El consejero electoral, Luis Verdesoto, cuestionó la intención de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de que la auditoría al sistema informático de la entidad, se realice a través de una empresa privada con domicilio en el extranjero y no por medio de una organización intergubernamental, como dispone la Disposición Transitoria Sexta del Código de la Democracia, integrado en la reforma electoral del 3 de febrero de 2020. Lo cual sería un claro incumplimiento a la norma, que señala:

“El Consejo Nacional Electoral, tendrá un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, para realizar una auditoría a su sistema informático para conteo de votos y resultados. Esta auditoría debe ser avalada por un organismo internacional reconocido y sus resultados deberán publicarse en la página web del Consejo Nacional Electoral. Con base a los resultados de la auditoría el Consejo Nacional Electoral deberá realizar los cambios y actualizaciones requeridas.”

A criterio de Verdesoto, la interpretación de que una empresa privada domiciliada en el extranjero sea un organismo internacional es errónea, lesiva al derecho y tosca en su entendimiento del Código de la Democracia y la legislación ecuatoriana. Por otra parte, gastar recursos públicos en contratar una empresa privada extranjera es una clara violación a la mencionada Disposición del Código de la Democracia y sería, sin duda, un comportamiento institucional irregular. Este gasto no tendría un asiento legal correcto y correspondientemente debería ser objeto de control, sostuvo.

Es por ello, que en una misiva dirigida a la presidenta de la institución el 9 de septiembre, Luis Verdesoto recomendó, para corregir el errado camino adoptado para el cumplimiento de la Disposición Transitoria Sexta del Código de la Democracia, solicitar a Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y/o la Unión Europea, la cooperación internacional necesaria para formular el aval requerido e invitar a los organismos nacionales correspondientes para realizar una auditoría integral del sistema informático del Consejo Nacional Electoral, cuya duración empiece inmediatamente y termine con los resultados definitivos de la segunda vuelta electoral, de haberla. (I)