Un grupo de ciudadanos se reunió la tarde del jueves en el centro de Guayaquil, para unirse a la protesta que se realizó simultáneamente en diferentes países contra el indulto condedido al expresidente peruano Alberto Fujimori, por parte del primer mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

Los manifestantes eran parte de la fundación Paz y Esperanza y del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. La actividad internacional se difundió por redes sociales bajo el hashtag #FujimoriNuncaMas.

José Vinces Rodríguez, director de Paz y Esperanza, señaló que “lo grave es que este no es un indulto humanitario, al cual nadie se opondría. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) establece que dicho indulto se da cuando el peticionante se encuentre grave de salud, con una enfermedad terminal, y las condiciones carcelarias afecten su salud, cosa que no ocurre en este caso”.

El activista considera que esto es “una burla, un tratado bajo la mesa del presidente Kuczynski para mantener su estadía en la Presidencia”. Recuerda que en Perú el conflicto arrojó, según él, más de 70 mil víctimas. “Es indignante que se haya declarado el 2018 como el año del diálogo y la reconciliación, cuando las víctimas no formaron parte de esta reconciliación”.

El objetivo del acto ciudadano fue solicitar a la Corte IDH que declare la nulidad del indulto el 2 de febrero, cuando se realizará una audiencia a propósito de dos casos que ya tiene resueltos: la masacre de la Cantuta, en la que un profesor universitario y nueve estudiantes fueron secuestrados y desaparecidos por el Ejército peruano en julio de 1992; y las ejecuciones en Barrios Altos, en noviembre de 1991, cuando 15 personas, incluido un niño de 8 años, fueron asesinadas por miembros del Ejército que las señalaron de pertenecer al grupo guerrillero Sendero Luminoso.

Billy Navarrete, presidente del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos, señaló que las resoluciones de la Corte en estos casos establecen un mecanismo de reconciliación, “que con este indulto se rompen. El objetivo de esta audiencia del 2 de febrero es un poco ver la coherencia entre lo dispuesto por el presidente peruano y lo comprometido por el Gobierno anteriormente, dentro del proceso de reconciliación”.

Durante la jornada se recogieron firmas de personas que se adhirieron a la causa. Dichas rúbricas serán entregadas la próxima semana en el Consulado de Perú en Guayaquil, con miras a la audiencia de febrero próximo. (I)