En Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) reza que los cargos de rectores de unidades educativas se asignarán a través de concursos de méritos y oposición.

Sin embargo, la autoridad del centro Aguirre Abad, donde se registraron varios casos de abuso sexual, no pasó por este proceso.

¿Por qué? Este fue el principal cuestionamiento que hicieron los asambleístas que conforman la Comisión Ocasional Aampetra a los exministros de Educación Augusto Espinosa y Freddy Peñafiel.

El primer funcionario precisó que “la propia norma” establece que si después del concurso de méritos y oposición no se determinó un ganador, los docentes del plantel enviaban una terna para que la Dirección Distrital se encargara del nombramiento. Este mecanismo estuvo en vigencia hasta 2014. Luego -dijo- hubo una reforma, la cual dejó en manos del subsecretario zonal la designación de las autoridades cuando no exista un ganador.

La asambleísta Karina Arteaga pidió al exministro y actual presidente de la Mesa de Educación del Legislativo información sobre el proceso de selección de docentes y directivos durante su gestión.

Espinosa argumentó que hubo tres convocatorias del proceso Quiero Ser Directivo, las dos primeras fueron dirigidas por él, mientras que el último proceso estuvo a cargo de Peñafiel. De un total de 16.866 aspirantes a directivos, apenas 300 cumplieron los requisitos.

Con respecto al número de casos de abuso sexual reportados durante la gestión de ambos exministros, se   indicó que el levantamiento de datos inició en 2014. Antes de ese año, el Ministerio de Educación (MinEduc) no contaba con un sistema que le permita acceder a esa estadística.

Hasta la salida de esta cartera de Estado, Espinosa informó que se detectaron 382 casos de violencia sexual en el sistema escolar. De ellos, 154 (44%) fueron resueltos.  

La operatividad de los DECE cuesta $ 100 millones

Otro de los cuestionamientos de los asambleístas fue la falta de cobertura de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) en el sistema. De las 12.600 unidades, solo los tienen 1.768 centros.

Hasta noviembre de 2016, 4.110 profesionales se vincularon a estos departamentos. El costo estatal de la contratación ascendió a los $ 100 millones. Espinosa agregó que para lograr que todos cuenten con el DECE se necesitará una inversión anual de $ 250 millones.

Por su parte, Peñafiel, quien asumió el MinEduc desde noviembre de 2016 hasta mayo de 2017, informó que en la actualidad están conformados por psicólogos educativos, clínicos y trabajadores sociales. Estos profesionales se sumaron a los establecimientos a través de procesos meritocráticos. Hasta el 24 de mayo se asignaron 825 partidas de consejeros.

Al final de su intervención, el exfuncionario indicó que la comisión Aampetra “debería” presentar, ante el pleno de la Asamblea Nacional, la necesidad de un aumento en el presupuesto de esta cartera de Estado  para atender los casos de abuso.

Silvia Salgado, presidenta de la comisión que trata los casos de abuso sexual, indicó que es necesario que todas las instituciones públicas con competencia en el tema se articulen para encontrar respuestas eficientes, inmediatas y definitivas a esta problemática, siendo una de ellas responsabilidad exclusiva de la Función Legislativa, pues se debe construir una normativa legal que establezca el Sistema Nacional de Protección de derechos, lo cual es un mandato constitucional.

Salgado informó que la Comisión presentará, en 15 días, su informe final. Está previsto que el martes acuda el Defensor del Pueblo. 

Red de Maestros se defiende

Los integrantes de la Red de Maestros por la Revolución Educativa salieron ayer a defenderse de las acusaciones sobre la responsabilidad del colectivo en los casos de designación de directivos y agresiones sexuales a estudiantes.

Agustín Lindao, coordinador del colectivo en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), desmintió el tráfico de influencia del gremio.

Él explicó que los directivos que actualmente están en ocho instituciones ganaron los concursos de méritos (Aguirre Abad, Vicente Rocafuerte -réplica-, 28 de Mayo -réplica-, Dolores Sucres -réplica-, Amarilis Fuentes, Aurora Estrada, Guayaquil y Ati II Pillahuaso).

