Más de cinco siglos después de desembarcar en el continente americano, Cristóbal Colón sigue siendo objeto de polémicas y enfrentamientos. Esta vez entre las autoridades argentinas, que mantienen una disputa sobre la propiedad de un monumento dedicado al navegante en Buenos Aires.

Ubicada en la plaza de su mismo nombre, detrás de la Casa Rosada, la sede presidencial en la capital argentina, la escultura, obra del artista italiano Arnaldo Zocchi, permanecía custodiada por la Policía Federal mientras a sus pies se discutía sobre su traslado o no a Mar del Plata.

La intención del Ejecutivo de Cristina Fernández es reubicar la estatua en esa ciudad de la costa argentina y poner en su lugar otra dedicada a la guerrillera de la Independencia, Juana Azurduy, natural de Sucre (Bolivia), financiada con un millón de dólares donados por el Gobierno de Evo Morales.

Sin embargo, cuando comenzaban los trabajos para desmontarla, el Gobierno de la ciudad, encabezado por el opositor Mauricio Macri, reclamó la propiedad de Colón en base a un proyecto aprobado el pasado jueves por la Legislatura Porteña.

En ese proyecto se declara como “bien integrante del patrimonio histórico y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de la ley 1227 en la Categoría Monumentos, al monumento a Cristóbal Colón emplazado actualmente en la Plaza que lleva el mismo nombre”.

Rodeada de cuerdas, andamios y grúas, la figura del navegante fue testigo durante las horas siguientes de enfrentamientos entre legisladores nacionales y capitalinos, a los que se sumaron representantes de la colectividad italiana en Argentina, quienes, junto al Gobierno de ese país, financiaron la estatua de Colón.

La escultura fue obsequiada a la ciudad de Buenos Aires en 1921 para agradecer la hospitalidad de los argentinos hacia los inmigrantes. “Posee un significado especial para nosotros, ya que los italianos que llegaban aquí lo veían desde el puerto”, explicaba a Efe Valentina Vita, secretaria de presidencia del Comité de Italianos en el Exterior (Comités) días después del anuncio de su traslado.

Entonces, la comunidad italiana ya se manifestó junto a la estatua del navegante para reclamar al Ejecutivo de Fernández que se retractara. La embajada de Italia hizo llegar igualmente una carta a la presidenta argentina, y anunció que se pedirían medidas cautelares para evitar el traslado.

Esta vez, el colectivo italiano cuenta con el apoyo de los legisladores del partido Propuesta Republicana (PRO), que gobierna en la ciudad, y que el viernes convocaron una rueda de prensa para explicar la situación.