En el último enlace sabatino, el presidente Rafael Correa informó que conformará un Comité Jurídico para llevar a tribunales internacionales la denuncia sobre la extracción de muestras de ADN del pueblo Waorani.  Esa decisión la tomó luego de una reunión con una comitiva de esa comunidad.

En 1991 dos estadounidenses extrajeron sangre a algunos Waorani en sus comunidades, con el pretexto de  examinar su salud. Uno de los extranjeros trabajaba para la empresa petrolera Maxus.

El Instituto Coriell, con sede en Nueva Jersey (Estados Unidos), confirmó en su página web que tenía 36 muestras de ADN, pero negó haberlas obtenido ilegalmente. La Defensoría del Pueblo denunció el caso. Patricio Benalcázar, adjunto Primero del defensor del Pueblo, explica cómo se realizará el proceso para denunciar esta causa.

¿La Defensoría tenía conocimiento previo de la conformación de dicha Comisión?

No. Pero hemos tenido  reuniones previas con instancias ministeriales. Nos parece positivo ese apoyo y nos ponemos a órdenes del Estado. Nosotros ya presentamos el caso ante la opinión pública y tenemos la responsabilidad de seguirlo.

¿Qué implica conformar este Comité Jurídico?

Implica crear un equipo de abogados y, de ser necesario, antropólogos que permita levantar información complementaria. Además, realizar un análisis jurídico de quiénes fueron los que intervinieron para sacar la sangre. Por lo pronto, lo que se tiene son testimonios generales del pueblo Waorani y hay una corroboración del Instituto Coriell, pero no se tienen nombres, ni se determinan responsabilidades individuales.

Solo tenemos presentada la denuncia por el doctor Pablo Morales. También hay que hacer análisis jurídicos porque los institutos implicados se encuentran en Estados Unidos y hay que determinar la pertinencia o no de presentar las acciones legales.

¿Cuándo se conformaría el Comité y cómo se integraría?

En estos días se reunirían comisiones ministeriales para tomar decisiones de quién podría formar parte de la comisión. No podría dar plazos, pero supongo que en dos semanas máximo ya se habrán avanzado las conversaciones interministeriales para definir estrategias. También hay que tomar en cuenta a las comunidades.

¿Qué rol cumpliría la Defensoría del Pueblo de conformarse esta Comisión?

Estamos abiertos a entregar toda la información que se necesite. Tenemos todo el expediente, los referentes e insumos para ello. Nuestra colaboración es abierta.

¿Cuál ha sido el apoyo que ha recibido la Defensoría del Pueblo?

Todas las instancias han contribuido en la medida de lo posible. El Ministerio de Salud informó sobre la legislación aplicable; el de Patrimonio entregó también su análisis, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) informó así mismo sobre la legislación aplicable, Codenpe certificó al pueblo Waorani.

¿Usted conoce otros casos?

Solo los que hemos conocido por la prensa, pero no han llegado denuncias. El caso del pueblo Waorani servirá para dejar un precedente y para precautelar los patrimonios naturales o biológicos del Ecuador.