La justicia europea determinó que Uber es un servicio de transporte, al que se pueden exigir las mismas licencias y autorizaciones que a los taxis, un revés judicial para la plataforma estadounidense objeto de las críticas de taxistas en todo el mundo.

“El servicio de puesta en contacto con conductores no profesionales prestado por Uber está comprendido en los servicios en el ámbito de los transportes”, por lo que los países “pueden regular los requisitos de prestación de dicho servicio”, indicó en un comunicado el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Con este fallo que sienta jurisprudencia en la UE, el tribunal responde a las dudas planteadas por un tribunal de Barcelona sobre la naturaleza de esta plataforma electrónica antes de resolver una demanda interpuesta en 2014 por una asociación de taxis por competencia desleal.

La empresa con sede en Estados Unidos estimó que la decisión judicial no cambiará la situación “en la mayoría de los países de la UE”, donde ya operan en virtud de la legislación de transporte nacional, indicó una portavoz de Uber.

‘Elemento principal’
La clave del fallo era determinar la naturaleza de este tipo de plataformas, que ofrecen precios más bajos por el mismo servicio y están en el punto de mira de taxistas de todo el planeta, desde España a Brasil, pasando por Ecuador y El Salvador.

La justicia europea considera que Uber “no se limita a un servicio de intermediación”, de poner en contacto mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración, a clientes con conductores no profesionales que utilizan sus vehículos para un servicio.

Uber crea “una oferta de servicios de transporte urbano” y su aplicación es “indispensable” tanto para los conductores, sobre quienes ejerce también una “influencia decisiva” sobre las condiciones de prestación del servicio, como para los clientes.

Esta plataforma, cuyo “elemento principal es un servicio de transporte”, responde así en virtud del marco legal europeo al “ámbito de los transportes” y no al “de la sociedad de la información”.

Al ser una prestación de movilización, las diferentes administraciones de los países europeos pueden regular las condiciones de prestación, como en el caso de Barcelona, donde los taxistas deben disponer de licencias para poder operar. (I)