El primer paso para instituir el laicismo en el mundo se dio en Francia en 1789 cuando se llamó a Estados Generales y se votó la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Al Ecuador el laicismo le llegó mucho más tarde, en 1897 y de la mano de Eloy Alfaro. La separación entre Iglesia y Estado fue el principal aporte de la revolución alfarista para que nuestro país ingresara a la modernidad. Desde entonces, el Estado laico se ha ido construyendo en forma lenta, paulatinamente. Es complicado cambiar la idiosincrasia de un pueblo a través de leyes. A Alfaro de alguna manera esto le costó la vida.

Un debate sobre derechos

Pese a sus limitaciones, el Estado laico es en nuestros días el mayor garante de las libertades públicas. En ese contexto, las organizaciones feministas han venido esgrimiento argumentos y aportando razones para que el Estado entienda que el aborto es un problema de salud pública y que, por lo tanto no puede ser abordado desde la criminalización. En 2007 grupos antiderechos llegaron a Monticristi con la exigencia de que la Constitución prohibiera todo tipo de aborto, incluso el terapéutico. Una pequeña batalla se ganó entonces. La norma penal respecto al aborto quedó como estaba desde 1938, es decir, con dos causales en las cuales el aborto no era delito: cuando estuviera en riesgo la vida o la salud de la mujer y cuando la mujer hubiera sido violada y tuviera discapacidad mental.

En octubre del 2013 se dio una oportunidad histórica para que la Asamblea ampliara las causales de despenalización del aborto.

Fue en el segundo debate del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuando la entonces asambleísta Paola Pabón mocionó que se exceptúe de la votación el art. 150 para debatir y votar por separado la despenalización del aborto en caso de violación, sin importar que la mujer tuviera o no discapacidad mental.

En ese momento, en ese debate, algunas legisladoras compartieron datos escalofriantes. Cada día se registraban 14 denuncias de mujeres violadas (fuente Fiscalía), de 3’804.976 mujeres en edad fértil, una de cada cuatro había sufrido violencia sexual (fuente INEC); entre el 16 al 30% de mujeres pueden embarazarse luego de una violación sexual (fuente Congreso Americano de Obstetras y Ginecólogos 2012); 3.684 niñas entre 12 y 14 años fueron violadas en 2010 (fuente INEC).

En 2013 una encuesta de Cedatos determinó que el 64% de la población estaba de acuerdo con la despenalización del aborto en caso de violación. Pero el entonces presidente Rafael Correa mandó a callar a sus asambleístas e impidió toda posibilidad de debate. Incluso llegó a amenazar con renunciar si el tema se seguía discutiendo en el Pleno.
Debido a esa pataleta de Correa, no solo no se pagó la deuda histórica con las mujeres, sino que esta se hizo aún más grande, pesada y vergonzosa.

La actualidad

Han pasado seis años desde entonces. El escenario hoy es bastante diferente. En primer lugar, la campaña argentina para legalizar el aborto traspasó fronteras y pegó con fuerza en toda Latinoamérica. En Ecuador las organizaciones feministas nos dedicamos estos años a levantar información que prueba que la criminilización del aborto no solo no impide su práctica, sino que incrementa el problema. También el panorama político del país es otro. Lenín Moreno no solo no es un curuchupa autoritario como Correa, sino que tampoco impone su postura sobre la despenalización del aborto –cualquiera que esta sea- a su bloque legislativo.

Será ley

Dos hechos recientes patearon el tablero político a favor de despenalización del aborto. Uno de ellos se dio en enero durante el primer debate del COIP cuando la asambleísta independiente María Mercedes Cuesta -conocida por su defensa de la vida desde la concepción- subrayó con una pregunta el verdadero sentido del debate: ¿Debe el Estado criminalizar a una mujer violada que abortó? Ella misma se respondió diciendo que no, que eso era cruel e inadmisible. Su discurso se hizo viral, a partir de ese momento la prensa cubrió este tema desde ese mismo cuestionamiento puntual y urgente.

El segundo hecho que remeció a la clase política y a la opinión pública se dio cuando el portal de noticias GK publicó un reportaje que aseguraba que Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, había trasmitido a su bloque que a su parecer una mujer violada no puede ser revictimizada por el Estado si decide abortar y que él está a favor de despenalizar el aborto en casos de violación.

Luego de esta publicación, Nebot emitió un comunicado en el que ratificó lo dicho por GK y volvió a tocar este tema un par de semanas después en una entrevista con Andeson Boscan en La Posta.

En la Asamblea, las intervenciones de los legisladores que están a favor de la despenalización del aborto han estado impecablemente sostenidas con argumentaciones jurídicas, médicas y sociales, con datos estadísticos e información científica. La necesidad de ampliar las causales de despenalización del aborto se ha socializado y debatido intensamente en medios de comunicación y en espacios académicos. Incluso algunos movimientos y partidos políticos -como Alianza PAIS e Izquierda Democrática- han emitido comunicados a favor de la despenalización del aborto en casos de violación.

Asimismo, organizaciones sociales como la Conaie, el Frente Unitario de Trabajadores, la Ecuarrunari, la Junta de Protección de Derechos y la Coalición Nacional de Mujeres también se pronunciaron en contra de que se criminalice a las mujeres violadas que abortan. Todo esto seguro ha calado en la opinión pública, pues de acuerdo con una encuesta de Cedatos de julio de este año, el 73,4% de la ciudadanía está de acuerdo en despenalizar el aborto en casos de violación.

Este miércoles 18 de septiembre la Asamblea votará el COIP y dentro de este, interrumpir embarazos en casos de violación. No importa el resultado, gracias al trabajo incansable de las feministas, en Ecuador ya se ha operado la despenalización social del aborto.

Más temprano que tarde, la ampliación de las causales de aborto no punible se convertirán en ley. (O)