Entre 2006 y 2015, Ecuador escaló 57 posiciones en el ranking de mejor calidad en vías, según el Foro Económico Mundial. Antes el país estaba en el puesto 82, y hoy en el 25. Pero en la región se ubicó en primer lugar, superando a Chile y Panamá.

En el Gobierno actual, la inversión solo en la red vial estatal ha sido seis veces mayor que la registrada en los tres últimos gobiernos juntos: $ 9.368 millones desde 2007 a octubre de 2016.

De los 9.790 kilómetros que tiene la Red Vial Estatal, 9.203 kilómetros se encuentran en buenas condiciones, según informó el Ministerio de Transporte en agosto pasado.

Los 3 gobiernos que antecedieron a Rafael Correa -Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacios- solo invirtieron $1.500 millones. La reactivación de 8.600 kilómetros de red vial ha permitido la movilidad humana, y de bienes y servicios sin antecedentes en la historia del país. Se suman otras carreteras que no son competencia del Gobierno central, pero que también fueron atendidas, aunque son competencia de los gobiernos locales.

Queda pendiente un 5% de carreteras; el resto cumple con los estándares de calidad y seguridad, logro reconocido internacionalmente.

La conectividad es prioritaria para el desarrollo, y en ese contexto las carreteras fueron complementadas con la construcción de puentes emblemáticos, entre ellos Los Caras, en Bahía; el de la Unidad Nacional; conjunto de puentes sobre el Estuario del río Esmeraldas; sobre el río Napo; atirantado sobre el río Aguarico; Humberto Alvarado, en la provincia de Los Ríos, entre otros.  

Esta inversión cambió la vida de miles de personas y dinamizó la economía de los ecuatorianos. Una de las obras represadas por gobiernos anteriores es la del puente Los Caras, que permitió el acceso por vía terrestre de Bahía a San Vicente, dejando a un lado las antiguas gabarras. Esa obra fue vital luego del terremoto de abril de 2016 porque permitió salvar miles de vidas.

Sobre esta base las transnacionales deciden invertir en Ecuador. Luego de 10 años de inversiones en vialidad y en otros sectores, el país es atractivo para el inversionista. Una muestra: las concesiones de los puertos de Manta, Posorja y Puerto Bolívar, con sus $ 2.100 millones que provienen de transnacionales de Turquía, Chile y Dubái.

Antes de concretar la inversión, el Gobierno repotenció las instalaciones existentes, lo que significó $ 400 millones en el reforzamiento de la red fluvial. Así el Ecuador es el segundo país con mayor inversión aeroportuaria en Latinoamérica.

Se intervinieron también 10 aeropuertos, con sistemas de navegación aérea e infraestructura, y se construyeron 2 aeropuertos. Entre 2007 y 2015 se invirtieron $ 357 millones en la renovación de la Red Nacional de Aeropuertos.

Control de inundaciones y riego

Hace 10 años eran muy comunes las inundaciones en la temporada invernal y las sequías que impedían sembrar en los meses de verano. Ese escenario va quedando atrás, sobre todo para quienes habitan en las comunidades cercanas a los ríos o para quienes viven de la agricultura.

Para afrontar este problema el Gobierno invirtió $ 1.130 millones en 6 proyectos multipropósitos, que protegen miles de hectáreas de cultivo. El fenómeno de El Niño, que se registró en 2015, no tuvo el mismo efecto devastador que en años anteriores, precisamente gracias a esas construcciones.

En su última rendición de cuentas anuales, el vicepresidente de la República, Jorge Glas, quien lidera los sectores estratégicos, informó que “ahora 182.000 hectáreas cuentan con agua para riego”. Además, en la actualidad, 142.000 hectáreas de terreno se benefician de la infraestructura creada para el control de inundaciones.

Se trata del multipropósito Chone; los controles de inundaciones Bulubulu, Naranjal y Cañar; y los trasvases Daule-Vinces y Chongón-San Vicente. De toda esta obra pública se benefician alrededor de 544.519 ecuatorianos.

Existe una política pública y una agenda relacionada con el recurso hidrográfico hasta 2035, que prevé el incremento de la población beneficiada con agua, para consumo y para riego. La recuperación, conservación y protección del recurso hídrico es fundamental, por ello la Secretaría del Agua ha identificado las zonas de protección y se trabaja de forma coordinada entre las instituciones públicas y la población para monitorear la gestión realizada.

La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua fue un tema determinante para el desarrollo del sector. Esta norma legal estaba represada y generó varios enfrentamientos por el manejo del recurso.

