El proyecto busca mayor seguridad y democratización informática
El software libre apunta a construir un conocimiento colectivo
“El software libre permite la construcción de una sociedad más ética”, dice Charles Escobar, integrante de la Asociación de Software Libre del Ecuador (ASLE).
El software es calificado como ‘libre’ cuando sus especificaciones en la licencia permiten al usuario emplear el producto para cualquier propósito, sin ninguna restricción. Se puede copiar, distribuir, modificar y publicar el producto mejorado. Estos 4 puntos definen al software de uso libre.
En Ecuador hay proyectos y grupos que impulsan el software libre sobre el privado. Entre estas se encuentra la ASLE, integrada por 70 socios de las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Loja, Imbabura y Manabí.
Esta iniciativa busca consolidarse en el país. Se implementa en varias empresas públicas y privadas, como TAME, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y TV Cable, que usan, por ejemplo, software libre en sus centrales telefónicas.
A este programa de telefonía IP se conoce con el nombre de Elastix. Permite integrar en una misma red las comunicaciones de voz y dato. La compañía, que lo opera, subió el código completo del programa a internet en 2006 para libre acceso. El usuario, dice el gerente regional Luis Almeida, es completamente “dueño de la tecnología”.
La propuesta de implementar su uso en las instituciones públicas tiene el respaldo del presidente Rafael Correa, quien mediante Decreto Ejecutivo 1014, estableció la utilización del software libre en sus sistemas y equipamientos informáticos como política pública. El decreto, que se firmó en 2008, expone el interés que tiene el Gobierno de “alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así como un significativo ahorro de recursos...”.
El interés del Ejecutivo nació en el marco de la suscripción de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico de 2007. Además, Correa se reunió con Richard Stallman, quien es conocido como el ‘padre del software libre, quien motivó el uso en las instancias gubernamentales, en 2006, cuando ganó las elecciones presidenciales.
En 2008, el Gobierno ecuatoriano creó la Subsecretaría de Gobierno Electrónico, que se encarga de aprobar la adquisición de licencias para el uso en las instituciones estatales; es decir, cuando una cartera de Estado desea comprar un programa de edición de video, por ejemplo, la Subsecretaría se encarga de verificar si existe uno libre y si se ajusta a los requerimientos solicitados. Según Gliden Morocho, especialista de gestión dentro de la Subsecretaría de Gobierno Electrónico, hasta el momento el 80% de programas es de software libre.
Pero, Jenny Torres, quien es la encargada del área de investigación de software libre de Flok Society, no lo cree. “Sé que empezaron a migrar, pero el 80% es enorme”.
Flok Society es un proyecto investigativo impulsado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, el Ministerio Coordinador del Conocimiento y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que busca una sociedad del conocimiento libre, abierto y común. Torres propone un estudio del uso y aplicación de software libre en Ecuador. Considera que entre las ventajas están la seguridad, costo y democratización del acceso a las tecnologías de la información.
Morocho advierte que software libre no es igual a gratis. “Los costos pueden ser los mismos, pero se tiene independencia tecnológica”. Explica que el usuario puede modificarlo según sus necesidades, a diferencia de un software privado.
Según Escobar, con el uso se logra la independencia de las transnacionales que generan “dependencia de marca”.
Almeida cree que con el software privado no se tiene la seguridad que tenga una “puerta trasera o algún agujero” que permita la filtración externa, en donde se envíe la información a terceras personas hasta con un fin de “espionaje”. Julian Assange (2012) y Edward Snowden (2013) denunciaron filtraciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) del Departamento de Estado de EE.UU. (Vea entrevista).
Escobar apunta que el usuario no considera la privacidad como derecho humano. Concluye que “vulnerar una computadora es casi como tomar un cuchillo y meterlo por la mantequilla”.