El presidente Rafael Correa pidió revisar la norma que afecta a los migrantes
Ley italiana quita potestad por pobreza
Las madres ecuatorianas que se radican en Génova (Italia) están preocupadas por la medida que mantiene el Gobierno Italiano de quitarles la custodia de sus hijos, a quienes no puedan mantenerlos económicamente.
Así lo denunciaron al presidente Rafael Correa, quien se refirió al tema en el enlace ciudadano 371, desde ese país. “Somos muy respetuosos de la institucionalidad y soberanía italiana, como no puede ser de otra manera, pero esto está afectando gravemente a familias ecuatorianas en Génova. Ya hemos dado las disposiciones del caso, reforzar nuestro equipo de abogados para dar asistencia jurídica a los ecuatorianos”, aseguró el Jefe de Estado.
Karina Cedeño Báez, quien reside en Génova, en el año 2009 se enfrentó a una pesadilla por la decisión del Tribunal de Menores que pretendía llevar a sus hijos a una casa de acogida por pedido del papá, con lo cual solo los podía ver una vez a la semana y bajo el control de un educador.
Según Cedeño, la resolución se efectuó sin ninguna justificación legal, informe psiquiátrico o falta moral que la inhabilitara en su derecho de ser madre. Finalmente, tras una batalla de años en los tribunales y refugiarse en el consulado de Ecuador en Génova, ganó el caso y sentó un precedente judicial para que las madres de familia reclamen sobre este tipo de casos.
A su criterio, la normativa italiana es estricta y amplia. La Ley 184 estipula la priorización “del interés del menor”, y bajo esos argumentos, el Tribunal de Menores de Italia toma la resolución de quitar la potestad de los niños, por ejemplo en caso de pobreza o insolvencia económica, por denuncias de que no asisten a la escuela o no tienen asistencia médica, violencia intrafamiliar, entre otros temas.
Algunos pequeños son entregados a familiares, pero otros son llevados a hogares de acogida durante meses, para luego pasar a la segunda fase, que es entregarlo de nacido a una familia y la tercera fase de adopción. “Si los niños son pequeños es muy rápido, porque las familias están en lista para adoptar a los chicos y pagan alrededor de 250 mil euros. La edad es de 0 a 8 años”.
También existe, según la ley, la posibilidad de que los menores regresen con sus padres.
Por cada día de estancia en los centros de acogida, el Estado italiano paga 100 euros diarios. Con respecto a esto, Correa indicó que la medida no le parecía lógica porque ese dinero podía ser entregado a sus padres como una medida temporal hasta que consigan empleos.
Cedeño, quien estudia jurisprudencia y lidera la organización Vela Latina para tratar los casos de madres y de interés social, afirmó que presentará oficialmente un proyecto al Estado ecuatoriano para que se pueda mediar en estos casos.
“Imagínese, las visitadoras sociales que llevan estos casos son poco capacitadas, no conocen la cultura ni siquiera hablan nuestro idioma. Las madres necesitan la colaboración de un mediador cultural”, comentó. Aunque Cedeño no tiene una cifra de las ecuatorianas que han perdido la potestad de sus hijos en Italia, sí conoce de casos de señoras que han retornado a Quevedo y Guayaquil sin sus pequeños, que ya han sido adoptados.
El abogado Stalin López explicó que estos casos deben tratarse bajo la jurisdicción italiana, pero como principio universal se debería hacer un reclamo para que el Estado garantice que los hijos gocen del derecho natural de permanencia al lado de sus madres. Explicó que en Ecuador no hay una normativa parecida a la italiana, más bien se prioriza en la Constitución la “unificación de la familia y los derechos que tienen los padres de estar cerca de sus hijos”. Considera que las madres deben apelar a todas las instancias, incluso a las internacionales.