Boracay cerró sus puertas al público durante seis meses por orden del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, una polémica medida que busca sanear esta conocida isla paradisíaca al precio de decenas de miles de afectados y pérdidas millonarias.

Con un despliegue de 600 policías para evitar incidentes, el Gobierno vetó desde la medianoche el acceso a este enclave -que ocupa 1.032 ha a 300 km al sur de Manila- a todo el que no sea residente o carezca de una autorización.

El objetivo es convertir la isla cada vez más masificada -el año pasado recibió a dos millones de turistas- en “segura y sostenible desde el punto de vista ambiental”, expuso el secretario de Medio Ambiente, Roy Cimatu, tras anunciar la clausura.

La proliferación de algas en el agua producto de los vertidos incontrolados, el desborde de los desagües y la acumulación de basura llevaron en febrero a Duterte a calificar Boracay de “cloaca” y más tarde ordenar su cierre.

La clausura ha estado envuelta en una polémica, ya que dejará sin ingresos a  36.000 personas, según estimaciones, además de conllevar cancelaciones masivas de vuelos y reservas hoteleras.

“La mayoría de mis familiares han perdido sus ingresos porque dependen del turismo en la isla”, explicó a la joven de 26 años F.S., natural de Boracay, que trabaja como cajera en la sucursal local de uno de los principales bancos de Filipinas.

En esta oficina bancaria, de la arteria principal de la isla, se agolparon desde las primeras horas de la mañana cientos de trabajadores para exigir el prometido cheque del Gobierno para cubrir el billete de regreso a sus localidades natales en otras regiones del archipiélago.

Al partir los barcos de regreso desde el único puerto operativo en el extremo sur de Boracay, quedaron vacíos los lugares antes repletos.

“La imagen de la playa me recordó a cuando era niña”, aseguró la joven, que prefiere el anonimato. (I)