Por ello, anunció que demandará a Luis Chancay y Jorge Itúrburu, “exmiembros de la UNE y MPD”, por injurias y a quienes acusó de aprovecharse de la situación con fines políticos.

Lindao, quien también es rector del Amarilis Fuentes (Guayaquil), comentó que existen planteles con autoridades encargadas, porque se acogieron a un decreto presidencial de diciembre de 2014. “Todas las vacantes originadas por jubilación, renuncia, separación o sanción queda en potestad de los directores distritales enviar una terna de maestros. De ella, se seleccionará a uno para que se lo encargue hasta que llegue el ganador del concurso de méritos y oposición”.

Según él, existen esas figuras, debido a que solo se han realizado dos veces el concurso Quiero Ser Directivo y solo fueron designadas 41 participantes.

Sugirió al MinEduc realizar un diagnóstico en las unidades, revisar el protocolo y empezar una campaña. Él precisó que por cada 400 estudiantes debería haber un psicólogo e informó que en el plantel que dirige se presentaron tres denuncias por acoso de maestros: dos fueron destituidos y el último caso se tramita en la Fiscalía. (I) 

El servicio de transportación escolar formal llega solo al 15% de establecimientos educativos en las 24 provincias del país

La Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador (Fenatei) deslindó responsabilidades en los abusos a estudiantes cometidos por supuestos choferes de expresos escolares. Oswaldo Guamán Martínez indicó que desconoce si los sospechosos pertenecen a una de las 238 cooperativas agrupadas en la Fenatei y presumió que los autores de los presuntos delitos investigados estarían en la informalidad. “Lo que conocemos (denuncias contra supuestos choferes abusadores de menores) nos enteramos por la prensa”, manifestó Guamán.

Para el dirigente, la informalidad presente en la transportación escolar deriva del incumplimiento de los acuerdos ministeriales expedidos para regular la actividad y que otorga responsabilidades a los transportistas y directores de los establecimientos educativos fiscales, particulares y fiscomisionales. El literal a del artículo 5 del Acuerdo Ministerial 062 de 2016 señala: para contratar el servicio de transporte para los niños se debe conformar una comisión integrada por el rector o director de la institución educativa, un delegado del distrito zonal de educación, un representante de los estudiantes, un delegado de los docentes y un delegado de la Agencia Nacional de Tránsito o de los Gobiernos Autónomos Descentralizado (GAD). “Entonces son ellos quienes tienen que velar por el tipo y estado del vehículo que dará el servicio y por quienes van a conducir... entonces la responsabilidad es compartida”.

Sin embargo, la Fenatei, la cual representa a 12.638 transportistas escolares, revela que en la actualidad ellos solo brindan su servicio al 15% de los establecimientos educativos de Ecuador, de los cuales solo el 5% corresponde a planteles fiscales. En el mismo documento, el artículo 14, destacó Guamán, advierte que las máximas autoridades de los colegios y escuelas que no observen lo dispuesto en el acuerdo ministerial “pueden ser sancionados con la destitución... desgraciadamente, los rectores o directores de los establecimientos estatales no cumplen”.

Además, el dirigente gremial resaltó que pese a lo acordado, en los expresos escolares no viaja ningún representante del centro educativo, ni a la entrada ni a la salida. “Esto también lo indica el artículo 4 de la Ley de Tránsito y si el acompañamiento se cumpliera se hubiesen evitado muchos problemas”.

Por este motivo, Guamán pidió una reunión urgente con las autoridades del Ministerio de Educación para salvaguardar la integridad de los niños, niñas y adolescentes. (I)

Madre informó a autoridades educativas que docente invitaba a alumnos a hoteles

El docente Bryan M. intimidaba a un alumno y además acosaba a otros invitándolos a hoteles, a la playa o a discotecas. Esa información consta en dos informes presentados en mayo y junio de 2017 a Tanya González Bustamante, quien era la directora del Distrito 6 de Educación al que pertenece la Unidad Educativa réplica Aguirre Abad, en Guayaquil.

“Es una negligencia que no hayan tomado medidas cuando ya conocían las irregularidades con ese profesor que más adelante sería denunciado por situaciones más graves. Ella (González) dice que cuando se enteró, supuestamente, decidió cesarlo de sus funciones, pero eso no se dio, pues siguió dando clases hasta que fue suspendido en octubre”, explicó Steven Reyes, del estudio jurídico Ulloa y Asociados, que representa a las víctimas de los delitos sexuales ocurridos en el establecimiento educativo.

