Jorge Kalil Barreiro está convencido de que la Universidad de Guayaquil dejará la categoría D alcanzada en la evaluación pasada del Ceaaces. El trabajo realizado por la Comisión Interventora, que él preside, lo permitirá. Hoy evalúa un año de la intervención de la institución superior más numerosa del país.

Asegura que la parte académica es uno de los logros más significativos, pero reconoce que quizás en la parte de infraestructura hay temas que aún faltan.  

¿Cómo marcha el tema de la devolución de dinero por violación a la gratuidad?

Cuando llegamos con la intervención, el proceso de devolución se aceleró más. Hasta el 2013 se han devuelto un poco más de $ 3 millones a 10.689 estudiantes. Este año, desde enero hasta octubre, se superó la cifra. Anteriormente cuando reclamaban $ 500 por concepto de gratuidad, la Universidad les devolvía $ 100 u $ 80, ahora lo que ellos reciben es lo que detallen en sus solicitudes. Hoy estamos con un presupuesto de $ 3 millones para devolver en estos últimos meses.

¿Qué han podido solucionar para los jubilados?

Para nosotros es una prioridad terminar el tema de los jubilados.  Cuando llegamos habían muchísimos insatisfechos por no habérseles reconocido sus valores. Fácilmente hay al menos 20 grupos jubilados que representan más de 1.000 entre docentes, administrativos, trabajadores de otras áreas.  Queremos resolver el 100% de los casos. La semana pasada incluso salió una sentencia a favor de una de sus demandas, como el tema patronal.

En cuanto a los docentes, ¿cuál es la situación actual?

En la universidad existen 3.200 docentes y se pasó de 101 a tiempo completo a más de 1.000.  Antes había 1.400 docentes titulares y 1.600 invitados. Ahora los titulares alcanzan los 1.100. Otro de los temas que se logró fue eliminar la precarización docente, el profesor invitado  ya no cobra por factura, ahora recibe los beneficios sociales. Antes  se le pagaba de 6 a 8 dólares la hora por el número de clases impartidas.

¿Qué han logrado en cuanto a las mejoras en infraestructura?

La infraestructura es lo que está pendiente y tiene que venir. En algunos aspectos hemos podido recuperar el espacio público con la construcción de plazoletas. También hemos inaugurado salas de computo, hemos arreglado fachadas y dotado de equipamiento para algunas facultades.

¿Pero hay quejas de que aún faltan ciertos detalles visibles?

Es injusto que nos critiquen cuando podemos ver otras áreas de intervención, como todas las normativas que hemos creado y que le han dado un poco de orden a la institución. Hemos llegado a no menos de 40 normativas, de concursos de mérito y oposición,  de becas, para pedir anticipo de la remuneración, proyectos de resolución que han sido enviados al consejo universitario. Cosas que antes o no existían o si eso pasaba, estaban en contraposición con la ley.  Estamos trabajando en los estatutos. En la parte jurídica, por ejemplo, antes la universidad perdía todos los juicios. En la actualidad los gana todos.   

¿Qué puede mencionarnos de lo conseguido en lo académico?

Desde febrero hasta septiembre del 2014 se han recibido 485 casos de problemas en el área académica, lográndose resolver hasta la fecha, el 80% de ellos; es decir, 388 casos. El 10% pendiente está en proceso de respuesta de la respectiva facultad, y el 10%  restante con respuestas verbales o en proceso de coordinación con autoridades. Además, del 2013 al 2014, de tener un proyecto hemos pasado a contar con 31. En lo que respecta a presupuesto, pasamos de $ 60.000 a más de $ 3’000.000. Hemos conseguido premios a proyectos investigativos y registro de patentes que antes no existían.

Se pasó del 36% al 74% de docentes con título de cuarto nivel. Todo eso va a impactar fuertemente en el momento en que se nos evalúe. Los logros son evidentes y nos van a llevar a estar en una mejor categoría.  

Con la renuncia del antiguo rector, Carlos Cedeño, se dijo que los procesos y gestión se volverían más ágiles. ¿Qué ha pasado?

Hay un sistema burocrático en la universidad que es bastante denso, en el cual un proceso tiene que entrar 2 o 3 veces a consejo universitario para aprobación y reaprobación y luego por  la  comisión económica y también por subcomisión. En ese sentido habíamos propuesto un reglamento para delegación. Hay personas contando los días para que la intervención termine por sus intereses afincados, para que regrese lo que antes era, algo que no lo vamos a permitir. La guerra de ellos es perdiendo documentos, retrasando trámites, haciendo que la información no cuadre.

¿La intervención se extenderá un año más? 

Solo puedo decir que hay una planificación física para que el campo de la Juan Tanca Marengo tenga el espacio para las carreras tecnológicas, mientras que las que tienen que ver con las ciencias de la salud y sociales se quedarán en la ciudadela universitaria. La construcción de la primera aún no ha empezado.