El Tribunal Supremo de Justicia de Irlanda inició ayer la revisión del recurso de apelación presentado por una mujer en estado terminal que pidió recibir de su marido un suicidio asistido, prohibido en ese país.

Marie Fleming ha apelado ante el Supremo después de que un tribunal le rechazara el pasado diciembre el derecho a que su marido le ayude a quitarse la vida.

En Irlanda, el suicidio asistido, conocido como eutanasia, está prohibido en la "Ley de Derecho Criminal (Suicidio)" de 1993, y esta indica que el tiempo de condena es de máximo 14 años de cárcel para quien "ayude, instigue, aconseje o procure" un suicidio asistido.   

Según argumentaron los abogados de Fleming, apelaron el rechazo porque la ley es inconstitucional, violó los derechos de dignidad, privacidad y autonomía.

Además, los juristas plantearon que la ley también atentó contra la vida de su clienta, de acuerdo con los principios recogidos en la Constitución irlandesa y en la Convención Europea de Derechos Humanos (ECHR, por sus siglas en inglés).

Marie Fleming es una ex profesora universitaria de 59 años. Ella fue diagnosticada de esclerosis múltiple en 1986 y lleva más de 25 años en silla de ruedas.

El Alto Tribunal de Dublín, compuesto por tres jueces, desestimó el pasado 10 de enero estos argumentos al asegurar que la legislación no "infringe de manera desproporcionada" los derechos constitucionales de la demandante.

Los jueces también rechazaron entonces los alegatos de la Comisión Irlandesa de Derechos Humanos (IHRC), una de las partes invitadas a presentar de nuevo ante el Tribunal Supremo argumentos legales a favor de un cambio en la legislación vigente.

La Comisión quiere que la justicia irlandesa decida si la criminalización de la eutanasia se justifica en los casos en los que deben "prevalecer" los "derechos personales" de las personas que solicitan un suicidio asistido.

La IHRC sostuvo que en otros países como Reino Unido o Canadá, sus respectivas Fiscalías disponen de unas "directrices claras" que delimitan los casos en los que "pueden o deben" actuar.

Dada la importancia de este caso, sin precedentes en la jurisprudencia irlandesa, el Tribunal Supremo de Justicia se conformó por siete jueces, que desde ayer y durante tres días analizarán el recurso de apelación, aunque se espera que la petición de Fleming tampoco prospere en esta oportunidad.