La semana pasada Perú concluyó un fuerte debate: la oficialización de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, inmediatamente nombrada por los medios de comunicación como “Ley de la Comida Chatarra”. Este estatuto busca la supervisión de alimentos y bebidas no alcohólicas con el objetivo de reducir enfermedades como el sobrepeso y la obesidad.  

Con esta acción, el gobierno de Ollanta  Humala llega a concretar una de las operaciones más esperadas de su trabajo para enfrentar la desnutrición en la población infantil, uno de los temas en los que más énfasis ha puesto desde su llegada al Palacio de Gobierno.

Para el legislador Luis Galarreta, esta Ley pone en grave riesgo la libertad de comunicaciónLas estadísticas señalan a la población entre los 6 y 9 años como propensa a sufrir este tipo de enfermedades: entre el 15% y el 18% de niños, según las últimas encuestas. En marzo del 2012, como antecedente, se inauguró el programa “Quiosco Saludable”, con el que se buscaba incentivar la garantía de una alimentación saludable en las escuelas y colegios del Perú. Para noviembre de ese mismo año, el Ministerio de Salud publicó una resolución mediante la cual sugería una serie de alimentos a repartirse en estos quioscos, dejando de lado la abundancia de azúcares y grasas que los estudiantes consumían.

En la Ley hace alusión también a la necesidad de actividad física y a la implementación de comedores saludables en los planteles educativos.

Sin embargo, ha sido su precisión sobre el tema de publicidad el que ha generado preguntas, imprecisiones y una diversidad de especulaciones sobre la valía o no de la enmienda. Ella contempla que la publicidad no deberá incentivar “el consumo inmoderado de alimentos y bebidas no alcohólicas, con grasas trans, alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas”. Señala además que no se podrán utilizar imágenes ni personajes de aceptación infantil, con el fin de los productos antes mencionados, evitando, de igual forma, que ellos elaboren campañas o concursos en los que premien a los niños por su consumo.

A la voz de reclamo de los empresarios, quienes dicen ver en esta Ley un impedimento para su actividad comercial, se unió la de los medios de comunicación, quienes visualizan algo más peligroso: un intento por coartar la libertad de expresión.

En la Ley hace alusión a la necesidad de actividad física y a la implementación de comedores saludablesPara el legislador de oposición, Luis Galarreta, esta Ley pone en grave riesgo la libertad de comunicación,  utilizando “engaños”, al decir que la obesidad es un problema de importancia en el Perú. Para él, los ciudadanos son libres de elegir lo que comen, sin ningún tipo de restricción. A voces como las suyas se hacen eco los programas de análisis en los que se cuestiona si en la iniciativa alimenticia no se intenta probar una forma de intervención en la independencia a la hora de comercializar los espacios televisivos, de radio y de prensa.

La respuesta del oficialismo ha venido de la mano del propio Humala, quien ha señalado, en reiteradas ocasiones, la importancia de su propuesta, identificando a los opositores con intereses empresariales.

Y han sido precisamente los grupos de empresarios los que han tenido una visibilidad más amplia: reiteradas ruedas de prensa han servido para que emitan una diversidad de criterios que tienen como conclusión la derogatoria de la Ley.

De esta forma, el debate se cierne sobre la viabilidad de la propuesta o los efectos negativos que su aplicación traería. Un ambiente que presagia una serie de acciones, a favor y en contra, de su total aplicación.