“La extracción ilegal de muestras de ADN  en los pueblos aborígenes es una práctica que lleva más de 30 años. Las muestras no solo son empleadas para réditos científicos, sino también para beneficio económico de grandes compañías. Es necesario fortalecer los controles”.  

Esa fue la reacción de César Paz y Miño, decano del Instituto de Investigaciones Biomédicas en la Universidad de las Américas, sobre  la denuncia planteada por la Defensoría del Pueblo, la que señala que una compañía estadounidense  extrajo muestras de ADN del pueblo Waorani sin su consentimiento.

Paz y Miño explicó que a esta práctica  se la conoce como “biopiratería”; es decir, el uso ilegal e irregular de recursos biológicos, así como de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.

El ADN es un ácido nucleico que contiene instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos. Hay múltiples formas de conseguir una muestra. En los humanos y animales, por ejemplo, se pueden tomar muestras de sangre.

El genetista indicó que esta práctica tiene el objetivo de que los “biopiratas” se arroguen derechos de autoría. En la actualidad se comercializan en forma de medicamento varias plantas como el ayahuasca, la maca o la quinua, pero los distribuidores no reconoce de dónde fueron extraídas, a pesar de que estos componentes  han pasado a formar parte de invenciones protegidas bajo los derechos de propiedad intelectual.

El catedrático Paz y Miño indicó que esta práctica se ha hecho en otras comunidades como la de los Cayapas (localizada al noroeste de Esmeraldas) y los Tsáchilas (localizados al sur de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas). Eso se debe a que el componente genético de los aborígenes es resistente a varias enfermedades como la malaria o la denominada “ceguera de ríos”.

La Defensoría afirma que a inicios de los años 90 dos estadounidenses -uno de los cuales trabajaba para la  petrolera Maxus-, extrajeron sangre a algunos habitantes waoranis con el argumento de examinar su salud. Según la denuncia, las muestras acabaron en la Escuela Médica de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, y posteriormente llegaron al Instituto Coriell, en Nueva Jersey.

La Defensoría  comunicó su resolución a la Procuraduría General del Estado y a la Cancillería para que tomen "las acciones pertinentes" contra Coriell, Maxus y la Escuela Médica de Harvard "por la adquisición y uso no autorizado de ADN".