La Asamblea Nacional ha entrado a su segundo período de labores con nuevas autoridades. Para conseguir estas designaciones diferentes bloques políticos llegaron a un acuerdo multipartidista que tiene por premisa una agenda legislativa pragmática que garantice gobernabilidad y estabilidad.

En este nuevo escenario, y a propósito de la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuyo informe pasó a segundo debate, el Legislativo tiene otra vez la oportunidad de resarcir en algo los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, adolescentes y niñas que han sido violadas, embarazadas, y que no quieran parir a los hijos de ese crimen.

Solo cuando el Estado enfrente el problema de los embarazos producto de una violación de manera integral, le enviará a la sociedad un mensaje necesario y urgente: la vida y la salud de las mujeres y de las niñas son temas prioritarios. Por el contrario, un Estado que obliga a una mujer o a una niña que fueron violadas a continuar con un embarazo que aborrecen es un Estado indolente y torturador de mujeres.

La maternidad forzada no solo no es terapéutica, es violenta, genera víctimas y daños a menudo irreparables. Forzar a una mujer violada a parir tiene un nombre científico, se llama iatrogenia. La iatrogenia se da cuando mediante un acto médico se daña la salud de un paciente.

Puede darse por imprudencia, impericia, error o elección incorrecta de un tratamiento. Siendo un concepto muy médico, su esencia es profundamente social, es decir, es posible trasladarla a otros ámbitos del quehacer de un país, como lo son la elaboración o reforma de leyes.

Impedir que una mujer violada aborte con seguridad, en forma legal y dentro del sistema de salud público, es lo más iatrogénico que en la práctica médica se puede dar. Es hacer caso omiso de que existen momentos trascendentales en la vida de las mujeres y que traer un niño al mundo es uno de ellos. Mientras para muchas mujeres, la noticia de estar embarazada es planificada, esperada, anhelada; para otras no.

Para la mayoría de mujeres adultas que han sido agredidas sexualmente, la posibilidad de estar encinta es una posibilidad terrorífica. Ellas saben lo que significa parir otra vida y hacerse cargo de ella. Para las adolescentes, y peor aún para las niñas, el embarazo es un estado muy lejano, improbable, incomprensible. Cuando las violan y embarazan la afectación a su vida y salud integral es devastadora.

En Ecuador hay una anticultura de violencia sexual, de violación y de iatrogenia estatal y estructural. Es por esto que despenalizar el aborto por violación es una oportunidad histórica que tiene la Asamblea Nacional para dejar de revictimizar a todas estas mujeres y proporcionarles algo de la reparación integral a la que tienen derecho. (O)