El Primer Juzgado Constitucional de Lima emitió, la semana pasada, un dictamen que deja sin efecto la prohibición de entrega gratuita del Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE), conocido como píldora del día después, vigente desde 2009.

Tras un proceso legal que fue entablado por la ONG Promsex en contra del Ministerio de Salud del Perú (Minsa), la justicia permitió la difusión gratuita del medicamento y ordenó que, en un lapso no mayor a 30 días, esta cartera de Estado reparta las píldoras en todos los hospitales públicos.

La medida fue emitida en un momento particular, pues, desde hace algunos meses, la mujer ha logrado un espacio central de debate alrededor de sus derechos, diversificando reclamos frente a temas de violencia, abuso sexual y discriminación.

El pasado 13 de agosto, 150 mil personas llenaron las calles de la capital peruana bajo la consigna “Ni una menos”, movilización que apuntó a visibilizar los numerosos casos de feminicidio que, a diario, se viven en el país.

Sin embargo, la Conferencia Episcopal ha sido la principal crítica de esta medida. Cuestionar a las autoridades y sus decisiones fue el primer paso para argumentar que la entrega de la píldora del día después busca, a corto plazo, la legalización del aborto. La Conferencia defiende que la vida se establece desde la fecundación, es decir, el encuentro entre el espermatozoide y el óvulo, y desde ahí acusa a los AOE como mecanismos abortivos.

Para los representantes de la Iglesia la autorización del Juzgado desestima lo acordado en 2009, cuando en el mismo nivel judicial se decidió impedir la distribución gratuita de los AOE, debido a que presentaban una “duda razonable” sobre su naturaleza abortiva.

Desde entonces la pastilla podía venderse en las farmacias, lo que, para Promsex, representaba una muestra de discriminación hacia mujeres que no estaban en la capacidad económica para adquirirla.

Siete años después, y basados en los resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce la vida desde el momento en que el embrión fecundado se instala en el útero, los miembros del Juzgado Constitucional eliminaron cualquier impedimento legal sobre la píldora.

El Perú ocupa el tercer lugar, entre todos los países del mundo, en el porcentaje anual de violaciones sexuales a mujeres de entre los 14 y 49 años. A pesar de que, según cifras de la ONG Manuela Ramos, diariamente se realizan 1.000 abortos en todo el país, las cifras reales aparecen por encima de este número, contabilizándose, en promedio, unos 37.100 abortos clandestinos cada año.

La circulación gratuita de la píldora del día después ha sido respaldada enseguida por las autoridades de turno. Patricia García, ministra de Salud, mencionó que esta acción permitirá eliminar la inequidad alrededor de este método anticonceptivo, dejando de lado la posibilidad de acceder a él únicamente a través de su venta privada.  

Por su lado monseñor Cipriani rechazó la medida judicial, acusando a varias ministras del actual régimen de “respondonas”, frente a lo que él considera pruebas concretas de la naturaleza abortiva de estas píldoras. (I)