Entre 2015 y el 12 de agosto de 2019 el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ha otorgado visas a 2.585 ciudadanos de África y a 37.341 ciudadanos de Asia.  

Nigeria es el país africano con mayor número de documentos entregados por Ecuador: 579 visas, mientras que China, de Asia, ha recibido 28.064 visas.

Los registros de la Cancillería detallan que la permanencia irregular de extranjeros provenientes de Libia supera en un 233% los arribos regulares en lo que va de este año (2019).

Además, según la ministra de Gobierno, María Paula Romo, “en lo que va de este año hay 2.044 ciudadanos de Camerún que han llegado al Ecuador y tenemos registradas 20 salidas”.

Estos datos refuerzan la tesis del Gobierno Nacional de que la excesiva flexibilidad en el ingreso de extranjeros establecida durante la década pasada convirtió al país en un atractivo para la trata de personas.

Por ello el Ejecutivo decidió solicitar el documento a ciudadanos de Angola, Camerún, Gambia, Ghana, Guinea, India, Irak, Libia, República Democrática del Congo, Siria y Sri Lanka.

Así mismo, el 25 de julio de 2019 se emitió un decreto estableciendo la solicitud de visa a los venezolanos que ingresen al país desde el 26 de agosto.

El excanciller Heinz Moeller es partidario de que ahora se solicite visa a determinadas naciones por el acelerado crecimiento de movilidad humana en el país.  

“Este es un problema social y económico para un país que está en desarrollo y que debe cuidar soberanamente de los suyos; la solución de esos países que no tienen ni para darles de comer no es superpoblar otros países”, recalcó.

La legisladora de PAIS, Ximena Peña, quien es parte del grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas con Movilidad Humana, dice que la medida busca prevenir delitos como la trata y el tráfico de personas, según lo investigado por las autoridades.

En este caso el principio de ciudadanía universal no aplica “pues se debe preservar el derecho de las personas en su seguridad”, dijo Peña.

Pero Jorge Cárdenas, de Revolución Ciudadana y del mismo grupo parlamentario, insta a rechazar el prejuzgamiento por el lugar de origen y condiciones socioeconómicas para no atentar contra sus derechos humanos.

Moeller aclara que no es que se les niega la entrada, sino que es una regulación protectora del país receptor. Cita como ejemplo los acuerdos logrados con España hace más de 20 años en los que se reguló la entrada y salida de ciudadanos, lo que permitió el desarrollo de una comunidad organizada. (I)