Las corridas de toros están condenadas a desaparecer en Colombia. Cuando menos, en su versión clásica.

No solo porque la Corte Constitucional decidió el pasado miércoles que esa práctica viola la ley de maltrato animal, sino porque la sociedad, en particular los jóvenes, muestra un creciente rechazo a un espectáculo que considera anacrónico y bárbaro.

Según la encuestadora Datexco, el 82,9% de los colombianos no está de acuerdo con las corridas de toros y solo uno de cada 10 las respalda.

Los políticos, que en muchos casos atienden más las encuestas que  sus convicciones, son receptivos a la nueva correlación de fuerzas en la que los taurinos figuran como una especie en vías de extinción.

Es un hecho: la protección de los animales ya forma parte de la nueva generación de derechos que se abren paso en el mundo occidental.

En su fallo, la Corte Constitucional colombiana dictaminó que la defensa de una tradición no es un argumento suficiente para permitir las corridas de toros, porque en ellas se maltratan animales.

Esto contraviene la ley penal que entró en vigencia el pasado 6 de enero y la cual señala que los animales son “seres sintientes” y por tanto, “recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos”.

Las sanciones para quien maltrate a un animal vertebrado y le cause la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su integridad física contemplan de uno a tres años de prisión y multas de hasta $ 14.700.

Pero esa misma ley excluía del cumplimiento de la norma las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, el coleo, las tientas, las corralejas y las peleas de gallos por tratarse de “expresiones culturales”.

La corte dictaminó que la violencia contra los animales no debe tener ningún tipo de excepciones, con lo cual prohibió, en los hechos, no solo las corridas de toros, sino el rejoneo, las peleas de gallos y todos los espectáculos en los que se maltrate ganado.

El tribunal, sin embargo, dio un plazo de dos años al Congreso para que legisle al respecto. Si no lo hace, las corridas quedarán automáticamente proscritas en el país colombiano.

Legislación en camino

Incluso, el Ministerio del Interior ya convocó a consultas a dirigentes de organizaciones defensoras de los animales para preparar una iniciativa de ley que eliminaría las corridas de toros.

El proyecto será presentado ante el Congreso en marzo próximo y se espera que sea aprobado este mismo año.

“Va a haber un debate, pero vamos a ganar. A lo máximo que pueden aspirar los taurinos es que siga lo que ellos llaman fiesta brava, pero sin maltrato al toro. Esto quiere decir que no se podrían usar en las corridas elementos cortopunzantes (banderillas, puya y la espada). Mucho menos se podrá matar al animal”, cuenta a EL TELÉGRAFO la directora de la organización animalista Plataforma ALTO, Natalia Parra.

Ella aclara, sin embargo, que “a lo que nosotros los defensores de los derechos de los animales aspiramos es que el Congreso decida la abolición total de las corridas de toros”.

Esa aspiración es muy factible, dado que ni a los propios taurinos les resulta atractiva una corrida sin los tres tercios: el de varas (un picador puya al toro), el de banderillas y el de la muerte (el torero sacrifica al burel con la espada).

A Parra le parece que los dos años que puso de plazo la Corte Constitucional para legislar sobre las corridas de toros es mucho tiempo, ya que “mientras tanto, se perderán muchas vidas de animales, pero si al final esto sirve para abolir las corridas resultará un lapso prudente”.

Para el presidente de la Unión de Toreros de Colombia, Gitanillo de América, es posible “morigerar (moderar los excesos) de la fiesta, pero de acuerdo con las tradiciones del toreo”, lo que apunta a que los bureles se puedan banderillar y puyar, pero no matar, como ocurre en Portugal.

Paradójicamente, lo que parece ser una estocada mortal a las corridas de toros en Colombia ocurre casi al mismo tiempo en que ese espectáculo regresó a Bogotá tras cuatro años de prohibición (fue cerrada por el exalcalde Gustavo Petro en 2012).

La reapertura de la plaza de toros Santamaría de Bogotá (la primera del país), el pasado 22 de enero, tuvo como telón de fondo un enfrentamiento entre taurinos, animalistas y escuadrones antidisturbios de la policía que la emprendieron contra estos últimos.

En la segunda jornada se desplegaron 3.200 policías para controlar las marchas.

Ese episodio avivó el debate en Colombia sobre las corridas de toros y allanó el camino para que  la Corte Constitucional las pusiera en el camino de la prohibición. (I)

CRONOLOGÍA

En 2004 el expresidente Álvaro Uribe Vélez sanciona la ley aprobada en el Congreso que reglamenta los espectáculos taurinos en el país y las actividades relacionadas.

La Corte Constitucional reconoció dicho acto como “expresión artística del ser humano”.

En 2010 la Corte Constitucional se pronunció sobre el Estatuto Nacional de protección de animales y permitió las corridas y otras actividades siempre que se eliminen las conductas crueles contra ellos. Asimismo, aprobó que se desarrollen en municipios o distritos en los que sean una tradición regular, periódica e ininterrumpida.

En 2012 la administración de la capital colombiana dispuso la terminación unilateral del contrato con la Corporación Taurina de Bogotá para la realización de espectáculos taurinos en la plaza Santamaría.

En 2015 la Corte Constitucional ratifica que la plaza Santamaría puede ser escenario de espectáculos taurinos y dispone que se debe legalizar el contrato para el reforzamiento estructural del lugar a más tardar en marzo de 2015. (I)