“Queremos que el Estado nos dé buena atención en salud, educación, seguridad y delimitación exacta de nuestros territorios para vivir bien, en paz y respetando la naturaleza”, pidió Moi Enomenga, de Queweiriuno, una de las 48 comunidades que conforman la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe), asentadas en la selva de las provincias de Orellana, Pastaza y Napo.

Moi y otros indígenas waoranis coinciden en este pedido durante un recorrido de cuatro días, por río y vía terrestre, que realizó diario El Telégrafo para conocer de primera mano cómo está la presencia del Estado en varias de esas zonas contactadas que mantienen un conflicto étnico con los pueblos en aislamiento taromenani y tagaeiri, que en las últimas décadas ha dejado indígenas, colonos y madereros muertos.

A los pueblos, especialmente en aislamiento, desde el 10 de mayo de 2006 les protegen las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de los pueblos taromenani y tagaeiri, por los riesgos a los que se enfrentan debido, entre otros aspectos, a la tala ilegal de madera fina en su territorio.

En 1999, el Estado reconoció un territorio especial para pueblos en aislamiento llamada Zona Intangible Tagaeiri-Taromenani (ZITT). Esta condición especial fue concebida bajo el criterio de implementar prohibiciones estrictas para ingresar a ese territorio. No obstante, las acciones para viabilizar de forma efectiva principios de protección para pueblos en aislamiento, las ha tomado recién el actual mandatario.

Así por ejemplo, el Gobierno ha adoptado medidas inmediatas: en enero de 2007 emitió un Decreto Ejecutivo para la delimitación de la Zona Intangible; y, el 18 abril de ese mismo año se hizo pública la Política Nacional de los Pueblos en Situación de Aislamiento Voluntario. Este marco normativo establece que el Ministerio de Ambiente primero, y luego del Ministerio de Justicia, es el responsable de la implementación de la política para esos pueblos.   

“En el caso de los pueblos en aislamiento, se plantea  garantizar, con especial atención, los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, igualdad ante la ley, libre movilidad, su derecho al no contacto, a las garantías judiciales, el derecho a la salud, a un medio ambiente sano, a la alimentación, educación en los términos reconocidos por sus costumbres ancestrales y a los beneficios de la cultura”, señala el documento de política nacional de los pueblos en aislamiento.

Eso se busca garantizar a través del control y patrullajes que vienen realizando los miembros del Plan de Medidas Cautelares (PMC), los ministerios de Justicia, Ambiente e Interior, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros entes del Estado. “Los recorridos y patrullajes que hacemos demuestran el trabajo desde el Estado para controlar la zona de protección tagaeiri y taromenani”, sostuvo José Narváez, director del Parque Yasuní, quien  trabaja para el Ministerio del Ambiente en la Estación de Monitoreo de la Zona Intangible de Shiripuno.

En el caso del Ministerio del Ambiente, dijo que se  encargan del control de algún tipo de infracción ambiental en esos territorios; identificar si hay algún movimiento especial en la zona; enfrentar el tráfico de madera y especies silvestres; y apoyar a las comunidades que, como están alejadas, a veces requieren canoas y combustible para, por ejemplo,  evacuar indígenas waoranis enfermos. “Somos un puente entre las comunidades y las autoridades. Somos el equipo que está en contacto  con la gente de las comunidades, quienes nos dicen: ustedes son Estado y nos tienen que ayudar”, contó Narváez. El viceministro de Gobernabilidad del Ministerio del Interior, Óscar Bonilla, le dijo hace poco a este diario que antes del Gobierno de la “Revolución Ciudadana”, el Estado nunca estuvo presente en esas zonas, pero que hoy se trabaja  para tratar de llenar esos vacíos, por ejemplo, en el tema de salud y educación.

Recordó que el PMC que está bajo la competencia del Ministerio de Justicia, determinó formas de intervención orientadas básicamente a la protección de los derechos colectivos no solo de los pueblos waoranis, sino de los pueblos en aislamiento, los cuales se ven expuestos a diversas amenazas.

Sin embargo, Moi y otros indígenas waoranis como Zoila Irumenga, de la comunidad Tobeta, y otros de Nampawero y Miguaguno, coinciden en decir que aún falta la presencia del Estado, por ejemplo, en la construcción de escuelas y colegios adecuados; subcentros de salud; viviendas; dotación de motores para las canoas que les sirve como único medio de transporte; apoyo a microempresas de ecoturismo comunitario como las que ya existen, por iniciativa de la propia comunidad, en Kakatado, Wentado, Apika, Nenkepare y Queweiriuno, etc.

Gracias a la obtención de recursos del ecoturismo, comunidades como Queweiriuno han  construido un colegio científico en el pueblo, en donde ya tienen hasta sexto curso. Allí, además, se investiga cómo eran los waoranis antes y cómo son ahora. En cambio, los jóvenes están rescatando las historias y leyendas waoranis para promoverlas en su educación, así como el idioma nativo (waoterero). “Nos organizamos y nos unimos  tomando en cuenta que la educación es muy importante, pero también pedimos la presencia y el apoyo del Estado en este tema para que nos construya buenas aulas, buenas escuelas y colegios, que nos dé buenos alimentos. Por lo pronto eso entra poco. Se debe tener en cuenta que somos 48 pueblos waoranis que necesitan de más apoyo del Estado”, destacó en este sentido Moi.

También son indispensables fuentes de empleo para los indígenas desde el Estado, no solo desde las petroleras y demás empresas foráneas, para evitar la manipulación y los chantajes que benefician a pocas comunidades y dirigentes y líderes waoranis. Sin embargo, Moi y otros miembros de su etnia creen que tomará un tiempo convencer al resto de comunidades sobre la  necesaria presencia del Estado, ya que hay ciertos líderes  que aún quieren seguir viviendo dentro de sus costumbres, leyes y autoridad.