentes en estos países y se sustituyó la tarifa de IR atribuible a sujetos pasivos no residentes, debiendo aplicarse una retención en la fuente equivalente a la máxima tarifa prevista para personas naturales, esto es del 35%

En 2016 se incluyó en la  Ley Orgánica de Solidaridad la obligación de los promotores, asesores, consultores y estudios jurídicos de informar bajo juramento a la administración tributaria un reporte sobre la creación de sociedades ubicadas en paraísos fiscales. Además de tributación adicional sobre inmuebles ubicados en tales territorios

Actualmente, en la Comisión de Justicia de la Asamblea se tramita la reforma al artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sobre evasión fiscal que propuso. El SRI planteó lo siguiente: “Las personas naturales interpuestas o personas jurídicas inexistentes, residentes en Ecuador o paraísos fiscales o cualquier otra jurisdicción, conformadas con el fin de evadir el cumplimiento de las obligaciones tributarias tengan la misma pena que señala la norma de entre 5 a 7 años de prisión”.

El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, confirmó que el Gobierno, al margen del escándalo por las revelaciones de los ‘papeles de Panamá’, ha hecho al menos 9 reformas legales para combatir este fenómeno.

El jueves pasado, a nombre y representación del Ejecutivo, Mera  presentó un pedido a la Corte Constitucional para que se convoque a consulta popular y se pregunte al pueblo si está de acuerdo que se prohíba que funcionarios públicos tengan cuentas en paraísos fiscales.

Esto ocurre luego de que el presidente Rafael Correa propuso un pacto ético a los candidatos a las elecciones de 2017. Allí planteó que no participen quienes tengan empresas creadas en paraísos fiscales.

El precandidato presidencial Guillermo Lasso (CREO) tiene inversiones en Panamá.

Tras conocer  la pregunta, el asambleísta de esta tienda política, Patricio Donoso, dijo a la prensa que “meter un tema que no viene al cuento porque implica el temor de la candidatura de Guillermo Lasso, hablemos claro, es querer manchar un  proceso electoral”.

En cambio, la precandidata presidencial Cynthia Viteri (PSC-Madera de Guerrero), dijo ayer a EL TELÉGRAFO que no se siente aludida, pero teme que el proceso electoral se trastoque porque podría llevar a la confusión. “Esa es mi única observación, por lo demás, que pregunten lo que quieran”.

El dirigente del Partido Social Cristiano (PSC) y alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, posee un fideicomiso, llamado Ingersa, en Panamá. Esa figura administra sus bienes. (I)