En la nueva normativa se estableció que se trata de un “sector estratégico de decisión y de control exclusivo del Estado, a través de la Autoridad Única del Agua. Su gestión se orientará al pleno ejercicio de los derechos y al interés público, en atención a su decisiva influencia social, comunitaria, cultural, política, ambiental y económica”, según consta en el artículo 5 de la ley aprobada en 2014. Se prohibió la privatización del recurso, garantizando que las comunidades tengan pleno acceso al líquido vital. La ley eliminó el control de unas pocas personas sobre el agua. En las comunas se reguló el cobro del agua, que era manejado por las juntas, las cuales administraban el líquido. (I)

EL HECHO RELEVANTE

El Gobierno recuperó lo público, con inversión capacitación y medición por resultados tangibles

Un informe especial elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre 2011 y 2015, ubica a Ecuador arriba de los niveles regionales, respecto a eficiencia de los servicios públicos. En 2011 el país ocupaba el puesto 15 y a fines del año pasado escaló al sexto casillero.

Una de las premisas del actual Gobierno es que “lo público debe tener alta calidad”, frase que repite reiteradamente el Jefe de Estado.

El inicio del cambio -y lo más visible- fue el adecentamiento de las entidades públicas. En gobiernos anteriores se generalizó la idea de que lo público no valía, por ello se privatizaron muchos servicios, como las empresas eléctricas. Entre las instituciones que experimentaron modernización y cambios están el Registro Civil, las eléctricas, Correos del Ecuador, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones; las de Justicia y en general todas las entidades estatales. Todas se guían por un principio básico: brindar una muy buena atención al ciudadano. En esta década se cambió también la visión del servidor público y el valor de la eficiencia. La capacitación es una herramienta clave auspiciada por el Gobierno. Una muestra es la creación del Instituto Nacional de la Meritocracia, en abril de 2011. Esta entidad ha sido determinante para dar el salto cualitativo en el sector público, al transparentar y fortalecer los concursos de méritos para ocupar un cargo dentro del Estado.

El informe del BID reflejó que la inversión en la calidad del talento humano es notable y se encuentra dentro de estándares internacionales.

Ese progreso va de la mano de la valoración del trabajo del servidor público. El estudio señala que el rubro de sueldos y salarios de funcionarios públicos representa el 22% del Presupuesto General del Estado (PGE); es decir, el 8,3% del Producto Interno Bruto (PIB). Los parámetros internacionales precisan que este gasto no debe superar, en promedio, el 25% del presupuesto.

El Presidente de la República ha destacado que se trata de un tema cultural. Los avances se ven en el área de educación y salud. En la actualidad, miles de maestros aspiran a conseguir una partida para trabajar para el Estado porque los sueldos son mejores que en el sector privado y porque la estabilidad laboral también brinda seguridad al empleado. (I)   

ECU-911: la seguridad ciudadana se convirtió en referente para la región latinoamericana

Con el decreto ejecutivo 988, del 29 de diciembre de 2011, se creó el Sistema de Seguridad como línea única para las emergencias. Este sistema no solo integró todas las líneas que daban asistencia; fue el inicio de un nuevo sistema de seguridad. Hoy todas las instituciones están disponibles para atender una emergencia. La coordinación se hace desde una misma sala denominada ECU-911.

La inversión para concretar este sistema alcanzó los $ 273 millones y abarca infraestructura y tecnología. Los centros ECU-911 están divididos en 16 a nivel nacional (7 centros zonales y 9 centros locales). Y conecta a entidades como Ministerio de Salud, Policía Nacional, Fuerzas Armadas (FF.AA.), Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), Bomberos, Agencia Nacional de Tránsito, Aduanas, Gobiernos Autónomos Descentralizados, empresas públicas, entre otros.

La exitosa experiencia ecuatoriana ha generado que varios países busquen replicar el modelo de seguridad ciudadana del Ecuador.

El país es pionero en la región a la hora de aplicar el modelo que materializa las políticas públicas de seguridad. El éxito de esta gestión es reconocida internacionalmente. Por ejemplo, el informe del Igarapé Institute Homicide Monitor, publicado este año, señala que las ciudades ecuatorianas de Ambato, Quito y Cuenca están entre las 10 más seguras de toda América Latina.

La medición se hizo tomando en cuenta la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes.

Previo a la implementación de los ECU-911, en abril de 2008, se creó la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos (STGR), entidad adscrita al Ministerio Coordinador de Seguridad. Esta entidad organizó a la Defensa Civil, y, en septiembre de 2009, el Presidente dispuso que tenga rango de Ministerio.

Esta política pública, pionera en América Latina, determina que las instituciones de respuesta son: cuerpos de Bomberos, Policía Nacional, Cruz Roja y Fuerzas Armadas (FF.AA.).

Una de las muestras del éxito de la creación de la SNGR fue el manejo de situaciones peligrosas, como ocurrió con el terremoto del 16 de abril de este año, cuyos daños fueron más severos en las provincias de Manabí y Esmeraldas. También debió responder a desbordamientos de ríos y deslaves que pusieron en peligro a miles de ciudadanos. La entidad coordinó la asistencia. (I)