Han pasado 7 meses desde que la Comisión Interventora de Fortalecimiento Institucional (CIFI) de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres (UTE-LVT) en Esmeraldas inició su trabajo en el establecimiento para ejecutar un plan de excelencia. El presidente de la comisión, Uriel Castillo, asegura que se ha avanzado el 70% en la mejora de la calidad educativa.

El pasado 28 de noviembre el Consejo de Educación Superior (CES) aprobó la intervención de la UTE-LVT después de un proceso de investigación que reconoció violaciones al principio de la gratuidad (por ser una universidad estatal) irregularidades en el cogobierno estudiantil y otras anomalías institucionales, administrativas y financieras.

Una de las primeras acciones tomadas por el CIFI, según explica Castillo, fue la suspensión de cobros indebidos, la devolución de esos valores a los estudiantes y la suspensión del 25% de descuento, sin ningún justificativo de ley, que hacían al sueldo del personal que labora bajo diferentes modalidades.

“En el mismo orden se removió a todos los decanos y varios jefes departamentales que no daban las facilidades para el normal trabajo de la comisión. En este sentido se ha nombrado decanos temporales  para que no se interrumpa la gestión institucional”, señala Castillo.

Actualmente la CIFI revisa los contratos por valores excesivos en compras de libros por $ 150.000 y $ 60.000, así como un rubro en talleres de capacitación por $ 42.000. Además se están pagando deudas pendientes con el seguro social.

Para Castillo, uno de los logros más trascendentes ha sido la implementación de un sistema informático que permite, entre otras cosas, añadir, cambiar o certificar de manera segura una matrícula. “Eso es histórico porque no había forma de saber quién era estudiante y quién no. El nivel de irregularidades llegaba a más del 80% de esta universidad”, expresa.

Aunque la UTE-LVT enfrenta 310 juicios en contra, su rector tiene otros 139 juicios y hay 100 denuncias por jubilaciones detenidas,  Castillo señala que cada uno de los responsables deberá responder por los procesos judiciales una vez que la Contraloría entregue el informe correspondiente.

Castillo añade que en septiembre próximo se prevé realizar las elecciones de las nuevas autoridades, pero “todo depende de las garantías de la autonomía universitaria y la capacidad de mantener una campaña que esté afín de los cambios que el Estado busca con el nuevo nivel de educación superior”.

En 5 meses más la CIFI cumplirá un año en la institución, tiempo por el que fue designada a trabajar, y el titular de la comisión sostiene que existe la posibilidad de que su trabajo se extienda por más tiempo, una vez que sean evaluados por el CES. “Todo debe realizarse de acuerdo a los principios de intervención”, enfatiza.