La entrada al colegio réplica Simón Bolívar de Guayaquil y el edificio del sector social Joaquín Gallegos Lara en esta ciudad guardan una similitud: tienen rampas de acceso para personas con discapacidad física. Por décadas estas facilidades han sido el ‘avance’ más evidente que han incluido los constructores en viviendas y otras obras.

Con esta característica consideran que la accesibilidad universal se cumple, pero se equivocan. La inclusión en la vida diaria de las personas con discapacidad va más allá de rampas o pasamanos.

“La accesibilidad universal es la condición o grado que deben tener los entornos, los procesos, los bienes y servicios, los instrumentos, las herramientas, las comunicaciones para poder ser comprendidos y  utilizados por todas las personas en condiciones de seguridad, autonomía y comodidad”, explica la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades (Setedis), órgano estatal que se encarga de velar que la mayor cantidad de construcciones cumplan con esta premisa.

Si en Ecuador los edificios fueran accesibles, no solo beneficiarían a 300 mil personas con discapacidad del país, sino también a 1,2 millones de adultos mayores, 1,5 millones de niños menores de 5 años y 350 mil embarazadas por año. Además asistirían a un importante número de personas que podrían pasar por una discapacidad temporal.

“Considerando que el acceso a lugares públicos, como edificios y calles, favorece la participación en la vida social, política y económica de las personas y resulta esencial para la educación o la inserción laboral, el esfuerzo de las instituciones competentes debe estar dirigido a desarrollar entornos, productos y servicios de fácil acceso para todas las personas”, explica la arquitecta Carlota Torres.

En Ecuador, al igual que en otros países, la accesibilidad universal aún se cumple a medias. Si bien en el edificio del Gobierno social en Guayaquil hay rampas o letreros con escritura braille para las personas con discapacidad visual, aún no existen, por ejemplo, parlantes o altavoces que den instrucciones.

La sede del Conadis en Quito se acerca mucho a los parámetros de accesibilidad, porque incluso tiene un piso especial con pupos para que las personas no videntes puedan guiarse. En Guayaquil, las réplicas de los colegios Vicente Rocafuerte  y 28 de Mayo y otros centros cuentan con elementos de accesibilidad.

En 2014 se reveló  a través de una encuesta a 140 unidades educativas de Santa Elena, Imbabura y Pastaza, que el nivel de accesibilidad general llegaba al 47%, es decir, bajo.

La autonomía fue uno de los parámetros más deficientes en las 3 provincias, lo que evidencia las dificultades que una persona con discapacidad enfrenta para movilizarse y comunicarse. Un ejemplo son los pasos peatonales, que se forman por escalones y no con una rampa.

El decano de la Facultad de Arquitectura de la Estatal, Milton Andrade, indica que en 2016 se aprobaría la asignatura de accesibilidad a personas con discapacidad, pues una de las causas para la pobre autonomía en los edificios es la falta de estudios diseñados para este segmento de la población. (I)