La Asamblea Nacional aprobó este martes 31 de julio una resolución para exhortar a la Corte Constitucional y a todos los órganos del poder público, en todas las funciones y niveles del Estado, a respetar los derechos garantizados en la Constitución, incluyendo el de los padres para criar y educar a sus hijos, según sus principios, creencias y opciones pedagógicas.

La Corte emitió una sentencia en la que reconoce el derecho de los adolescentes, entre 12 y 18 años, a decidir sobre su vida sexual.

La resolución fue propuesta por el asambleísta de CREO, Héctor Yépez, abogado y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea. Él conversó con EL TELÉGRAFO sobre la sentencia de la Corte Constitucional.

¿La Corte Constitucional (CC) hizo 2 aclaraciones sobre su resolución al tema de la sexualidad y los jóvenes. ¿Para usted fue un malentendido o la CC solamente quiere arreglar el problema que causó?

En Derecho, las sentencias no se aclaran ni cambian con notas de prensa. Ahora bien, la emisión de esos comunicados demuestra que en la Corte Constitucional saben que se equivocaron.

Este sábado grupos de católicos, conservadores, familias y del Grupo #No te metas con mis hijos organizaron una marcha para rechazar la sentencia de la CC. ¿Usted está favor de esa posición o propone otra alternativa?

Miles de ciudadanos salimos a las calles en Guayaquil y otras ciudades a defender el derecho de educar a nuestros hijos. Ni el feriado por las fiestas de Fundación de Guayaquil fue obstáculo para una concurrencia multitudinaria. Hay rechazo a que una sentencia constitucional diga, en el párrafo 87, que un adolescente de 12 años tiene derecho autónomo a decidir sobre su vida sexual, cuándo procrear y con qué frecuencia. Esto podría incluso afectar normas civiles o el tipo penal de estupro, y de ninguna manera ayuda a prevenir nuestra altísima tasa de embarazo adolescente. O que la sentencia afirme que las decisiones de los padres son meras opiniones, frente a las cuales el Estado puede intervenir como “salvador externo”. La sentencia de la Corte Constitucional, cuando menos, está muy torpemente redactada.

La sociedad ecuatoriana es muy conservadora y hasta conventual. Habla a "sottovoce" (voz baja) sobre temas relacionados con la sexualidad y el sexo, como en este caso. ¿Cómo cree que se deben abordar esos temas: de manera frontal o con cuidado?

El sexo no debe ser un tabú. Pretenderlo, además, imposible en pleno siglo 21 con las redes sociales e Internet. El Estado tiene potestad para brindar acceso a información y educación sexual, así como los padres tenemos libertad para orientar, educar y criar a los hijos, según nuestros valores y creencias, como lo garantiza el artículo 29 de la Constitución.

Usted señala en un comunicado que la CC promueve la libertad sexual de un adolescente de 12 años, y se pregunta ¿entonces ya no sería delito tener relaciones con un menor de edad? ¿Por qué, si la CC recalcó que no se refería a limitar el derecho de los padres a educar a sus hijos?

El párrafo 87 de la sentencia abre la puerta a ello cuando afirma que un adolescente de 12 años tiene derecho a decidir plenamente sobre la vida sexual, cuándo procrear y cuando no, y con qué frecuencia. Eso dice textualmente la sentencia. ¿Entonces el mayor de edad que tiene sexo con una menor de 12 años puede alegar que ella consintió, ejerciendo su derecho autónomo a disfrutar su vida sexual? Lo resuelto por la Corte es una monstruosidad jurídica, más allá de lo moral o religioso. Y eso no cambia por aclaraciones de prensa sin ningún valor legal.

En contraste a ello, no hay resoluciones de parlamentarios sobre las madres adolescentes, que constituyen un problema social, pues Ecuador es el tercer país de la región con la tasa más alta de embarazos entre 10 y 19 años.

Debemos prevenir el embarazo adolescente. Eso no se logra diciendo en una sentencia que los padres no tienen autoridad sobre jóvenes de 12 años con derecho a decidir con qué frecuencia procrear y cómo disfrutan su vida sexual, como afirma la Corte Constitucional. Hay que trabajar en las familias y desde el Estado en mejorar la educación, acceso a la información y oportunidades de emprendimiento y empleo que empoderan a las mujeres. Ya se ha debatido y aprobado una ley de prevención de violencia contra la mujer en esa línea, cuyo cumplimiento debemos monitorear. (I)