En Ecuador, la situación de alrededor de 500.000 personas con discapacidad ha mejorado desde 2012 con la elaboración de un registro oficial y dos años después con una normativa adecuada.

El Gobierno, en los últimos dos años ha presupuestado alrededor de $ 200 millones para atender a este sector vulnerable de la sociedad.

El rubro se distribuye así: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) destinó $ 173’000.000 en 2018; Ministerio de Salud Pública (MSP), en ese mismo año, $ 20’322.491; mientras que en 2019 el Ministerio del Deporte la suma de $ 3’013.763; y el Ministerio de Educación (en instituciones educativas especializadas), $ 1’342.315.

A pesar de que las ayudas gubernamentales se iniciaron en 2010, dos años más tarde y cuando se promulgó la Ley Orgánica de Discapacidades, esta realidad cambió. Pero  aún falta implementar planes de inclusión y movilidad; y así lo reclaman los sectores.

Tatiana Rosero, secretaria técnica del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), aplaude la creación de la norma. “Lo que la ley hace es generar oportunidad que no ha existido por las propias condiciones de la sociedad o por líneas del trabajo que históricamente en el país han surgido. Hizo que se piense en el tema de discapacidad y se implementen acciones”.

El tipo de discapacidad son las características que presenta una persona de acuerdo a sus dificultades y limitaciones para mirar, escuchar o desplazarse. Cada una de ellas puede tener un porcentaje de gravedad que varía entre el 30% al 100%.

En Ecuador, el 55,94% de hombres y el 44,06% de mujeres tienen algún tipo de discapacidad. Guayas registra el mayor número de personas con algún tipo de discapacidad.

Para Rosero, es necesario entender que se trata de un ciudadano más: “Todos tenemos los mismos derechos y necesidades. Por lo tanto, el Estado lo que hace es crear la oportunidad para que las personas con discapacidad podamos ejercer nuestros derechos”.

De acuerdo con Mónica Ullauri, subsecretaria de Discapacidades del MIES, a nivel de gobierno existen varios programas para ayudar a las personas con discapacidad.

Uno de ellos es la Agenda Nacional de Discapacidades 2017-2021, en donde se define el trabajo de las distintas carteras de Estado y sus competencias en el sector social.

Por ejemplo, el MSP es responsable del tema de atención, carnetización, prevención, atención y rehabilitación de personas con discapacidad; el de Trabajo supervisa el cumplimiento del 4% de la cuota de personas con discapacidad que estipula la ley; y el MIES en generar atención y protección social a las personas y sus familias.

Para la titular del Conadis, este sistema de protección se evidencia en servicios sociales, sistemas de cuidados, bonos y pensiones.

“No solo son una prestación económica o un valor que se entrega a una persona con discapacidad y a su familia, es un recurso que le permite garantizar de alguna manera el acceso a alimentación, a un servicio”.

31.000 personas reciben ahora el Bono Joaquín Gallegos Lara

En 2010 nació el Bono Joaquín Gallegos Lara con alrededor de 2.000 beneficiarios, para ayudar a personas con discapacidad y a sus familias, en especial a quienes estaban en una situación de abandono e invisibilización.

Actualmente existen 31.000 personas habilitadas para recibir este bono, pero la meta progresiva es llegar a 33.000. En 2018 fueron incluidas 6.000 personas para recibir este beneficio.

Ullauri destacó que el Bono Joaquín Gallegos Lara es una transferencia monetaria de $ 240 mensuales, dirigido exclusivamente a personas que presentan más del 75% de discapacidad física, intelectual o psicosocial.

Otro tipo de ayuda es la pensión por discapacidad: se trata de un valor mensual de $ 50 que se entrega a personas que tienen un porcentaje de más del 40% de discapacidad y se encuentran en pobreza y extrema pobreza.

“Estamos convencidos de que la autonomía económica de un ser humano, más aún de una persona con discapacidad, se encuentra en desventaja social frente al colectivo”, lamentó Ullauri.

Cristian Valdivieso es beneficiario del Bono Joaquín Gallegos Lara: sufre de cuadriplejia desde los 19 años.

Su padre -Luis- contó que gracias a este beneficio pueden comprar medicinas y útiles de aseo. “Nos ha ayudado bastante. Nos dieron medicamentos para dos meses, pero otros no hay en el hospital y debemos comprar aparte”.

Actualmente recibe terapias en una fundación sin fines de lucro, mientras que cada dos meses el médico del centro de salud lo visita en su domicilio. Sin embargo, para su padre, el problema de movilidad es uno de los obstáculos que deben enfrentar.

“Cuando hemos salido, si hay algún chofer que sea racional, para y cede el paso, pero de ahí no, un busero, un taxista no te para nunca;  donde no haya un semáforo, es un calvario”.

Pamela Salazar, comunicadora social con el 80% de discapacidad física, dijo que la ciudadanía debe tomar conciencia y aceptar al otro con diferencias y necesidades.

“El transporte público es algo que falta mejorar. Al subir en la rampa, en el bus o en taxi, que tu silla tenga un espacio. La movilidad para las personas con discapacidad es complicada”. Además, aclaró que no solo quieren un trabajo, sino que, como personas, puedan desarrollarse en un ambiente laboral.

Andrea Rosero, diseñadora gráfica con 42% de discapacidad, coincidió en que falta compromiso desde la ciudadanía para entenderlos e incluirlos plenamente en el ámbito laboral y social. (I)