Por ser extranjero, por ser refugiado o por vivir con VIH, aún se sufre discriminación en Ecuador. Entre julio y agosto dos refugiados colombianos que viven en Guayaquil y un ecuatoriano aspirante a oficial de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) no fueron admitidos por sus condiciones migratorias y de salud, respectivamente.

Ramiro G. (nombre protegido) quería ser oficial de la CTE. Vio la convocatoria en la página web de la institución y se inscribió en la Escuela de Formación de Oficiales y Tropa de la institución pública.

Entre octubre y diciembre superó las pruebas físicas. La CTE le solicitó pruebas médicas para “conocer el estado de salud”. La defensa presentada por la Defensoría del Pueblo (DPE) señala que no le pidieron autorización para la prueba de VIH.

En diciembre, Ramiro fue declarado “idóneo” por las pruebas médicas. Sin embargo, la CTE no debió “autorizar, solicitar o disponer” el examen de VIH, ni enterarse de los resultados. Esta acción se encuentra “prohibida legal y constitucionalmente”, establece la DPE. Tras las pruebas académicas, Ramiro fue considerado “idóneo”, pero nunca lo llamaron al curso de vigilantes iniciado en febrero.

Considerando esta información y otros datos que aparecieron en el proceso de indagación, Alicia Argüello, jueza segunda de Garantías Penales del Guayas, resolvió esta semana que la CTE había vulnerado los derechos constitucionales del aspirante, al realizar un examen sin su consentimiento. Estableció además que la institución le había dado un trato excluyente. La jueza determinó que Ramiro debía ingresar a la escuela de formación, y señaló que la CTE no puede en el futuro realizar el examen de VIH a los aspirantes.

La decisión se fundamenta en la Declaración de compromiso -Ungass, aprobada en la 8va Asamblea General de la ONU en 2001, cuyo artículo 59 establece que los estados firmantes deben “Promulgar, fortalecer o hacer cumplir leyes a fin de eliminar la discriminación contra personas con VIH”.

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Jairo F. y Adimir C. son dos de los 56.000 refugiados colombianos que buscan una realidad diferente, alejados de su país por la violencia armada.

En el documento presentado por la Defensoría del Pueblo (DPE), institución que defendió legalmente la causa, se explica que los extranjeros presentaron en la CTE su carné de refugiados, entregado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. “Les exigieron como último requisito que presenten su cédula de identidad ecuatoriana, documento que era imposible que posean por su condición de refugiados”.

Sobre este caso, el juez décimo noveno de garantías penales, Reynaldo Cevallos, dispuso que la CTE no solicite la cédula de identidad a las personas que se encuentran en calidad de refugiadas, situación acreditada por su carné.

El juez determinó que la CTE vulneró los derechos de los refugiados, ya que el Estado debe precautelar el derecho “a acceder a bienes y servicios públicos de calidad, con eficiencia y buen trato”.

Estas demandas tienen respaldo en la Constitución que establece en su artículo dos la igualdad de todas las personas ante la ley, sin discriminación alguna de por medio.