La educación universitaria pública en Argentina ha sido gratuita desde 1949, durante la época de Juan Domingo Perón. Para no dejar ningún resquicio abierto, el kirchnerismo, antes de cerrar su mandato, estableció por ley la prohibición total de fijar cualquier tipo de tarifa directa o indirecta a futuro en las universidades estatales. Esta norma, llamada de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en la Educación Superior, fue aprobada el 30 de octubre pasado por el Parlamento. Solo se opusieron –o se ausentaron- legisladores de Propuesta Republicana (PRO), el partido del presidente derechista electo Mauricio Macri.

A pesar de ello, esta gratuidad de las universidades públicas no ha tenido correlato en la incorporación de estudiantes indígenas, una deuda que el país austral arrastra desde hace siglos.

En Ecuador la tasa de la matrícula indígena en educación superior pasó del 7% al 18% y al momento hay una política de becas por cuotas que beneficia a sectores excluidos, lo que no ocurre en Argentina.

Este país sudamericano destinó en 2014 casi 0.9% de su PIB a la educación universitaria, pero los líderes indígenas coinciden en que la inversión no se refleja en sus comunidades. “Estamos muy lejos de acceder a la formación profesional en las universidades. Argentina tiene leyes que reconocen y crean la oportunidad de acceder a la profesionalización a pueblos indígenas, pero desde la recuperación de la democracia en 1983 no hemos tenido un solo indígena que viva en nuestras comunidades que haya podido egresar como médico, abogado o científico. El Estado tiene una deuda pendiente con nosotros”, dice a EL TELÉGRAFO Félix Díaz, cacique de la comunidad Qom, ubicada en territorios de la provincia de Formosa, en la frontera con el Paraguay.

Díaz hace una diferenciación entre los indígenas que viven en las grandes ciudades, con mayores posibilidades y que han accedido a casas de altos estudios, y aquellos que habitan en sus comunidades.

“Hay indígenas que viven en zonas urbanas que acceden a una formación. Pero la diferencia entre el urbano y el del interior del país es muy grande. Ellos –los que viven en las ciudades- tienen un pensamiento occidental y repiten lo que dice el Estado, lo que fortalece la imagen de un indígena incluyente. Pero la realidad es diferente para los que vivimos en nuestras comunidades”, agrega Díaz.

Daniel Mato, director del programa Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref), asegura que en Argentina viven un millón de indígenas que se reconocen como tales según el censo de 2010, es decir, el 2,5% de la población total. Matos comparte con Díaz que este grupo indígena no está representado en las universidades.

“Por muchos motivos. Por condiciones estructurales de desventaja, porque en la fundación de esta nación han perdido el hábitat en el cual se sostenían: han pasado a ser peones de las estancias que se hicieron sobre sus territorios. No hubo por mucho tiempo escuelas para que los niños indígenas terminen la primaria y, si de un tiempo a esta parte lo hacen, luego entonces no hay escuelas para secundaria, o hay menos o no ofrecen la misma calidad de formación que las de las grandes ciudades”, sostuvo Matos al diario Página/12.

Y agregó: “muchos de estos niños o jóvenes provienen de hogares en los cuales la primera lengua no es el castellano, entonces es como educarse en cantonés”.

Díaz dijo que el Estado ve a los indígenas como un pueblo pobre. Siempre nos miran como si fuéramos “a los que hay que regalarle comida, ropa y darle todo servido. Y eso es una muestra de discriminación”.

El cacique comentó la situación que vive actualmente su pueblo. “En una de nuestras comunidades hay dos escuelas primarias y una secundaria, pero hay un solo maestro inicial y el resto de los grados no tiene docentes indígenas. Y es jornada completa, mañana y tarde, y las clases se imparten en español, no en nuestra lengua”.

Para él la verdadera educación debe estar en sus territorios, “ahí está nuestra historia, espiritualidad y medicina. El territorio es la base de la educación. El niño indígena debe tener una formación primaria adecuada para ir a la secundaria y luego a la universidad. Tiene que hacer ese proceso, pero con el rol intercultural”.

“El Estado tiene que aceptar a los indígenas idóneos para que enseñen la cuestión espiritual, el idioma, la medicina, el medio ambiente. Tiene que haber un formador de la educación, una mujer indígena que conozca la forma de vida de los pueblos y que no sea tan exigente el tema del título”, apuntó. En su provincia viven unos 120.000 indígenas de los pueblos Wichi, Qom, Pilaga y Nivaclé. Ninguno de ellos va a la universidad. (I)

El país tiene una ley que garantiza la gratuidad, pero no se cumple

Peruanos pagarían hasta 5% más en las universidades privadas en 2016

La publicación del Ranking Qs de las mejores universidades de Latinoamérica trajo una sorpresa para el Perú: de las 133 universidades que funcionan actualmente en el país apenas 6 fueron incluidas en ese listado: cuatro privadas, dos públicas.

Esa proporción representa la actual situación en el campo de la educación superior: la oferta de formación privada, 63%, duplica en porcentaje a la oferta de educación gratuita, 38%. El efecto inmediato es la inclinación de la balanza a favor del pago por estudio: de los 782.970 hombres y mujeres que pueblan las facultades y escuelas, cerca de medio millón, 473.795, lo hacen en casas de estudio privadas.

Desde inicios del siglo XX la educación se constituyó como el símbolo principal de movilidad social, progreso y status en la esfera pública peruana. Hoy ese papel casi es arrebatado por la educación privada. La época fujimorista, 1990 al 2000, apostó por una apertura del mercado en todos los sectores. Más que un paradigma de aprendizaje, en el sector educativo primó la visión empresarial como condición para el aparecimiento repentino de decenas de universidades en todo el país.

La multiplicación de estas universidades, muchas de ellas de propiedad de congresistas, restó peso político a las nacionales. La entrega de presupuestos, por ejemplo, es uno de los temas donde se siente la ausencia del compromiso estatal con la formación superior. Por cada alumno que cursa estudios en centros públicos, Perú invierte $ 1.300 dólares cada año, distante a la inversión de países como México o Chile que sobrepasan los $ 8.000. Las pensiones de centros privados, en cambio, llegan a cotizar desde 8.720 a 19.200 soles por semestre. De acuerdo al Grupo de Educación al Futuro, la universidad más cara del país requiere un pago mensual de 3000 soles (1.000 dólares, en promedio) y, para el 2016, se espera un alza del 5% en el 80% de centros privados.

A pesar de que la Ley 23733 garantiza la educación superior gratuita, esto cada vez sucede menos. La oferta de las instituciones privadas creció de tal forma que logró instalar en el imaginario estudiantil la idea de que es el mercado y sus necesidades el que rige la selección de profesiones. Derecho, administración, contabilidad, ingeniería civil, conforman las carreras más pobladas. Hace pocos meses el ministro de Educación, Jaime Saavedra, invitó a los estudiantes a elegir carreras técnicas pues, según su criterio, eso es lo que se demanda actualmente. (I)

*Víctor Vimos, corresponsal en Lima.