Niñas taromenanis se quedarán en Yarentaro
El Ministerio de Justicia solicitó que la Fiscalía tome versiones a personas que aseguran tener información del presunto ataque waorani contra el pueblo en aislamiento voluntario taromenani, que habría dejado muertos y dos niñas retenidas. De manera especial se pide la versión de Cawetipe Yeti, líder de la Nacionalidad Waorani de Ecuador (Nawe).
El Ministerio de Justicia requiere que Yeti presente las fotos, videos y demás pruebas que dice tener sobre la muerte de entre 18 y 30 taromenanis, según afirmó públicamente ante medios de comunicación. Además, se busca que Yeti dé las coordenadas del sitio del supuesto ataque waorani del pasado 29 de marzo, en zona intangible de la Amazonía, entre los ríos Tiputini y Cononaco (Orellana).
En este sentido, la viceministra de Justicia, Carmen Simone, en entrevista con El Telégrafo, el miércoles pasado, dijo que si Yeti y otros dirigentes de la Nawe tienen pruebas deben presentarlas a la Fiscalía, “porque al retener esa información pueden incurrir en el delito de obstruir la justicia”.
“Como Ministerio nos corresponde dar seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que se debe investigar”, señaló por su parte Diego Guarderas, subsecretario de Justicia, quien el jueves pasado presentó una denuncia para que se inicie la indagación previa del caso.
Todo ello, tomando en cuenta que el órgano rector para este tema es el Plan de Medidas Cautelares que se aplica en el país en base a las disposiciones emitidas por la CIDH el 10 de mayo de 2006 a Ecuador, para proteger y precautelar los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario, Tagaeiri y Taromenani, así como del entorno en donde se desenvuelven en la Amazonía.
Ayer, Galo Chiriboga, fiscal general, informó que dentro de las investigaciones para encontrar indicios para establecer si hubo el ataque y muertos, han realizado cuatro sobrevuelos, en tres de los cuales ha participado ese organismo, pero que aún no han determinado nada.
Señaló que en julio de 2012, cuando él mismo acudió al sector de Armadillo, pudo constatar que la tala de bosques está avanzando, por lo que se abrió una indagación previa para establecer si se está afectando el área protegida o intangible.
En marzo pasado, tras la muerte de Ompure y Buganey, se abrió otra indagación previa, y una tercera para investigar cómo fueron “encontradas” las dos niñas taromenanis por parte de los waoranis. Dijo que las menores se quedarán en Yarentaro definitivamente, porque si les cambian de ambiente “no sobrevivirían”.
Reveló que, según la versión de las dos niñas, hace algún tiempo, antes del ataque waorani, desde una avioneta les lanzaron comida en la zona intangible y que tras ingerirla fallecieron algunos taromenanis.
Chiriboga resaltó que la Fiscalía desconoce cual es el tratamiento o ley que esas etnias tienen para castigar delitos, por lo que manejarán el tema dentro de las leyes regulares que rigen en el país, y que de encontrar culpables, existe la posibilidad de juzgarlos dentro de la ley y la justicia ordinaria.