Definir un momento en la historia para marcar el retorno a la democracia resulta complicado. Para el historiador Miguel Cantos, un inicio sería lo que pasó en 1976: el derrocamiento del general Guillermo Rodríguez Lara -líder del autodenominado gobierno nacionalista y revolucionario-, por parte de una de las alas conservadoras de las FF.AA., que conformó el Consejo Supremo de Gobierno.

Aquel triunvirato militar estuvo integrado por el almirante Alfredo Poveda, el general Guillermo Durán y el brigadier general Luis Leoro.

Para el académico Fernando Garzón, bien pudo ser el clima de tensión social que se vivía en aquella época el que hizo insostenible la prolongación de la dictadura. Fue una era -dice- de muchas protestas, entre ellas una que detonó la ira ciudadana: la violenta incursión militar en las instalaciones del ingenio azucarero Aztra (1976), que provocó la muerte de decenas de obreros que protestaban.

Otro hecho fue la presión que ejercían los sectores políticos que clamaban por un pronto retorno a la democracia, anota Aquiles Rigaíl Santistevan. Ellos se vieron alentados por la intención de sectores moderados de las FF.AA., que consideraban oportuno iniciar un rápido proceso de cambio.

Es así que el gobierno militar decide someter a referéndum a los ecuatorianos, para decidir sobre una nueva Constitución, y a la par, debían facilitar, con la aprobación de una nueva Ley de Elecciones, esa transición democrática. Ese referéndum se realizó el 15 de enero de 1978. La mayoría de ecuatorianos se pronunció por una nueva Constitución.

Con estos instrumentos se aprobaron los partidos que habrían de participar en las elecciones presidenciales. Durante ese proceso, 6 candidatos se inscribieron para intervenir en la lid: Sixto Durán-Ballén (PSC), Raúl Clemente Huerta (PLRE), Jaime Roldós Aguilera (CFP), Abdón Calderón Muñoz (FRA) y René Maugé Mosquera (FADI).

Y a pesar de que la iniciativa electoral se activó rápidamente, el camino no fue fácil. Por momentos, el gobierno militar impuso sus criterios y estableció normas que, de hecho, obstaculizaron la carrera  de importantes políticos de entonces, como Assad Bucaram, líder del populista CFP. Esos actos retrasaron el proceso, pero no pararon las elecciones. (I)

El hecho relevante

El asesinato de Abdón Calderón, 'el fiscal del pueblo', aceleró la crisis de la dictadura militar

Abdón Calderón Muñoz nació en la ciudad de Milagro (Guayas), el 20 de febrero de 1925. Su trayectoria política comenzó en la década del 60, cuando se afilió al Partido Liberal Radical Ecuatoriano (PLRE). En 1966 fue elegido diputado y al año siguiente fue a la Asamblea Constituyente.

En 1972 se separó del partido y creó su propia organización política, el Frente Radical Alfarista (FRA); debido a su frontal crítica a la dictadura militar, primero de Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) y luego al triunvirato de Guillermo Durán Arcentales, Alfredo Poveda Burbano y Luis Leoro Franco, se ganó el apelativo de “Fiscal del Pueblo”.

Como político, cuestionó a los gobiernos militares de la época, incluso denunció presuntos casos de corrupción en el manejo de los recursos provenientes de las rentas petroleras. Con el apoyo de su partido, en 1978, se postuló como candidato a la Presidencia de la República, abanderando su postura crítica contra el régimen militar. Llegó en quinto lugar en las elecciones de ese año, desde entonces inclinó su apoyo a la candidatura del cefepista Jaime Roldós Aguilera.

En momentos en que el país se agitaba en un clima de inestabilidad, con manifestaciones en las calles contra el gobierno militar, la noche del 29 de noviembre de 1978, cuando se dirigía a dictar una conferencia en Guayaquil, recibió tres disparos que lo dejaron gravemente herido.

Calderón fue llevado de urgencia a la clínica Santa Marianita, pero por su delicado estado de salud sus familiares lo trasladaron a Miami (Estados Unidos), donde falleció 10 días después.

El hecho exacerbó a la ciudadanía, lo que acentuó la investigación. Después de varios meses se identificó al autor de los disparos, Luis García Almeida (a) “El Gordo Lucho”, cuyo paradero nunca se supo, sin embargo se detuvo a Guillermo Plin Méndez, conductor de la motocicleta. Fruto de las investigaciones se descubrió un entramado que vinculó al entonces ministro de Gobierno, Gral. Bolívar Jarrín Cahueñas. Las declaraciones de su asistente, Jaime Hermosa, fueron determinantes para su detención y posterior sentencia.

Cahueñas fue condenado a 12 años de prisión, pero esta se redujo a 6 años, por buena conducta, según informaba la prensa en aquel entonces. Junto con Jarrín también fueron sentenciados otros 7 implicados. (I)

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