El 4 de diciembre de 2001, el niño Carlitos Rodríguez ingresó a un hospital de Guayaquil por un corte en su nariz. 21 días después y luego de estar en coma murió por un paro cardiorrespiratorio. Su madre Patricia Cárdenas aseguraba en ese entonces, y lo dice aún ahora, que hubo negligencia médica: “escuché cuando uno de los doctores decía que suturaran el corte con tres puntos con anestesia local, pero en mi hijo utilizaron anestesia general y lo descerebraron”, contó a diario El Telégrafo hace poco.

Lo ocurrido con el hijo de Cárdenas forma parte de las denuncias de mala práctica profesional, en este caso de los médicos. En el artículo 146 del nuevo Código Orgánico Penal (COIP) se castiga el homicidio culposo por mala práctica profesional, y se establece una sanción de tres a cinco años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Este enunciado sigue generando debate y rechazo, en especial entre el gremio médico, que anunció renuncias masivas.

La Federación Médica ecuatoriana confirmó una marcha contra el COIP para el 4 de febrero en Quito, mientras que el Colegio de Médicos del Guayas prepara hoy un plantón en la Plaza San Francisco de Guayaquil. Hasta ahora la única dimisión en el Ministerio de Salud es la de Juan Barriga, jefe del servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Pablo Arturo Suárez. Pese a la advertencia de renuncias, la atención en los principales hospitales de Quito y Guayaquil sigue normal.

Rosa Quimí se operó de la rodilla hace dos meses y recibe rehabilitación en el hospital del Seguro en Guayaquil. “Veo que la atención es igual, pero si renuncian temo que no habría quién me atienda”, dice.

Situación en provincias

La atención médica en el Hospital General Docente de Riobamba (HGDR), y en el Hospital del Seguro Social (IESS) también continúa con normalidad. Lo que sí se observa son manifestaciones de apoyo al gremio médico: en las afueras del IESS se observan cuatro mandiles colgados como muestra de rechazo al artículo 146 del COIP.

Al sur de la ciudad, en el Hospital Docente, el gerente Wilson Nina indica que “no se reportan dificultades en el trabajo que realizan los profesionales de la salud”.

En Chimborazo hay 250 agremiados al Colegio Médico. De estos, ninguno hasta la fecha ha presentado su renuncia formal.

Eduardo Mancheno, presidente del Colegio de Médicos, señaló que como institución no pretenden incitar a nadie a tomar la decisión de dejar el cargo: “esto es algo personal, no podemos influir en nadie, mientras tanto seguimos con nuestro trabajo normalmente. Nada se ha suspendido, mucho menos la atención a los pacientes”.

En El Oro tampoco se registran renuncias de médicos. La Dirección de Salud provincial realiza capacitaciones permanentes sobre el nuevo Código Penal en las 9 áreas médicas que comprende la zona.

Mientras que en el hospital regional Vicente Corral Moscoso, de Cuenca, todas las áreas se mantienen atendiendo a los pacientes en los horarios regulares. “No hemos recibido ninguna renuncia, ni plantones, ni paralizaciones de parte de los médicos", manifestó el gerente de la entidad, Giovanny Gaón.

En los 16 hospitales que comprenden la zona 6 no se conoce de irregularidades en la atención.

Operadores serán capacitados

De acuerdo con el cirujano oncólogo Francisco Plaza, el artículo 146 es ambiguo y puede ser interpretado de manera libre por los jueces encargados de aplicarlo. “Como cirujano pueden comprobar que realicé una operación peligrosa, como una histerectomía radical que es una intervención de elevado riesgo, pero como ya estaba avanzado el cáncer no era necesario  operarla. En este caso me incluirían en las tres figuras (peligrosa, innecesaria e ilegítima)”, indica Plaza, quien fue presidente de la Federación médica ecuatoriana.

Para Plaza, si el caso de supuesta negligencia fuera analizado por una comisión de peritos especializados, habría tranquilidad en los médicos de que no irán a la cárcel por este tipo de operaciones riesgosas. “El fiscal no sabe de medicina”, dice.

Sobre esto, la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, expresó que en un periodo de 180 días los operadores de justicia se capacitarán con respecto a los nuevos temas de la normativa. En este plazo habrá un equipo de médicos expertos. Con ellos, miembros del Consejo de la Judicatura podrán capacitarse y ser considerados peritos dentro de los procesos judiciales.

Lo cierto es que, en opinión de Plaza, tanto hospitales públicos como privados no cuentan con infraestructura necesaria para respaldar una cirugía de emergencia. “Si fracaso estaré en un problema que ya no dependerá de mí”.