Es extranjero. En 2013, llegó de Barquisimeto, Venezuela, para estudiar en la FLACSO, Quito, en Ecuador. También es activista de la comunidad Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex. Se llama

Rafael Garrido, tiene 34 años, y el próximo 27 de junio lanzará su primer libro en este país: Violencia contra las mujeres lesbianas y hombres gays en Quito 2008-2015.

Con él hablamos del matrimonio igualitario y los prejuicios de la sociedad sobre esta comunidad.

¿El matrimonio es un contrato establecido por el Estado para regular las relaciones de hecho?

El matrimonio es un contrato, una institución con matices religiosos, pero desde el siglo XX es un tema civil que requiere regulación jurídica. Ha sido marcado como institución heterosexual, pero los avances y reconocimientos de las diversidades sexuales y de géneros, que luchan por sus derechos, han permitido acceder al matrimonio igualitario a otras parejas del mismo sexo.

La sentencia de la Corte Constitucional (CC) ha levantado críticas y amenazas de grupos religiosos y Provida. ¿Cómo hacer para que ellos comprendan que es un tema de derechos?

Es un trabajo de mucha educación y difusión, de derechos, de justicia, de dignidad, de igualdad y de protección a las minorías. Pero los valores morales y religiosos arraigados en la sociedad tratan de imponerse sobre los derechos humanos. Nuestro deber es informar a la gente la distorsión y desinformación. Los grupos Provida y los religiosos también aprovechan el desconocimiento de los ciudadanos en este tema y manipulan la información a manera de protección moral.

Esos grupos piden destituir a los jueces de la Corte Constitucional que aprobaron ese matrimonio.

Creo que la petición no tiene asidero jurídico. Los jueces han cumplido con su deber de interpretar la Constitución. Actuaron apegados al derecho y son un cuerpo colegiado que tomó la decisión por mayoría. Ellos razonaron su posición con argumentos jurídicos. Las personas pueden no estar de acuerdo, pero en el Estado de derecho y de justicia son mandato. Hay que cumplir y dar seguimiento; no tiene ningún fundamento pedir sanciones para los jueces.

Pero también recogen firmas para hacer una consulta popular sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En primer lugar, hay un error conceptual, reivindicamos el derecho a la igualdad, el matrimonio igualitario es un derecho, según la CIDH. Por lo tanto, es un error pedir una consulta popular sobre un derecho. Por ejemplo, es un derecho de los pueblos y nacionalidades ser consultados cuando se toman medidas o cuando se quieren hacer proyectos, obras o actividades en sus territorios. En segundo lugar, cualquier consulta tiene que pasar por la Corte Constitucional que debe dar su visto bueno. Si eso pasa, la CC debe ratificar su sentencia.

¿Qué opina de las manifestaciones de los grupos Provida?

Las manifestaciones son legítimas, un derecho de los ciudadanos y de la libertad de expresión. Sin embargo, esto responde a la manipulación. En muchos casos los líderes religiosos dan discursos de odio, basados en prejuicios morales que atentan contra ese reconocimiento del matrimonio igualitario a nivel regional. El tema es imparable. Lentamente se ha posicionado en los países de América Latina. Y lo ocurrido en Ecuador responde a esa situación.

El pastor evangélico Santiago Fiallo sostuvo que no se puede aceptar el matrimonio igualitario por una cuestión de “moralidad, por la genética, por la ciencia, por la razón (...), porque la familia nace de una relación heterosexual”.

Primero, el ámbito religioso es muy distinto al del Estado, que es laico y que responde a los derechos humanos consagrados en la Constitución. El Estado no puede asumir la postura evangélica o católica. No regula el matrimonio eclesiástico, eso le corresponde a las autoridades civiles. Esas críticas están fuera de lugar, no hay nada inmoral en el matrimonio igualitario. Es solo un reconocimiento jurídico y legal, tal como han tenido las parejas heterosexuales. Ese discurso de odio es una forma de violencia contra las personas de diversidad sexual.

¿Por qué razones cree que hay toda esa oposición a ese tema?

Por prejuicios, fundamentados en creencias religiosas y en manipulación. Los medios han sido históricamente responsables de este tipo de situaciones, pues han exhibido programas de humor con personas gays o trans. También los grupos conservadores y religiosos tergiversan el discurso de derechos y lo relacionan con la pedofilia y abuso de niños. Con todo eso, la gente siente que somos una amenaza, pero no es así.

¿Es un tema de educación y de cultura?

Los niños responden a la educación que les damos y a los prejuicios que aprenden en los entornos sociales. Por ello, es importante hablarles sobre las diversidades sexuales. Las orientaciones sociales son siempre hacia las parejas heterosexuales. Decirles que hay parejas del mismo sexo ayudará a evitar acciones de odio en el futuro. Es muy importante hablar francamente con los pequeños que no tienen miedo a la diferencia.

La homofobia y diversas formas de discriminación han llegado inclusive a casos de extrema violencia hacia las personas con diversas preferencias sexuales. Usted escribió un libro sobre el tema, ¿qué encontró?

Retraté nueve casos de personas de las diversidades sexuales que fueron víctimas de violencia. Todos ellos estuvieron en la desprotección y en el desamparo. Ni el sistema legal ni el de salud respondieron para ayudarlos.

En la actualidad, la violencia tiene otras formas: una es la directa como dar golpes, o mantener tratos crueles e inhumanos que llevan a la muerte. Otra es la indirecta, la violencia sutil, la que nace en la estructura social de discriminación y de la negación de la diversidad sexual. En este país, la homosexualidad fue un delito hasta 1997.

La violencia exacerbada y los ataques de odio a las lesbianas, gays y trans han mutado en violencia sutil. Las ligas barriales, por ejemplo, han ejercido la forma de violencia de discriminación y exclusión. Hace unos días, en Cuenca, hubo ataques de odio y golpes contra un integrante de la comunidad GLBTI. En este país, el delito de odio está penado por el Código Orgánico Integral Penal (COIP), pero no hay sentencias.

¿Puede citar ejemplos de esa discriminación?

Cuando se aprobó la unión de hecho en las notarías muchos GLBTI no lograron acceder a ese derecho. Otro ejemplo, a las dos madres de Satya, durante años, les negaron su derecho a registrarla con ambos apellidos maternos. La Liga Barrial excluyó de su equipo a dos mujeres lesbianas por darse un beso al final de un partido de fútbol. Ese tipo de situaciones son violencia estructural e invisible porque la gente no las nota y las naturaliza.

Los colectivos trans han denunciado actos de violencia e incluso crímenes.

Es el colectivo más vulnerable porque los trans tienen un rostro más visible. Un gay puede ocultarse, pero un trans no. Personalmente, creo que hay un problema contra la feminidad. Eso está presente en los femicidios, que toma alguna forma en los cuerpos feminizados. En estos casos, se reacciona con la violencia contra los trans y la ocupación de un espacio público. Esos delitos de odio habían bajado pero ahora hay un repunte, como una respuesta al discurso de odio.

¿Pero qué han hecho las autoridades de la Policía y de la Fiscalía para proteger y dar justicia a las víctimas?

No han hecho mucho por investigar ni por brindar justicia; ojalá hubiera una sentencia condenatoria para frenar ese tipo de violencia. Cuando hay impunidad se le dice a la gente que la violencia es el castigo por tener una identidad sexual distinta. La intolerancia y la incomprensión hacia esta comunidad propicia señalarlos como individuos enfermos y con anormalidades. Por eso se origina su discriminación y rechazo social que les afecta en múltiples ámbitos de sus vidas. (I)