En estos días han publicado dos reportajes -uno de Visión 360 y otro de la revista Plan V- sobre la escalofriante realidad que se vive en Ecuador en términos de violencia de género en contra de las mujeres y las niñas.

En el reportaje televisivo de Visión 360, Carolina Mella aborda el tema del incesto en las familias ecuatorianas. Niñas que han sido violadas sistemáticamente a lo largo de muchos años por sus padres, tíos, abuelos u otros parientes cercanos, y que, a causa de un embarazo, interrumpieron sus estudios para criar a los hijos que nunca desearon y que no consiguen querer.

El reportaje de Plan V, elaborado por Susana Morán, es todavía más desgarrador. Cuenta la historia de Gaby, quien fue violada por su padre cuando tenía 11 años, tuvo un hijo a quien rechaza; pero la administración de justicia no le permite entregarlo en adopción.

A estos reportajes se suman otros que se vienen publicando desde hace algunos meses en otros medios de comunicación como Vistazo, GK o Wambra. Las cifras hieren como puñales: a escala nacional, 17.448 niñas menores de 14 años parieron entre 2009 y 2016. A esto se suma que el 80% de los agresores son padres, tíos, primos, hermanos y abuelos de las víctimas.

Cada día, siete niñas menores de 14 años dan a luz en nuestro país. Son 2.600 niñas que paren al año. La Fiscalía recibió 5.051 denuncias de violaciones en 2018. Solo en enero de 2019 se registraron 341 agresiones de este tipo. Son 14 denuncias de violación diarias. De esas, apenas el 17% obtiene sentencia condenatoria.

Una de las consecuencias de este tipo de agresión es la gestación. En los últimos 10 años el embarazo en niñas de entre 10 y 14 años se incrementó 74,8%. El proceso de traer una nueva vida al mundo no es fácil para las menores. El 71% presenta complicaciones en el embarazo, por anemia, desnutrición o alguna infección.

Las niñas menores de 15 años tienen cinco veces más probabilidades de morir durante el embarazo y los hijos de mujeres menores de 18 años tienen 60% más de probabilidades de morir durante su primer año de vida.

Miremos de nuevo estas cifras que evidencian una realidad de pesadilla: en Ecuador la violencia contra las mujeres va en aumento y se ensaña con las niñas y las adolescentes, incluso dentro de sus hogares. Sin embargo, el Estado criminaliza el aborto, aun cuando quienes abortan son mujeres o niñas que han sido violadas.

De las 301 mujeres judicializadas por aborto en Ecuador en los últimos años, el 70% son adolescentes de menos de 19 años. Un Estado que no fue capaz de proteger a las mujeres que vivieron violencia sexual no las puede condenar a la cárcel por abortar.
No las puede obligar a parir. No las puede enviar a morir en abortos clandestinos.

Una ley que amplíe las causales por las que se puede obtener un aborto legal en el país no obligará a ninguna mujer embarazada a abortar. Es -simplemente- dar a las niñas y mujeres que han sido víctimas de un crimen espantoso una opción médica para no continuar con un embarazo que las afecta y las tortura día a día.

La despenalización del aborto debe ser vista como un tema de prioridad de la salud pública. (O)