Paola Guzmán Albarracín era una colegiala alegre de un colegio fiscal de Guayaquil. Pero paulatinamente tomó distancia de su familia y empezó a lucir triste.

Pepita Albarracín, su madre, le preguntaba cuando retornaba del plantel: “¿Qué te ocurre?”. Pero ella respondía, repetidamente, “nada”. 

Así llegó diciembre de 2002: Paola, a sus 16 años, ingirió diablillos y se suicidó en la institución educativa pública en que estudiaba.

 Entonces -contó Pepita- se enteró de lo peor. Paola  era abusada por el exvicerrector del plantel y se le obligó a abortar en el centro de salud del colegio.

Pepita, aún con la mirada triste tras 16 años de la pérdida de su hija, mantiene vivo el recuerdo de ese diciembre. “No me dijeron a tiempo lo que había ocurrido en el plantel. Me ocultaron la verdad. ¡Quiero justicia para mi hija! Ese hombre destruyó la vida de mi familia”.

Lita Martínez, directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer de Guayaquil, la acompañó ayer, mientras Pepita narró los hechos. Justamente, la institución la acompaña en la presentación del caso de Paola en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Martínez expresa que el Estado violó el derecho a la vida, a la integridad y permitió que ocurra la violencia sexual a la que fue sometida la menor por funcionarios públicos y que la llevaron finalmente al suicidio. En el país, tras 16 años, no hubo ningún sancionado.

Este es el primer caso que llega a la Corte IDH y que conlleva el suicidio como resultado de esta agresión sexual en un colegio público.

Los involucrados consideran que es la oportunidad para que el Sistema Interamericano de DDHH profundice en la obligación del Estado de proteger, sancionar, erradicar y reparar con la debida diligencia los casos de violencia sexual.

Carmen Martínez, de la organización Centro de Derechos Reproductivos, explica que en un lapso de 9 a 12 meses habrá una audiencia pública en la Corte y la sentencia en no más de 22 meses. El informe fue enviado a inicios de 2019. (I)