Agregó que cuando cuestionó a la exfuncionaria González de por qué el docente continuó en el plantel, ella dijo que talento humano no había acatado la orden que no fue notificada por escrito, sino de forma oral. Asimismo, dijo que no hizo seguimiento por la cantidad de profesores.

La exfuncionaria, quien anteriormente fue coordinadora zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) de la Zona 8, llegó a las 07:30 de ayer a la Fiscalía Provincial de Guayas. Este fue el segundo llamado, pues al primero no asistió. Su declaración se extendió más de cuatro horas.

González no dio detalles de su testimonio solo manifestó que le informó al fiscal César Peña de su actuación desde que conoció el hecho. “Les pido que entiendan que está en investigación y que daré mi colaboración absoluta”.

Poco después salió Érika Laínez, actual subsecretaria de Educación de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón). Ella fue citada para las 11:00 y al retirarse indicó que durante su intervención le comunicó al fiscal que “la Subsecretaría en ningún momento tuvo conocimiento de la información con anterioridad”.

Bryan M., quien aparece en los informes, fue capturado el 6 de octubre dentro del establecimiento como sospechoso de los recientes ilícitos de índole sexual. Otros dos docentes quedaron aprehendidos una semana después. Los tres guardan prisión preventiva. Hay otro profesor que está prófugo y por quien se ofrecen $ 10.000 de recompensa.

Ayer, Jorge Itúrburu, integrante de la antigua Unión Nacional de Educadores (UNE), le entregó a la fiscal provincial, Patricia Morejón, documentos con otros supuestos casos de delitos sexuales ocurridos en nueve planteles de Guayaquil y Milagro. (I)

14 casos de delitos sexuales en el ámbito educativo se registraron en El Oro

En la Mesa Técnica de violencia de género hacia mujeres, niñez y adolescencia de El Oro se reportaron 14 casos de delitos sexuales en el sector educativo de la provincia.

Según la gobernadora orense, Rosa López Machuca, estos casos son evaluados y judicializados para proceder a procesar a los presuntos responsables de las infracciones.

La funcionaria solicitó un informe cuantitativo de los casos de violencia que se han presentado en las unidades educativas de la provincia y las acciones que se asumieron desde el Estado para reparar los derechos de los menores violentados y sobre todo sancionar a quienes atentaron contra ellos.

Tras el análisis de los casos, los integrantes de la Mesa Técnica acordaron en la próxima reunión tratar el tema de la erradicación de la violencia de género, implementar campañas formativas para las familias en las cuales se les informe sobre los derechos y los procesos que existen para proteger a los niños, niñas y adolescentes y cómo detectar los tipos de agresiones que sufran sus vástagos.

También resolvieron capacitar a los integrantes de los departamentos de consejería estudiantil (DECE) en la redacción de informes para que constituyan un elemento de convicción en las sanciones disciplinarias que se resuelven en los procesos administrativos iniciados en contra de los agresores sexuales que laboran en las unidades educativas y evitar la revictimización de la agredida. Además, los miembros de la Mesa pedirán a la Fiscalía provincial el impulso de las investigaciones previas y las instrucciones fiscales relacionadas con los casos de abuso contra menores para que no queden en la impunidad. (I)

Datos

La Comisión Ocasional Aampetra fue creada por el pleno de la Asamblea Nacional en agosto de este año para investigar los casos de violencia sexual en escuelas y colegios.

Los padres de familia que acudieron a la reunión con esta comisión solicitaron que se realice una campaña que anime a las víctimas y a sus familias a denunciar todos los casos de violencia.  

Con respecto al Colegio La Condamine, donde también se registró un caso de abuso, Espinosa indicó que desde el MinEduc no se emprendieron acciones porque las autoridades del plantel hicieron la denuncia.

Como una medida de prevención se aplicará una metodología científica para confirmar las aptitudes psicológicas, rasgos de personalidad y las objetivas potencialidades humanas de los profesionales para garantizar una educación integral y segura. (I)