Sentado en una silla de plástico un hombre dirige el tráfico vehicular dentro del campus de la Universidad de Guayaquil, cerca del edificio del rectorado. 

Extiende su mano para detener la marcha de uno y con la otra sujeta una franela sucia. Las sillas las utiliza como conos para guardar un parqueo a sus “clientes”.

Él es una de las personas que “cuidan” los vehículos estacionados en la universidad más grande del país y que lucra de sus áreas. 

“Sí hay parqueo. Cuesta $ 2”, vocea el espontáneo cuidador que utiliza chaleco de color naranja y un pito.

En el centro de estudios entran a cada hora 1.200 vehículos conducidos por estudiantes, docentes, autoridades, trabajadores y personas que no están vinculadas a esa comunidad.

La inseguridad se evidenció en este año con la detonación de dos artefactos explosivos que dañó a los carros estacionados. Los autores materiales aún no han sido identificados.

El rector Roberto Passailaigue reconoce que en el centro no hay control hace años. “En estos momentos no se sabe quiénes son los que cuidan, ni de la plata que reciben. Ellos se apropian de los terrenos”, dice resignado.

Por ese motivo, hace 17 días presentó un Plan de Seguridad, el cual incluye la instalación de cámaras, monitoreo y control de ingresos y salidas.

Aunque aún no se sabe la fecha de inicio ni cómo se financiará. “Lo tenemos listo, pero el Ministerio de Finanzas no nos entrega los fondos que nos corresponden. Deslindo cualquier inconveniente que se tenga por falta de seguridad”.

Justamente, Víctor Llamuca, quien es uno de los 60 guardias de la universidad, asegura que su vida ha estado en peligro.

 Él, que lleva 20 años desempeñándose en este cargo, custodia la puerta 1 (Malecón 2000), que desde las 16:30 es abierta para la salida de vehículos. Pero es aprovechada por motociclistas que andan a velocidad. “En una ocasión me ‘tiraron’ el carro, por lo que fui hospitalizado. Hay horas incontrolables”.

Al respecto, el rector adelanta que a los guardias se les hará  una evaluación para ver sus competencias y aptitudes para el desempeño de sus cargos.

La entidad realizará un proceso de capacitación todos los sábados para que actúen eficientemente. “Queremos  profesionalizarlos. Los próximos contratados tendrán que cumplir más requisitos, como haber pertenecido a la fuerza pública o (empresas) de seguridad”.

El caos se nota en las zonas exclusivas para caminar por los exteriores de las facultades de Jurisprudencia. Allí los dueños de motocicletas las usan como parqueaderos.

Otro de los problemas que se viven en el campus es el descontrolado número de vendedores ambulantes.

Algunos empujan carretas y recorren las facultades para vender sus productos; mientras que otros se instalan en los exteriores para ofrecer desde caramelos hasta sánduches mixtos.

Los estudiantes, sobre todo los que cursan sus clases en la noche, expresan su preocupación por los peligros a los que están expuestos.

Los alumnos de Sociología, por ejemplo, recuerdan el robo de los proyectores en todos los salones.

Pero  no solo eso, pues en este año también se sustrajeron las llaves de agua de la Facultad de Jurisprudencia.

Jean Carlos Intriago, representante de la Asociación Escuela de Medicina, manifiesta que hace ocho meses la Comisión Interventora llegó a la Universidad con la promesa de que iba a mejorar, sin embargo, el cambio no se ha dado. 

“También han ocurrido  robos de laptops en el propio rectorado”, indica indignado.

Para Intriago en el centro  tiene que haber un programa de regularización. “No porque hay muchos vendedores hay inseguridad. “No estamos a favor del caos, pero tampoco de las injusticias”.

De igual manera, los docentes denuncian que sus clases son interrumpidas siempre por personas que ingresan a las aulas a pedir caridad. “Y nadie les impide que hagan eso”. (I)